Los ataques y desapariciones de tres embarcaciones pesqueras ecuatorianas registrados entre enero y marzo de 2026 en el Pacífico, cerca de las islas Galápagos, vuelven a generar cuestionamientos sobre la cooperación de seguridad entre Ecuador y Estados Unidos.
Una investigación publicada el 13 de agosto de 2026 por The Washington Post señala que los incidentes podrían estar relacionados con una operación secreta de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA). Sin embargo, la información disponible no permite afirmar que la CIA haya ejecutado directamente los ataques y todavía existen interrogantes sobre quién estuvo detrás de las operaciones.
La investigación periodística se suma a una investigación previa de Human Rights Watch (HRW), que documentó los casos de los pesqueros Fiorella, La Negra Francisca Duarte II y Don Maca y encontró indicios de una posible participación o conocimiento de autoridades estadounidenses. Estados Unidos, por su parte, ha negado responsabilidad en los hechos.
El caso más grave corresponde al Fiorella, una embarcación pesquera que salió del puerto de Jaramijó, en Manabí, el 13 de enero de 2026 con 10 tripulantes.
El 20 de enero se perdió el contacto con la embarcación. Desde entonces, ocho de sus tripulantes permanecen desaparecidos. Dos pescadores que se encontraban en una lancha auxiliar lograron ser rescatados posteriormente y regresaron a tierra.
Human Rights Watch reconstruyó la ruta del barco utilizando datos del Sistema de Monitoreo de Embarcaciones (VMS) proporcionados por la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos de la Armada ecuatoriana y registros disponibles mediante Global Fishing Watch. La última señal del Fiorella fue registrada el 20 de enero, cuando navegaba en aguas internacionales.
Antes de desaparecer, integrantes de la tripulación habrían observado aviones, drones y una embarcación de patrullaje que, según sus testimonios, llevaba una bandera estadounidense.
Amnistía Internacional también reconstruyó la ruta del Fiorella y señaló que, durante los días previos a la desaparición, el capitán habría informado a familiares sobre la presencia de aeronaves, drones y una patrulla marítima que identificó como estadounidense.
Los otros dos casos ocurrieron en marzo de 2026 y tienen un elemento en común: los sobrevivientes afirmaron que sus embarcaciones fueron atacadas por drones.
La La Negra Francisca Duarte II salió de Manta el 2 de marzo con una tripulación de 16 personas. El 17 de marzo, cuando se encontraba al norte de Galápagos, sus tripulantes denunciaron que dos drones se aproximaron a la embarcación y posteriormente se produjeron explosiones.
Varios pescadores resultaron heridos y la embarcación terminó incendiándose. HRW revisó fotografías de las lesiones y datos de seguimiento marítimo. Además, identificó mediante información satelital una anomalía térmica compatible con un incendio cerca de la última posición registrada del barco.
El segundo caso involucró al Don Maca, atacado el 26 de marzo. Sus tripulantes también dijeron haber sido atacados por drones y posteriormente trasladados a otra embarcación.
Uno de los aspectos más controvertidos de los casos es el relato de los pescadores que sobrevivieron a los ataques.
Según testimonios recogidos por Human Rights Watch, hombres armados con uniformes de estilo militar habrían abordado a los sobrevivientes después de los ataques. Algunos pescadores dijeron haber observado insignias de la bandera estadounidense en los uniformes.
Los tripulantes de ambas embarcaciones señalaron que fueron retenidos y posteriormente transferidos a barcos de la Guardia Costera de El Salvador. En el caso de la La Negra Francisca Duarte II, los sobrevivientes dijeron que fueron entregados a las autoridades salvadoreñas como personas rescatadas tras un naufragio.
El Gobierno de El Salvador confirmó posteriormente el traslado de pescadores ecuatorianos rescatados en el Pacífico. Los sobrevivientes regresaron después a Ecuador.
Los testimonios recopilados por HRW indican que los pescadores de las embarcaciones atacadas fueron trasladados hasta El Salvador después de ser recogidos por una embarcación que los sobrevivientes relacionaron con personal estadounidense.
