Las relaciones comerciales entre Ecuador y Colombia vivieron una de sus mayores tensiones de los últimos años durante el primer semestre de 2026. Lo que comenzó con una tasa de control aduanero del 30 % aplicada por Ecuador a mercancías procedentes u originarias de Colombia terminó convirtiéndose en una escalada de medidas comerciales, restricciones fronterizas, disputas ante la Comunidad Andina y decisiones que también afectaron la cooperación energética.
Sin embargo, el escenario cambió durante mayo y junio. Ecuador eliminó la tasa de control aduanero que había llegado al 100 %, Colombia derogó sus medidas comerciales de respuesta y posteriormente ambos países avanzaron en la recuperación de los intercambios de energía eléctrica.
Por ello, para entender la situación actual es necesario diferenciar entre la etapa de mayor tensión, ocurrida entre enero y mayo de 2026, y el proceso de normalización que se produjo posteriormente.
La controversia comenzó en enero de 2026, cuando Ecuador anunció la aplicación de una tasa del 30 % sobre las mercancías provenientes u originarias de Colombia. La medida fue presentada por el Gobierno ecuatoriano como un mecanismo de control aduanero relacionado con la seguridad nacional y el fortalecimiento de la vigilancia de la cadena logística en la frontera.
La primera resolución del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, emitida el 24 de enero, estableció la tasa para las mercancías procedentes u originarias de Colombia. Su aplicación comenzó el 1 de febrero de 2026.
La decisión generó una reacción inmediata del Gobierno colombiano, que cuestionó la compatibilidad de la medida con las obligaciones asumidas por ambos países dentro de la Comunidad Andina.
La justificación presentada por Ecuador estuvo relacionada principalmente con la seguridad fronteriza y el control de las mercancías que ingresaban desde Colombia.
El Gobierno ecuatoriano sostuvo que era necesario reforzar los controles aduaneros y la seguridad de la cadena logística en la frontera. La medida afectaba a mercancías que ingresaban al territorio ecuatoriano desde Colombia, con excepciones establecidas en las propias resoluciones.
Desde la perspectiva colombiana, en cambio, la tasa representaba una restricción al comercio intracomunitario y una alteración de las condiciones establecidas dentro de la Comunidad Andina.
Esta diferencia de interpretaciones fue uno de los principales elementos que trasladó la controversia desde el ámbito bilateral hacia las instituciones de integración regional.
Uno de los aspectos que suele generar confusión al analizar esta crisis es que la medida ecuatoriana no permaneció durante todo el conflicto en el 30 %.
La tasa inicial del 30 % comenzó a aplicarse en febrero. Posteriormente, mediante una nueva resolución del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el porcentaje aumentó al 50 % desde el 1 de marzo de 2026.
En abril se produjo una nueva modificación. La Resolución SENAE-SENAE-2026-0031-RE elevó la tasa hasta el 100 % desde el 1 de mayo de 2026 para las mercancías afectadas por la medida.
De esta manera, la secuencia fue de 30 %, 50 % y finalmente 100 %, antes de que Ecuador eliminara completamente la tasa a partir del 1 de junio.
Colombia respondió inicialmente con un gravamen del 30 % sobre determinados productos procedentes de Ecuador.
El Ministerio de Comercio colombiano informó en enero que la medida alcanzaría inicialmente 23 partidas arancelarias y 73 subpartidas. Entre los productos afectados se encontraban principalmente mercancías pesqueras y agrícolas, además de productos químicos, plásticos y manufacturas de metal.
La respuesta colombiana también evolucionó conforme cambiaron las medidas ecuatorianas. En abril, el Decreto 0455 modificó el esquema y estableció aranceles diferenciados del 35 %, 50 % y 75 % para 191 productos ecuatorianos.
El objetivo declarado por Bogotá era proteger determinados sectores productivos y responder a la alteración de las condiciones comerciales generada por las medidas ecuatorianas.
La escalada comercial alcanzó otro nivel en abril. El Gobierno colombiano anunció que elevaría los aranceles aplicables a determinados productos ecuatorianos como respuesta al incremento de la tasa ecuatoriana hasta el 100 %.
