Control aduanero en Guayaquil: defraudación, contrabando y vulneración de propiedad intelectual

En un reciente operativo de control realizado por la Dirección Nacional de Intervención del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) en un puerto de Guayaquil, se detectó un caso de defraudación aduanera y vulneración de derechos de propiedad intelectual en un contenedor procedente de China. La inspección reveló inconsistencias entre lo declarado y la mercancía real, lo que constituye una forma de fraude aduanero que afecta la recaudación tributaria y el comercio formal en el país.

Hallazgos en el contenedor inspeccionado

El contenedor, de 40 pies, había sido declarado oficialmente como transporte de rollos de tela, pero al realizarse un aforo físico completo, las autoridades decomisaron:

• 32 pacas de ropa de la marca Shein, no declaradas.
• 1 500 unidades de cigarrillos sin documentación aduanera.
• 555 rollos de tela que, al desplegarse, mostraron patrones protegidos por derechos de propiedad intelectual.
• 700 peluches con diseños que incumplen la normativa de marcas registradas.

Este tipo de actuación no solo representa un intento de evadir el pago de impuestos, sino que también implica la introducción de mercancías que podrían infringir derechos marcarios registrados en Ecuador.

¿Qué es la defraudación aduanera?

La defraudación aduanera está tipificada en el artículo 299 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador. Este delito se configura cuando una persona, natural o jurídica, perjudica a la administración aduanera al intentar evadir o reducir el pago de tributos mediante:

• Importar o exportar mercancías con documentos falsos o adulterados.
• No declarar la cantidad correcta de mercancías.
• Ocultar mercancías sujetas a declaración dentro de otras declaradas.
• Alterar características como valor, origen o marcas de los productos para evadir impuestos.

La ley establece penas de 3 a 5 años de prisión para quienes cometen este delito, junto con multas que pueden alcanzar varias veces el valor de los tributos evadidos.

Contrabando y vulneración de propiedad intelectual

La introducción de mercancía no declarada o declarada de forma falsa también puede encuadrar el delito de contrabando, tipificado en el artículo 301 del COIP. Este tipo penal sanciona acciones destinadas a evadir el control aduanero y afectar la recaudación fiscal.

Además, cuando los bienes involucrados ostentan marcas, logos o diseños protegidos sin la autorización de sus titulares, se configura la vulneración de derechos de propiedad intelectual. En Ecuador, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) es el organismo encargado de proteger estos derechos y coordinar acciones legales en casos de piratería o falsificación.

Impacto económico de estas prácticas

La introducción ilegal de mercancías genera consecuencias negativas en múltiples frentes:

• Pérdida de ingresos fiscales: al evadirse aranceles e impuestos que debieran pagarse al Estado.
• Competencia desleal: productos irregulares pueden venderse a menor precio, desplazando a los bienes producidos legalmente.
• Desprotección de industrias nacionales: las empresas locales enfrentan dificultades para competir con mercancías que no respetan normas legales ni de calidad.

Operativos de control aduanero como este en Guayaquil muestran la labor constante de la SENAE para combatir estos fenómenos y proteger la economía formal del país. Autoridades han reiterado que estas acciones se realizan a través de técnicas como perfilamiento de riesgo y aforos físicos exhaustivos para identificar irregularidades antes de que lleguen al mercado interno.

Análisis

La detección de mercancía no declarada y productos que vulneran derechos de propiedad intelectual en puertos ecuatorianos no solo revela intentos de defraudación y contrabando, sino también un desafío constante para las autoridades. Estas prácticas, además de constitutivas de delitos graves bajo el COIP, perjudican a la economía formal y representan una competencia desleal para los importadores y comerciantes que cumplen con la ley. El combate a estas irregularidades es fundamental para garantizar el cumplimiento de la normativa aduanera, proteger la industria nacional y asegurar ingresos fiscales para el Estado.