En el caso de la La Negra Francisca Duarte II, los tripulantes dijeron que fueron transferidos aproximadamente 18 horas después del ataque a una embarcación de la Marina salvadoreña. Posteriormente recibieron documentos consulares ecuatorianos y regresaron al país en diferentes grupos.
La información disponible no demuestra que los pescadores hayan sido trasladados a El Salvador como parte de un procedimiento judicial formal. Precisamente, una de las principales interrogantes planteadas por las organizaciones de derechos humanos es bajo qué autoridad se realizaron las detenciones y transferencias.
La hipótesis sobre la participación de la CIA representa uno de los elementos más sensibles de la investigación del Washington Post.
Una operación encubierta estadounidense, en términos generales, es una actividad cuya responsabilidad gubernamental no está destinada a ser reconocida públicamente. De acuerdo con la información publicada por el periódico, una fuente anónima que afirma conocer los hechos relacionó los incidentes con un programa de este tipo.
Sin embargo, es importante diferenciar entre una presunta conexión con una operación encubierta y una prueba de que agentes de la CIA hayan realizado directamente los ataques.
La propia investigación periodística mantiene abiertas varias preguntas sobre el alcance de la posible intervención estadounidense y sobre la participación que podrían haber tenido otras agencias, contratistas privados o autoridades de terceros países.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos y la Guardia Costera han rechazado haber participado en los ataques contra las embarcaciones ecuatorianas y han negado responsabilidad por la desaparición del Fiorella.
El Comando Sur de Estados Unidos también señaló que no tenía información que proporcionar sobre los ataques. El Departamento de Defensa afirmó específicamente que Estados Unidos no abordó el Don Maca ni realizó ataques cinéticos contra esa embarcación.
La Guardia Costera estadounidense, por su parte, indicó que no tenía conocimiento ni participación en los incidentes denunciados.
Estas negativas contrastan con los testimonios de los sobrevivientes y con los indicios recopilados por organizaciones de derechos humanos, lo que mantiene abierta la controversia.
La investigación de Human Rights Watch, publicada en julio de 2026, entrevistó a 13 sobrevivientes de los ataques contra las embarcaciones y analizó información adicional sobre las rutas y posiciones de los barcos.
La organización concluyó que existen indicios que apuntan a que autoridades estadounidenses pudieron haber tenido algún grado de participación o conocimiento de los hechos. No obstante, HRW tampoco pudo determinar de manera concluyente quién ejecutó los ataques con drones.
Entre las evidencias revisadas están datos de monitoreo marítimo, imágenes, testimonios, información sobre embarcaciones y registros de actividad en la zona.
La desaparición del Fiorella es particularmente compleja porque no existe una reconstrucción completa de lo sucedido después de la última señal de la embarcación.
Los sobrevivientes que lograron regresar a tierra señalaron que antes de la desaparición observaron aeronaves y una patrulla marítima. Uno de ellos afirmó que la embarcación de patrullaje llevaba una bandera estadounidense.
Sin embargo, HRW reconoce que no pudo establecer qué ocurrió exactamente con el Fiorella ni determinar quién estuvo detrás de su desaparición. La organización también considera que es necesario esclarecer qué ocurrió con los ocho pescadores que continúan desaparecidos.
Amnistía Internacional ha solicitado una investigación sobre el posible papel de Estados Unidos en la desaparición del Fiorella.
La organización reconstruyó la trayectoria de la embarcación mediante datos de monitoreo y entrevistó a familiares de los ocho pescadores desaparecidos en Manta y Jaramijó.
Según Amnistía, los indicios disponibles son compatibles con la hipótesis de que el barco pudo haber sido interceptado dentro del contexto de las operaciones estadounidenses contra el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe. La organización sostiene que esta hipótesis debe ser investigada de manera independiente.
Los incidentes se producen en un contexto de creciente cooperación entre Ecuador y Estados Unidos para combatir al crimen organizado y el narcotráfico.
Durante 2026, autoridades ecuatorianas han reconocido públicamente que existe cooperación con Washington para identificar rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en el Pacífico.
