Modificar una factura comercial, alterar un permiso de importación o presentar información falsa ante la autoridad aduanera no es simplemente un error administrativo cuando existe una intención de engañar o conseguir un beneficio indebido. En Ecuador, determinadas conductas relacionadas con documentos falsos y con la evasión de tributos al comercio exterior pueden constituir delitos contemplados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La legislación distingue entre la falsificación o uso de documentos falsos y la defraudación aduanera. Dependiendo de lo ocurrido, una misma operación de comercio exterior puede involucrar una o varias infracciones, por lo que la calificación jurídica corresponde a las autoridades competentes y, finalmente, a los órganos encargados de investigar y juzgar cada caso.
El COIP contempla dentro de los delitos contra la fe pública la falsificación y uso de documento falso. El artículo 328 sanciona a quien falsifique, destruya o adultere documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales cuando la modificación altere sus efectos o sentido y estos tengan relevancia jurídica.
La normativa vigente consultada establece una pena de cinco a siete años de privación de libertad cuando se trate de documentos públicos, timbres o sellos nacionales. Cuando la conducta se refiere a documentos privados, la pena prevista es de tres a cinco años. El uso de los documentos falsos también está contemplado dentro de la misma disposición penal.
Esto significa que no solamente puede existir responsabilidad por fabricar o alterar un documento. Utilizar conscientemente un documento falso también puede generar consecuencias penales.
Cuando la documentación adulterada se utiliza dentro de una operación de comercio exterior para modificar información relevante ante la Aduana o reducir indebidamente los tributos, puede entrar en juego además el delito de defraudación aduanera.
El artículo 299 del COIP contempla esta figura cuando se perjudica a la administración aduanera en la recaudación de tributos sobre determinadas mercancías y se ejecutan las conductas previstas expresamente por la norma.
Entre las conductas contempladas se encuentra importar o exportar mercancías utilizando documentos falsos o adulterados para modificar aspectos como el valor, calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, origen, marcas, códigos, series o modelos de los bienes.
La pena establecida actualmente en el artículo 299 del COIP para la defraudación aduanera es de seis meses a dos años de privación de libertad, además de una multa equivalente a diez veces el valor de los tributos que se pretendió evadir, cuando se configuren los presupuestos establecidos por la norma.
El artículo también contempla otros supuestos, como simular una operación de comercio exterior para obtener un incentivo o beneficio económico, declarar una cantidad incorrecta de mercancías, ocultar productos sujetos a declaración dentro de mercancías declaradas u obtener indebidamente la liberación o reducción de tributos.
Por ello, no es correcto afirmar que cualquier equivocación en una declaración aduanera constituye automáticamente defraudación. La aplicación del tipo penal depende de que se configuren los elementos previstos por la legislación.
Una factura comercial constituye uno de los documentos relevantes dentro de una operación de importación. Si su contenido es manipulado deliberadamente para cambiar el valor real de una mercancía o alguna de sus características y esa información se utiliza ante la autoridad aduanera, la conducta puede tener consecuencias que van más allá de una corrección administrativa.
Por ejemplo, modificar deliberadamente el precio de un producto para aparentar que su valor es inferior al real puede afectar la determinación de los tributos correspondientes. Si la conducta reúne los elementos establecidos en la legislación penal, puede ser investigada como defraudación aduanera y, dependiendo de las circunstancias, también involucrar delitos relacionados con documentación falsa.
El artículo 299 del COIP no se limita a la adulteración de documentos. La norma también contempla diferentes mecanismos mediante los cuales una persona puede perjudicar la recaudación aduanera.
La norma también establece reglas para determinadas conductas realizadas de manera sistemática o fraccionada cuando existe una unidad de propósito.
La defraudación aduanera no depende exclusivamente de presentar una factura alterada. También puede configurarse cuando se oculta mercancía o se declara una cantidad diferente de la que realmente ingresa al país, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el COIP.
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador ha informado de operativos en los que se detectaron mercancías que no habían sido declaradas. En uno de esos casos, SENAE reportó el hallazgo de miles de artículos dentro de un contenedor cuya declaración no coincidía con el contenido encontrado durante la inspección. La entidad indicó que el caso presentaba indicios relacionados con el numeral 4 del artículo 299 del COIP.
No necesariamente. Es importante distinguir entre un error, una irregularidad administrativa y una conducta deliberadamente fraudulenta.
Una equivocación de digitación, un cálculo incorrecto o una inconsistencia documental no permite por sí sola concluir que una persona cometió un delito. Para establecer responsabilidad penal deben analizarse las circunstancias concretas del caso y los elementos exigidos por el tipo penal correspondiente.
La situación cambia cuando existen elementos que indican que la información fue modificada o presentada deliberadamente para engañar a la autoridad, reducir tributos u obtener un beneficio que no correspondía.
El hecho de que un importador no haya creado personalmente el documento no elimina automáticamente el riesgo legal. El artículo 328 del COIP también sanciona el uso de documentos falsos.