Finalmente, el esquema colombiano quedó estructurado mediante diferentes niveles arancelarios, con una diferenciación entre productos que podían sustituirse con producción nacional y bienes considerados esenciales como materias primas, insumos o bienes intermedios.
El Ministerio de Comercio colombiano señaló que 191 productos ecuatorianos quedaron sujetos a aranceles diferenciados de 35 %, 50 % y 75 % bajo el Decreto 0455.
La Comunidad Andina tuvo un papel central en la controversia debido a que Ecuador y Colombia forman parte, junto con Bolivia y Perú, del sistema de integración andino.
Colombia presentó recursos ante la Secretaría General de la CAN para cuestionar las medidas adoptadas por Ecuador. Entre los asuntos sometidos a consideración estuvieron la tasa de control aduanero y la restricción relacionada con el ingreso de mercancías colombianas por el paso fronterizo de Rumichaca.
En mayo de 2026, la Secretaría General de la Comunidad Andina emitió la Resolución 2582, mediante la cual calificó la tasa de servicio de control aduanero aplicada por Ecuador como un gravamen que vulneraba el Programa de Liberación de la Comunidad Andina.
La Resolución 2581, por su parte, calificó como restricción al comercio subregional la medida ecuatoriana que habilitaba exclusivamente el paso de Rumichaca para determinadas mercancías de procedencia colombiana.
Ambas decisiones fueron objeto de recursos y reclamos por parte de los gobiernos involucrados, mientras la Secretaría General de la CAN exhortó a Ecuador y Colombia a utilizar las mesas de trabajo bilaterales para buscar una solución.
El cambio fundamental ocurrió a finales de mayo.
El 31 de mayo de 2026, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador emitió la Resolución SENAE-SENAE-2026-0051-RE, mediante la cual derogó la resolución que mantenía la tasa de control aduanero aplicada a las mercancías provenientes u originarias de Colombia.
La eliminación comenzó a regir el 1 de junio de 2026. Con ello terminó la secuencia de medidas que había llevado la tasa desde el 30 % inicial hasta el 100 %.
La derogación significó el restablecimiento de las condiciones normales de acceso de las mercancías colombianas al mercado ecuatoriano, sin la tasa extraordinaria que había estado vigente durante los meses anteriores.
La respuesta colombiana siguió una trayectoria similar.
El 5 de junio de 2026, Colombia expidió el Decreto 0583, mediante el cual derogó el Decreto 0170 que había establecido los aranceles recíprocos sobre productos ecuatorianos.
La norma estableció un régimen de transición para determinadas importaciones de arroz, cuyos efectos se mantuvieron durante un período adicional de 45 días.
Con esta decisión, las principales medidas arancelarias extraordinarias que habían marcado la disputa comercial entre los dos países quedaron sin efecto.
La eliminación de las sobretasas permitió que el intercambio comercial comenzara a recuperar condiciones de mayor normalidad.
La zona fronteriza fue una de las áreas más sensibles durante la crisis debido a la importancia del comercio terrestre entre ambos países. Empresas, transportistas, comerciantes y consumidores estuvieron expuestos al aumento de los costos de importación y a las restricciones aplicadas durante los meses de conflicto.
La normalización, sin embargo, no fue inmediata en todos los sectores. El levantamiento de una medida arancelaria no elimina automáticamente los efectos acumulados sobre contratos, inventarios, precios, transporte y cadenas de suministro.
La disputa comercial coincidió con una etapa especialmente delicada para el intercambio energético entre ambos países.
El 22 de enero de 2026, Colombia suspendió las Transacciones Internacionales de Electricidad con Ecuador. El Gobierno colombiano justificó inicialmente la decisión también en consideraciones relacionadas con el abastecimiento y la seguridad energética nacional.
La suspensión tuvo consecuencias para Ecuador, que históricamente ha recurrido a la interconexión con Colombia para cubrir parte de sus necesidades eléctricas en determinados períodos.
