Las mercancías que permanecen durante largos períodos bajo custodia aduanera en Ecuador tienen un nuevo mecanismo para ser administradas. Desde el 29 de julio de 2026 está vigente la reforma al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) en materia aduanera, una modificación que cambia las reglas para el tratamiento de bienes abandonados, decomisados y otros productos que permanecen almacenados bajo control del Estado.
La reforma otorga nuevas herramientas al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) para inventariar, valorar, adjudicar, subastar o destruir determinados bienes, dependiendo de su situación jurídica y de las condiciones establecidas por la normativa.
El cambio responde a un problema que durante años ha afectado la operación de los depósitos y puertos del país. Durante el debate legislativo se informó que más de 12.000 contenedores ingresan anualmente al régimen de abandono, con mercancías cuyo valor conjunto se estimó en alrededor de USD 450 millones
Sin embargo, la nueva normativa no implica que toda esa mercancía será puesta inmediatamente a la venta. Antes de llegar a una subasta deben cumplirse determinadas etapas destinadas a identificar los bienes, establecer su valor y garantizar que quienes tengan derechos legítimos puedan reclamarlos.
La reforma publicada en el Registro Oficial el 29 de julio establece nuevos mecanismos para gestionar mercancías que permanecen durante períodos prolongados bajo custodia de la administración aduanera.
Uno de los cambios relevantes es el procedimiento previsto para bienes que llevan más de un año almacenados bajo custodia de la autoridad aduanera, en bodegas institucionales o alquiladas, o en depósitos temporales.
En estos casos, el Senae debe realizar un inventario y avalúo de los bienes, salvo que ya exista un avalúo pericial válido dentro de una investigación previa o proceso judicial. Posteriormente se realizan publicaciones para que las personas que consideren tener derechos sobre las mercancías puedan acreditarlos legalmente.
Si nadie demuestra legítimamente la propiedad o un derecho sobre los bienes dentro del procedimiento establecido, estos podrán ser adjudicados o subastados, dependiendo de las condiciones previstas en la ley.
La acumulación de mercancías no es un problema exclusivamente administrativo. Un contenedor que permanece durante años en una instalación logística ocupa un espacio que podría utilizarse para nuevas operaciones de comercio exterior.
Durante el trámite de la reforma, la Asamblea Nacional señaló que el país enfrentaba una acumulación superior a 12.000 contenedores abandonados, con un valor estimado de USD 450 millones. En determinados terminales de Guayaquil se identificaron incluso contenedores que llevaban varios años inmovilizados.
La permanencia prolongada de estas cargas puede generar costos de almacenamiento, deterioro de los productos y dificultades para administrar eficientemente los espacios disponibles.
Por ello, uno de los objetivos centrales de la reforma es conseguir que las mercancías que ya no tienen un propietario identificado o cuyo proceso legal ha concluido puedan recibir un destino definido en lugar de permanecer indefinidamente almacenadas.
No. Este es uno de los puntos más importantes de la nueva normativa.
La reforma establece que la subasta pública procede bajo determinadas condiciones y, en el caso de los bienes contemplados en el nuevo procedimiento de excepción, primero deben cumplirse las etapas de inventario, avalúo y publicación.
Además, la legislación establece una prioridad para la adjudicación gratuita a instituciones y empresas del sector público respecto de determinadas mercancías abandonadas, decomisadas o decomisadas judicialmente.
Por ejemplo, la normativa contempla la entrega de determinados bienes a instituciones públicas cuando puedan ser utilizados para atender necesidades estatales o sociales.
Esto significa que el destino final de una mercancía puede ser diferente según su naturaleza, utilidad, condición jurídica y valor comercial.
La reforma amplía y reorganiza las herramientas disponibles para disponer de mercancías que se encuentran bajo potestad aduanera.
Entre los bienes que pueden estar sujetos a procesos de adjudicación o subasta se encuentran mercancías declaradas en abandono y bienes respecto de los cuales, después del procedimiento correspondiente, no se acrediten derechos legítimos.
También existen reglas específicas para bienes relacionados con procesos judiciales, decomisos y otras situaciones previstas en el COPCI.
En el caso de mercancías vinculadas con procesos penales, la normativa establece mecanismos especiales para preservar el valor económico de los bienes mediante una eventual subasta. Los recursos pueden mantenerse vinculados al proceso hasta que exista una decisión definitiva sobre su destino.
No todos los bienes almacenados pueden ser aprovechados económicamente.