Por esa razón, antes de presentar una factura, certificado, permiso o autorización a una autoridad, el responsable de la operación debe comprobar que el documento sea auténtico y que la información contenida corresponda a la mercancía y a la transacción realizada.
Cuando existen dudas sobre la autenticidad de un documento recibido de un proveedor, agente o intermediario, lo recomendable es detener el trámite y verificar su origen antes de incorporarlo a la declaración.
El artículo 299 incluye entre los supuestos de defraudación aduanera la obtención indebida de una liberación o reducción de tributos al comercio exterior cuando las mercancías no cumplen con los requisitos legales para acceder a ese beneficio.
SENAE ha recordado expresamente que conseguir de manera indebida una liberación o reducción tributaria puede constituir defraudación aduanera. La entidad también diferencia esta conducta de determinadas contravenciones aduaneras previstas en el marco normativo correspondiente.
Por ello, los importadores deben verificar cuidadosamente los requisitos antes de solicitar una exoneración, liberación o beneficio tributario.
En una operación de comercio exterior pueden intervenir numerosos documentos. Su naturaleza y exigencias dependerán del tipo de mercancía, régimen aduanero, país de origen y operación realizada.
Entre los documentos que pueden resultar relevantes se encuentran:
La obligación concreta depende de las características de cada operación. No todos los productos requieren los mismos permisos o certificados.
Las consecuencias dependen del tipo de conducta, el valor de las mercancías, los tributos involucrados, la documentación utilizada y los demás elementos que sean determinados durante la investigación.
Entre las posibles consecuencias se encuentran:
Cuando SENAE encuentra indicios de una infracción durante un operativo, puede adoptar las medidas previstas en la legislación aduanera mientras se determina la situación jurídica de las mercancías.
La aprehensión de productos no significa por sí sola que una persona haya sido declarada culpable de un delito. Se trata de una actuación dentro de un procedimiento de control, investigación o determinación, según corresponda.
SENAE ha informado de casos en los que mercancías fueron aprehendidas después de inspecciones físicas y quedaron a disposición de la autoridad competente mientras se determinaba su destino conforme al marco jurídico.
La responsabilidad dependerá de la participación concreta de cada persona y de las circunstancias del caso. En una operación de comercio exterior pueden intervenir importadores, exportadores, agentes de aduana, transportistas, proveedores y otros operadores.
Por eso, no resulta adecuado atribuir automáticamente responsabilidad penal al importador únicamente porque exista una inconsistencia documental. La autoridad debe establecer quién participó en la conducta investigada y bajo qué circunstancias.
La mejor forma de reducir riesgos es mantener toda la operación respaldada por información verificable y coherente.
Si antes de completar una importación se detecta que una factura contiene información incorrecta, lo adecuado es solicitar al proveedor la corrección correspondiente y conservar evidencia del proceso.
Cuando el error ya ha sido presentado ante la autoridad, la forma de corregirlo dependerá del tipo de documento, etapa del trámite y régimen aplicable. En estos casos no es recomendable intentar solucionar el problema modificando por cuenta propia el documento original.
La corrección debe realizarse mediante los procedimientos previstos por la normativa aduanera y tributaria.
Uno de los puntos más importantes para entender este tema es que falsificación documental y defraudación aduanera son figuras jurídicas diferentes.
La falsificación y uso de documento falso está regulada por el artículo 328 del COIP y protege la autenticidad y eficacia jurídica de determinados documentos.
La defraudación aduanera, en cambio, está contemplada en el artículo 299 y se relaciona específicamente con conductas que perjudican la recaudación de tributos aduaneros bajo los supuestos previstos por la ley.
Una operación puede presentar elementos de ambas figuras, pero determinar qué delitos o infracciones corresponden requiere analizar los hechos concretos y la legislación aplicable.
La legislación ecuatoriana puede ser reformada, por lo que las penas y condiciones aplicables deben comprobarse con la versión vigente del COIP al momento de analizar un caso.
En 2026, además, la Asamblea Nacional ha tramitado una propuesta para reformar el artículo 328 relacionada con las sanciones por falsificación y uso de documentos falsos. Una propuesta legislativa no equivale a una reforma vigente, por lo que sus contenidos no deben confundirse con la normativa actualmente aplicable.
Modificar facturas, permisos, certificados u otros documentos con el propósito de alterar una operación de comercio exterior puede generar consecuencias mucho más graves que una simple corrección administrativa.
El COIP contempla sanciones específicas tanto para la falsificación y uso de documentos falsos como para la defraudación aduanera. En esta última figura se incluyen, entre otras conductas, utilizar documentación adulterada para modificar información relevante de las mercancías, ocultar productos o conseguir indebidamente beneficios tributarios.
Para los importadores, la recomendación fundamental es mantener una documentación auténtica, completa y coherente con la mercancía efectivamente adquirida e ingresada al país. Cuando exista una duda sobre una declaración, permiso, factura o beneficio tributario, es preferible corregirla mediante los canales legales correspondientes antes que modificar un documento o presentar información que no pueda ser respaldada.