Durante la suspensión, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia afirmó que Ecuador enfrentaba mayores costos al sustituir parte de la electricidad colombiana por otras fuentes de generación.
El proceso de normalización energética comenzó durante el segundo semestre.
En julio de 2026 Colombia habilitó nuevamente la contratación bilateral para los intercambios eléctricos con Ecuador. Posteriormente, el 5 de agosto de 2026, se reanudó la venta de electricidad.
En la primera etapa se programó una exportación de aproximadamente 8,6 GWh diarios, volumen equivalente a más del 8 % de la demanda eléctrica ecuatoriana según las autoridades colombianas.
La reanudación de las operaciones eléctricas representó uno de los principales signos de recuperación de la cooperación bilateral después de la crisis comercial del primer semestre.
La controversia tuvo otra dimensión relacionada con el sector petrolero.
Ecuador elevó en enero de 2026 las tarifas aplicadas al transporte de crudo colombiano a través del Oleoducto Transecuatoriano. El Ministerio de Minas y Energía de Colombia informó que la tarifa pasó de aproximadamente USD 2,50 por barril a más de USD 30 para determinados usuarios extranjeros, lo que representó un incremento superior al 900 %.
La decisión afectó especialmente a productores del departamento colombiano de Putumayo que utilizan infraestructura ecuatoriana para transportar su producción hacia instalaciones de exportación.
Colombia cuestionó la medida y sostuvo que afectaba la viabilidad económica de productores de petróleo de la zona fronteriza.
No. La tasa del 30 % que comenzó a aplicarse en febrero de 2026 ya no está vigente.
Además, sería incorrecto describir la situación actual como si Ecuador continuara cobrando un arancel extraordinario del 30 % a las mercancías colombianas. La medida pasó posteriormente al 50 % y al 100 %, y fue eliminada desde el 1 de junio.
Colombia también derogó las medidas arancelarias que había adoptado como respuesta. Por lo tanto, el escenario comercial vigente en septiembre de 2026 es diferente al que existía durante el primer trimestre del año.
El impacto se concentró especialmente en las empresas que participan en el comercio bilateral, los operadores logísticos y las actividades económicas de las zonas fronterizas.
Una tasa extraordinaria sobre el valor de las mercancías aumenta directamente el costo de importar cuando el producto está sujeto a la medida. Para las empresas, ese incremento puede trasladarse al precio final, reducir los márgenes comerciales o modificar las decisiones de compra y abastecimiento.
En el caso de los productos utilizados como materias primas o insumos, el efecto puede extenderse a otras actividades económicas, ya que el mayor costo de importación puede incorporarse posteriormente al precio de productos elaborados en Ecuador.
En la frontera, las consecuencias también pueden manifestarse en menores volúmenes de comercio, cambios en las rutas de abastecimiento y reducción de la actividad de empresas vinculadas al transporte, almacenamiento, distribución y comercio minorista.
La frontera terrestre es un componente esencial de la relación económica bilateral. El puente internacional de Rumichaca, entre Carchi y Nariño, constituye uno de los principales puntos de conexión comercial y de movilidad entre ambos países.
Por esta razón, cualquier restricción que afecte el tránsito de mercancías tiene efectos que van más allá de los importadores y exportadores. Transportistas, agentes de aduana, comerciantes, trabajadores fronterizos y consumidores también pueden verse afectados.
La crisis de 2026 volvió a demostrar la importancia de mantener procedimientos aduaneros previsibles y mecanismos institucionales para resolver diferencias sin interrumpir innecesariamente las cadenas comerciales.
La Comunidad Andina proporciona un marco jurídico de integración económica entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Uno de sus elementos centrales es el Programa de Liberación, destinado a eliminar los gravámenes y restricciones que afectan el comercio de productos originarios de los países miembros bajo las condiciones establecidas por la normativa comunitaria.
Precisamente por ello, la controversia de 2026 no se limitó a una disputa bilateral. Las medidas ecuatorianas fueron examinadas por los órganos de la CAN y Colombia utilizó los mecanismos institucionales disponibles para cuestionarlas.