La nueva regulación contempla que, cuando existan bienes sin valor comercial y no aparezcan personas que acrediten derechos sobre ellos dentro del plazo correspondiente, se pueda proceder con su adjudicación o destrucción, según el caso.
La destrucción también puede ser necesaria cuando una mercancía representa un riesgo sanitario, ambiental o no puede ser utilizada legalmente.
De esta manera, el objetivo de la reforma no consiste únicamente en recaudar dinero mediante subastas, sino en dar un destino legal y eficiente a mercancías que permanecen inmovilizadas.
Uno de los aspectos que diferencia al nuevo sistema es la importancia que la ley concede a la adjudicación gratuita.
El artículo 203 del COPCI prioriza la entrega a instituciones y empresas del sector público de determinadas mercancías declaradas en abandono o sujetas a decomiso o comiso. También contempla casos específicos para alimentos, ropa, calzado, medicamentos, equipos médicos, bienes de uso agropecuario, maquinaria y materiales educativos, entre otros.
Esto abre la posibilidad de que algunos productos que antes permanecían almacenados puedan ser utilizados por instituciones públicas en lugar de ser vendidos.
La ley también contempla reglas particulares para mercancías que puedan vulnerar derechos de propiedad intelectual. En determinados casos, las instituciones receptoras deberán ocultar, eliminar o destruir las marcas que infrinjan esos derechos, siempre que ello no afecte la funcionalidad o naturaleza del producto.
El procedimiento dependerá del tipo de mercancía y de la convocatoria correspondiente, pero el sistema de subastas del Senae contempla una serie de etapas que los interesados deben seguir.
El propio Senae mantiene una plataforma oficial de información sobre sus subastas, donde se publican convocatorias, providencias y catálogos. La entidad señala actualmente que para participar se debe presentar una garantía del 10 % del valor del lote mediante cheque certificado o efectivo y pagar la tasa de inscripción correspondiente.
Las subastas pueden estar dirigidas a diferentes tipos de participantes, de acuerdo con las condiciones establecidas en cada convocatoria.
Entre los potenciales participantes se encuentran:
Para personas naturales, el procedimiento de inscripción contempla información de identificación y correo electrónico, además de la identificación de los lotes por los que se desea participar.
En el caso de personas jurídicas, se requiere información relacionada con el representante legal y el RUC, además de los datos de los lotes correspondientes.
Los requisitos pueden variar de acuerdo con la convocatoria, por lo que siempre será necesario revisar las condiciones publicadas por el Senae.
Entre la documentación y datos que contempla el procedimiento de inscripción se encuentran:
El Senae recomienda revisar cada convocatoria antes de realizar cualquier pago, debido a que las condiciones pueden depender del tipo de subasta y de los bienes ofertados.
La reforma también establece límites destinados a evitar conflictos de interés o que personas relacionadas con determinadas infracciones puedan beneficiarse directamente de las mercancías.
El artículo 202 del COPCI señala que no pueden participar en las subastas públicas los autores y cómplices de delitos o infracciones administrativas contra la administración aduanera y la propiedad intelectual. La restricción alcanza también a determinados familiares y personas que actúen como intermediarios.
Los servidores de la administración aduanera, incluidos los integrantes del Cuerpo de Vigilancia Aduanera, y determinados familiares también tienen prohibida la participación en subastas de bienes relacionados con delitos o infracciones administrativas contra la administración aduanera y la propiedad intelectual.
La reforma también incorpora disposiciones relacionadas con medios de transporte que ingresen al país evadiendo el control aduanero.
Cuando se trate de vehículos que sean retenidos en estas circunstancias, se contempla un procedimiento de notificación al país de origen. Si no existe una reclamación o acreditación válida de propiedad dentro del plazo establecido por la normativa, el vehículo puede pasar al patrimonio del Estado y recibir posteriormente el destino que corresponda.
Dependiendo de las circunstancias, estos vehículos pueden ser destinados a instituciones públicas o formar parte de procesos de subasta.
La medida busca evitar que vehículos retenidos permanezcan indefinidamente en patios o instalaciones bajo custodia estatal, generando costos de almacenamiento y deteriorándose con el paso del tiempo.
Los interesados deben consultar directamente los canales oficiales de la Aduana del Ecuador antes de participar en cualquier proceso.
El Senae mantiene una sección específica de subastas en su portal institucional, donde pueden consultarse convocatorias, providencias, catálogos y procesos asociados a los diferentes distritos aduaneros.
