Nuevo Estado de excepción en Ecuador: provincias afectadas, medidas vigentes e impacto en la economía nacional

El Gobierno de Ecuador decretó un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna mediante el Decreto Ejecutivo 423, firmado por el presidente Daniel Noboa el 16 de junio de 2026. La medida tendrá una vigencia inicial de 60 días y busca reforzar las acciones de seguridad frente al avance de grupos de delincuencia organizada, narcotráfico, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto que continúan afectando a diversas zonas del país.

La decisión se produce en un contexto marcado por el incremento de hechos violentos registrados durante los últimos meses, especialmente en provincias estratégicas para las rutas del narcotráfico y el comercio nacional. El decreto faculta una mayor intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en los territorios considerados de riesgo.

¿Cuáles son las provincias incluidas en el estado de excepción?

El Decreto Ejecutivo 423 establece la aplicación del estado de excepción en diez provincias y tres cantones específicos considerados prioritarios dentro de la estrategia nacional de seguridad.

Provincias bajo estado de excepción

• Guayas
• Manabí
• Santa Elena
• Los Ríos
• El Oro
• Pichincha
• Esmeraldas
• Santo Domingo de los Tsáchilas
• Sucumbíos
• Azuay

Cantones incluidos en la medida

• La Maná (Cotopaxi)
• Las Naves (Bolívar)
• La Troncal (Cañar)

Entre las principales ciudades afectadas por el decreto se encuentran Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo, Machala, Esmeraldas, Portoviejo, Manta, Babahoyo, Lago Agrio y Santa Elena, centros urbanos que concentran una parte importante de la actividad económica y comercial del país.

¿Existe toque de queda?

Una de las principales diferencias respecto a anteriores estados de excepción es que el Decreto 423 no establece restricciones de movilidad ni toque de queda.

Los ciudadanos pueden circular libremente durante las 24 horas del día y no existen horarios de restricción para actividades comerciales, empresariales o productivas. Esta decisión busca evitar afectaciones adicionales a la economía mientras se fortalecen los operativos de seguridad.

Derechos suspendidos durante el estado de excepción

Aunque no existe limitación a la movilidad, el decreto contempla la suspensión temporal de dos derechos constitucionales:

Inviolabilidad de domicilio

Las fuerzas de seguridad podrán realizar allanamientos inmediatos cuando existan indicios razonables de la presencia de integrantes de organizaciones criminales, armas, explosivos, drogas o elementos vinculados a actividades ilícitas.

Inviolabilidad de correspondencia

La medida permite a las autoridades desarrollar acciones específicas de inteligencia e investigación relacionadas con amenazas a la seguridad nacional y actividades del crimen organizado, bajo procedimientos establecidos en el propio decreto.

Participación de Fuerzas Armadas y Policía Nacional

El estado de excepción habilita la intervención coordinada de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para fortalecer el control territorial, realizar operativos de seguridad, ejecutar acciones de inteligencia y proteger infraestructuras estratégicas.

El Gobierno sostiene que esta coordinación es necesaria debido a la persistencia de organizaciones criminales que operan en corredores logísticos, puertos, zonas fronterizas y centros urbanos de alta concentración poblacional.

Impacto en el comercio y la actividad empresarial

A diferencia de los estados de excepción aplicados durante la pandemia o aquellos que incluyeron toques de queda, la nueva medida tiene un impacto más limitado sobre la actividad económica.

La ausencia de restricciones horarias permite que comercios, industrias, centros logísticos, puertos, aeropuertos y cadenas de distribución continúen operando con normalidad.

Sin embargo, el estado de excepción sí genera ciertos efectos indirectos sobre la economía:

• Incremento de controles policiales y militares en carreteras.
• Mayor vigilancia en puertos y zonas estratégicas.
• Posibles retrasos en transporte de mercancías por operativos de seguridad.
• Aumento de costos logísticos para sectores sensibles.
• Refuerzo de controles en actividades relacionadas con exportaciones.

Los sectores exportadores de banano, camarón, cacao y productos industriales observan especialmente estas medidas debido a que gran parte de sus operaciones se concentran en provincias incluidas en el decreto como Guayas, El Oro, Manabí y Los Ríos.

¿Cómo influye en la inversión y la confianza empresarial?

Los analistas económicos suelen evaluar los estados de excepción desde dos perspectivas.

Por un lado, la implementación de medidas extraordinarias puede generar preocupación en inversionistas debido a la percepción de inseguridad que existe en determinadas zonas del país.

Por otro, si las acciones permiten reducir los índices de violencia y recuperar el control estatal en territorios afectados por el crimen organizado, podrían fortalecer la confianza empresarial en el mediano plazo.

Diversos organismos económicos han señalado que la inseguridad se ha convertido en uno de los principales factores que afectan la competitividad del Ecuador, incrementando costos operativos, primas de seguros y riesgos para las empresas.

Los antecedentes recientes de estados de excepción en Ecuador

El Decreto 423 no constituye una medida aislada. Durante los últimos años Ecuador ha recurrido de forma recurrente a estados de excepción para enfrentar crisis de seguridad vinculadas al crimen organizado.

En abril de 2026, el Gobierno emitió el Decreto Ejecutivo 353, que estableció un estado de excepción en nueve provincias y cuatro cantones durante 60 días. Aquella medida incluyó territorios similares a los contemplados en el nuevo decreto.

Además, durante 2025 y los primeros meses de 2026 se emitieron varios estados de excepción relacionados con violencia criminal, protestas sociales y amenazas a la seguridad pública, particularmente en provincias de la Costa, Sierra y Amazonía.

Las provincias más sensibles para la seguridad nacional

Gran parte de las jurisdicciones incluidas en el Decreto 423 coinciden con corredores estratégicos utilizados por organizaciones criminales para actividades relacionadas con narcotráfico, contrabando, extorsión y tráfico de armas.

Guayas, Manabí y Esmeraldas concentran importantes puertos marítimos; Sucumbíos posee una ubicación fronteriza estratégica; mientras que Pichincha, Azuay y Santo Domingo representan centros económicos clave para el país.

La combinación de factores geográficos, logísticos y económicos convierte a estas provincias en zonas prioritarias dentro de la estrategia nacional de seguridad.

¿Qué deben saber los ciudadanos y empresarios?

Durante la vigencia del estado de excepción no existen restricciones para trabajar, movilizarse, realizar actividades comerciales, asistir a eventos privados o desarrollar operaciones empresariales.

No obstante, es probable que aumenten los controles policiales, operativos militares, revisiones vehiculares y acciones de inteligencia en las provincias afectadas.

Las autoridades han indicado que el objetivo principal es fortalecer la capacidad de respuesta frente a estructuras criminales sin paralizar la actividad económica ni afectar la vida cotidiana de la población.

Perspectivas para los próximos meses

La evolución de los indicadores de seguridad determinará si el Gobierno solicita una renovación de la medida una vez concluidos los 60 días establecidos en el Decreto 423.

Mientras tanto, los sectores productivos, comerciales y financieros seguirán atentos al impacto que las acciones de seguridad puedan tener sobre el clima de negocios, las inversiones y la estabilidad económica del país.

La expectativa oficial es que el fortalecimiento de los operativos permita reducir los niveles de violencia, mejorar la seguridad ciudadana y recuperar espacios que actualmente son disputados por organizaciones criminales, contribuyendo así a generar un entorno más favorable para el crecimiento económico y el desarrollo productivo del Ecuador.