La intervención de la Secretaría General permitió trasladar parte del conflicto al marco jurídico comunitario, donde se analizaron las medidas desde la perspectiva de las obligaciones asumidas por los países miembros.
Las medidas colombianas afectaron principalmente determinados productos ecuatorianos con capacidad de producción o sustitución en Colombia.
Entre los sectores mencionados por el Ministerio de Comercio colombiano estuvieron productos pesqueros y agrícolas, además de químicos, plásticos y manufacturas de metal.
Posteriormente, el esquema de abril alcanzó 191 productos, con aranceles diferenciados de 35 %, 50 % y 75 %. Al mismo tiempo, Colombia mantuvo arancel cero para determinados bienes considerados insumos o materias primas esenciales para la producción nacional.
La estructura diferenciada buscaba evitar que las medidas comerciales afectaran de la misma manera a todos los productos procedentes de Ecuador.
Para las empresas que comercian entre Ecuador y Colombia, el levantamiento de las medidas extraordinarias reduce una de las principales fuentes de incertidumbre que existieron durante el primer semestre.
Los importadores pueden volver a planificar sus operaciones con base en las reglas comerciales ordinarias aplicables a cada mercancía, mientras que los exportadores recuperan condiciones de acceso más previsibles al mercado vecino.
Esto no significa que desaparezcan todos los costos o requisitos de comercio exterior. Las mercancías continúan sujetas a las normas aduaneras, tributarias, sanitarias, técnicas y de origen que correspondan a cada operación.
Desde el punto de vista comercial, la principal escalada arancelaria de 2026 terminó con la eliminación de las medidas extraordinarias en junio.
La normalización comercial fue acompañada posteriormente por la recuperación del intercambio energético. En agosto, Colombia reanudó las exportaciones de electricidad a Ecuador, lo que constituyó otro paso hacia la recuperación de la cooperación bilateral.
Sin embargo, la resolución de las diferencias institucionales no depende exclusivamente del levantamiento de los aranceles. Los dos países todavía deben gestionar los asuntos relacionados con seguridad fronteriza, cooperación contra el crimen organizado, infraestructura, transporte, energía y los mecanismos de integración regional.
El escenario de septiembre de 2026 es sustancialmente diferente al de febrero. Las sobretasas extraordinarias que desencadenaron la crisis comercial fueron eliminadas y el intercambio energético volvió a activarse.
El principal desafío consiste ahora en recuperar la previsibilidad del comercio bilateral y evitar que futuras diferencias de seguridad o política exterior vuelvan a trasladarse directamente al intercambio de mercancías.
Para los empresarios de ambos países, la estabilidad de las reglas comerciales resulta especialmente importante. Ecuador y Colombia mantienen cadenas de suministro integradas y una extensa actividad económica fronteriza, por lo que los cambios repentinos en aranceles, controles o transporte pueden tener efectos inmediatos.
La crisis comercial entre Ecuador y Colombia de 2026 atravesó varias etapas. Comenzó con una tasa ecuatoriana del 30 % en febrero, aumentó al 50 % en marzo y llegó al 100 % en mayo. Colombia respondió con diferentes medidas arancelarias y restricciones sobre productos ecuatorianos, mientras la disputa fue llevada también ante la Comunidad Andina.
El conflicto trascendió el comercio de mercancías y alcanzó sectores estratégicos como la electricidad y el transporte de crudo.
La situación comenzó a revertirse en junio. Ecuador eliminó su tasa de control aduanero sobre las mercancías colombianas y Colombia derogó sus medidas de respuesta. Posteriormente, ambos países avanzaron en la recuperación de la cooperación energética y Colombia reanudó en agosto las exportaciones de electricidad hacia Ecuador.
Así, el episodio de 2026 queda como uno de los principales conflictos comerciales recientes entre los dos países, pero también como un caso que puso a prueba los mecanismos de integración de la Comunidad Andina y la capacidad de Ecuador y Colombia para recuperar gradualmente sus vínculos comerciales y energéticos.