La autoridad también dispone de la Gaceta Tributaria Digital, utilizada para notificaciones y determinados avisos relacionados con procedimientos aduaneros.
Por seguridad, los ciudadanos deberían verificar que cualquier convocatoria o información sobre una subasta provenga directamente del Senae y evitar realizar depósitos a cuentas o intermediarios que no estén contemplados en el procedimiento oficial.
Uno de los principales objetivos de la reforma es precisamente liberar espacios que actualmente están ocupados por mercancías sin un destino definido.
El Senae sostiene que los cambios permitirán recuperar espacios, aumentar la rotación de carga y reducir ineficiencias que afectan la cadena logística.
El efecto puede ser relevante para los puertos y depósitos temporales. Una mercancía que permanece años almacenada no solo genera costos para sus propietarios o para el Estado, sino que también reduce la disponibilidad de infraestructura para nuevas operaciones de importación y exportación.
La reforma intenta establecer un mecanismo más claro para que los bienes lleguen a una resolución definitiva: devolución cuando corresponda, adjudicación gratuita, subasta o destrucción.
Cuando los bienes sean subastados y no exista una controversia judicial pendiente que determine otro destino, los recursos obtenidos tienen como destino la Cuenta Única del Tesoro Nacional, conforme a las disposiciones aplicables.
En mercancías relacionadas con procesos judiciales, el dinero obtenido puede permanecer depositado a nombre del Senae hasta que finalice el proceso. Si una autoridad judicial ordena devolver los bienes, la administración entrega el dinero obtenido por la subasta conforme a las reglas previstas; si se dispone el decomiso, los recursos pasan al destino establecido por la ley.
Esto permite preservar el valor económico de determinados bienes mientras se resuelve su situación jurídica, en lugar de dejar que pierdan valor durante años de almacenamiento.
Aunque las subastas han concentrado buena parte de la atención pública, los cambios al COPCI son más amplios.
La reforma también modifica aspectos relacionados con vigilancia previa de importaciones, documentos de acompañamiento, tributos aplicables, decomiso administrativo, abandono definitivo y tratamiento de determinados vehículos y mercancías.
Por esta razón, los importadores, agentes de aduana, transportistas, operadores de comercio exterior y empresas que participan en operaciones internacionales deberían revisar las nuevas disposiciones y verificar cómo afectan sus procedimientos.
Para los operadores de comercio exterior, uno de los principales mensajes es la necesidad de evitar que una mercancía permanezca sin gestión durante períodos prolongados.
Los nuevos mecanismos aumentan la importancia de mantener actualizada la documentación, responder oportunamente a las notificaciones y solucionar las situaciones que puedan provocar abandono o decomiso.
La reforma también refuerza la necesidad de realizar un seguimiento permanente de las cargas que se encuentran bajo custodia aduanera. Una mercancía abandonada puede perder valor comercial rápidamente, mientras que los costos asociados a su almacenamiento pueden aumentar con el tiempo.
La reforma pretende resolver simultáneamente varios problemas de la gestión aduanera ecuatoriana.
La entrada en vigor de la reforma al COPCI marca un cambio importante en la administración de mercancías abandonadas y bienes bajo custodia aduanera.
El Estado ahora dispone de mecanismos más definidos para determinar qué hacer con productos que permanecen almacenados durante largos períodos. Pero el proceso no consiste simplemente en poner los bienes a la venta: antes deben cumplirse procedimientos destinados a establecer su situación, valorar las mercancías y proteger los derechos de quienes puedan demostrar legítimamente su propiedad.
Además, la subasta no será el único destino posible. Dependiendo del tipo de producto y de su situación jurídica, los bienes podrán ser adjudicados gratuitamente, subastados o destruidos.
Para quienes quieran comprar mercancías en una subasta del Senae, el punto clave será consultar cada convocatoria oficial, revisar cuidadosamente el catálogo, conocer el estado de los bienes y cumplir todos los requisitos antes de presentar una oferta.
Para los importadores y operadores de comercio exterior, la reforma representa sobre todo una advertencia: mantener una carga sin resolver durante largos períodos puede tener consecuencias patrimoniales y administrativas más claras bajo el nuevo régimen.
El objetivo final es que los bienes que permanecen inmovilizados en puertos, depósitos y bodegas dejen de convertirse en un obstáculo para la logística nacional y puedan recibir un destino conforme a la ley.
