Ecuador implementa nuevas subastas de la Aduana: Así podrán comprarse mercancías y vehículos decomisados por el Estado

Desde el 29 de julio de 2026 entró en vigencia una reforma al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) que modifica el destino de miles de mercancías almacenadas durante años en los puertos ecuatorianos. La nueva normativa autoriza al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) a subastar bienes que, tras cumplir el procedimiento legal correspondiente, pasan a ser propiedad del Estado.

La medida busca reducir la congestión en los recintos aduaneros, disminuir los costos de almacenamiento y recuperar parte del valor económico de productos que permanecían inmovilizados durante largos períodos debido a procesos administrativos o al abandono de sus propietarios.

¿Por qué se reformó el sistema de subastas aduaneras?

Durante años, miles de contenedores permanecieron ocupando espacio en los puertos del país mientras se resolvían procesos relacionados con abandono, decomisos o falta de identificación de sus propietarios.

De acuerdo con cifras presentadas durante el trámite legislativo de la reforma, cada año más de 12.000 contenedores ingresan al régimen de abandono, acumulando mercancías valoradas en aproximadamente 450 millones de dólares.

Esta situación generó importantes costos logísticos, pérdida del valor comercial de los productos y limitaciones para la operación eficiente de los puertos ecuatorianos.

¿Quiénes podrán participar en las subastas del Senae?

Las nuevas subastas estarán abiertas a distintos tipos de participantes, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en cada convocatoria oficial.

Podrán presentar ofertas:

• Personas naturales ecuatorianas.
• Personas naturales extranjeras con capacidad legal para participar.
• Empresas privadas y personas jurídicas legalmente constituidas.

Cada proceso podrá establecer condiciones específicas dependiendo del tipo de mercancía o del valor de los bienes que serán ofertados.

Requisitos para participar

Aunque cada convocatoria podrá incorporar requisitos adicionales, los interesados generalmente deberán presentar:

• Cédula de identidad o pasaporte vigente.
• Correo electrónico para notificaciones.
• Identificación del lote por el que desean ofertar.
• Poder legal cuando actúe un representante.
• Registro Único de Contribuyentes (RUC) en el caso de empresas.
• Documentación del representante legal cuando corresponda.
• Pago de la tasa de inscripción establecida para la subasta.
• Garantía equivalente al 10 % del precio base del lote, mediante efectivo o cheque certificado.

Así funcionará el proceso de subasta

El procedimiento será similar al utilizado en otros procesos de contratación y venta pública.

1. El Senae publicará la convocatoria oficial.
2. Se difundirá el catálogo de mercancías disponibles.
3. Los interesados deberán registrarse dentro del plazo establecido.
4. Se realizará el pago de la tasa de inscripción y de la garantía correspondiente.
5. Los participantes presentarán sus ofertas económicas.
6. El mejor postor será declarado adjudicatario.
7. El comprador deberá cancelar el valor ofertado y retirar la mercancía dentro del plazo fijado por la autoridad aduanera.

El Senae también podrá establecer inspecciones previas para que los interesados conozcan el estado físico de los bienes antes de presentar sus propuestas.

¿Qué mercancías podrán ser subastadas?

La reforma amplía los casos en los que determinados bienes pasan a formar parte del patrimonio estatal.

Entre las principales categorías se encuentran:

• Mercancías declaradas en abandono.
• Bienes cuyos propietarios no puedan ser identificados.
• Mercancías recuperadas después de naufragios.
• Productos robados dentro de recintos aduaneros que posteriormente sean recuperados.
• Bienes cuyo reembarque fue ordenado, pero nunca se ejecutó.
• Mercancías decomisadas por infracciones aduaneras.

Vehículos también podrán ser vendidos mediante subasta

Una de las principales novedades de la reforma es la incorporación expresa de vehículos que ingresaron al país evadiendo los controles aduaneros.

Cuando un automóvil sea retenido bajo estas circunstancias, el Senae notificará al país de origen a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Si transcurren 90 días sin que ninguna persona acredite legalmente la propiedad del vehículo, este pasará de manera definitiva al patrimonio del Estado.

Posteriormente podrá destinarse al uso de instituciones públicas o ser vendido mediante subasta abierta al público.

¿Qué hará el Estado con los bienes decomisados?

La venta mediante subasta constituye solo una de las alternativas previstas por la nueva legislación.

La normativa establece el siguiente orden de prioridad para disponer de los bienes:

1. Asignarlos gratuitamente a instituciones públicas cuando puedan ser utilizados para fines estatales.
2. Subastarlos públicamente si no existe interés institucional.
3. Depositar los recursos obtenidos en la Cuenta Única del Tesoro Nacional.
4. Destruir los bienes cuando hayan perdido totalmente su valor comercial o representen riesgos sanitarios o ambientales.

Beneficios de la reforma para el comercio exterior

Las autoridades consideran que este nuevo procedimiento permitirá optimizar la gestión logística de los puertos ecuatorianos y mejorar la eficiencia del sistema aduanero.

Entre los principales beneficios esperados destacan:

• Liberación de espacio en terminales portuarias y depósitos aduaneros.
• Reducción de costos de almacenamiento para el Estado.
• Mayor rapidez en la disposición de mercancías abandonadas.
• Recuperación de recursos económicos mediante subastas públicas.
• Mayor transparencia en el destino de los bienes decomisados.
• Mejor aprovechamiento de mercancías que antes permanecían años sin utilización.

Más eficiencia en la administración aduanera

La reforma al COPCI forma parte de una estrategia orientada a modernizar la administración del comercio exterior ecuatoriano y agilizar los procedimientos relacionados con mercancías abandonadas, decomisos y bienes retenidos.

Con este nuevo mecanismo, el Senae podrá reducir significativamente el volumen de productos almacenados durante largos períodos, optimizar el uso de la infraestructura portuaria y generar ingresos adicionales para el Estado mediante procesos de subasta abiertos y regulados.

Además de beneficiar la gestión logística nacional, las nuevas disposiciones buscan brindar mayor seguridad jurídica, transparencia y eficiencia en la administración de bienes que, hasta ahora, permanecían inmovilizados sin generar utilidad para el Estado ni para la economía del país.