Human Rights Watch señaló que, durante el mismo período en que ocurrieron los ataques contra las embarcaciones, Ecuador y Estados Unidos desarrollaban actividades marítimas que ambos gobiernos habían descrito como conjuntas o coordinadas.
Precisamente por esa cooperación, las organizaciones de derechos humanos consideran necesario establecer con claridad qué unidades estadounidenses operan en la región, bajo qué autoridad lo hacen y cuáles son las reglas aplicables al uso de la fuerza.
Otro punto que ha llamado la atención es que los pescadores sobrevivientes negaron tener vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico.
Human Rights Watch revisó certificados de antecedentes penales de 46 tripulantes vinculados a los tres barcos. Según la organización, solo cuatro tenían antecedentes y ninguno estaba relacionado con delitos violentos o tráfico de drogas.
Esto no demuestra por sí solo que las embarcaciones no hayan sido objeto de una operación antidrogas, pero sí refuerza la necesidad de esclarecer qué información llevó a realizar las acciones denunciadas y qué procedimientos se aplicaron a los pescadores.
El Salvador aparece en la investigación debido a que sus autoridades recibieron a los pescadores después de los incidentes ocurridos en el Pacífico.
En el caso de la La Negra Francisca Duarte II, HRW identificó la embarcación salvadoreña PM-13 como parte del proceso de traslado de los sobrevivientes. En el caso del Don Maca también se documentó la intervención de una embarcación salvadoreña utilizada en operaciones marítimas.
La participación salvadoreña añade otra dimensión al caso, porque todavía no se ha aclarado públicamente cuál fue la cadena de mando que determinó que los pescadores fueran entregados a la Guardia Costera de ese país.
La investigación también pone atención en el aeropuerto internacional de Ilopango, en El Salvador, debido a su importancia histórica como instalación vinculada a operaciones estadounidenses durante la Guerra Fría.
En el contexto actual, la terminal vuelve a aparecer debido a registros relacionados con aeronaves y operaciones de vigilancia. Sin embargo, la existencia de antecedentes históricos o de movimientos de aeronaves no constituye por sí misma una prueba de que la CIA haya participado en los ataques contra los pesqueros ecuatorianos.
Los nuevos señalamientos deben interpretarse con cautela. Existe una diferencia importante entre afirmar que hay indicios de posible participación estadounidense y asegurar que la CIA fue responsable directa de los ataques.
Hasta el momento, Human Rights Watch ha documentado elementos que considera compatibles con algún grado de participación o conocimiento de autoridades estadounidenses, mientras que Washington niega haber realizado los ataques. La investigación del Washington Post añade una nueva hipótesis al señalar una posible operación encubierta, pero también mantiene abiertas preguntas sobre el alcance de esa eventual participación.
Por ello, el caso requiere una investigación independiente que permita determinar qué ocurrió con el Fiorella, quién ejecutó los ataques contra las otras dos embarcaciones y bajo qué autoridad fueron detenidos y trasladados los pescadores.
Para las familias de los ocho tripulantes desaparecidos del Fiorella, la principal prioridad continúa siendo conocer qué ocurrió con sus familiares.
Las organizaciones de derechos humanos han pedido a los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos preservar y entregar información que pueda ayudar a reconstruir los hechos, incluidos registros de radares, comunicaciones, datos de seguimiento de embarcaciones, imágenes satelitales, registros operativos y cualquier información relacionada con las aeronaves y unidades marítimas presentes en la zona.
La muerte, desaparición o detención arbitraria de personas en operaciones de seguridad constituye un asunto que trasciende la cooperación bilateral. También plantea obligaciones relacionadas con derechos humanos, debido proceso y protección de la población civil.
El caso podría generar nuevas investigaciones tanto en Ecuador como en Estados Unidos. Human Rights Watch ha pedido que ambos gobiernos realicen una investigación conjunta, rápida, exhaustiva, imparcial y efectiva sobre los ataques y la desaparición de los tripulantes del Fiorella.
También se ha planteado la necesidad de que el Congreso estadounidense examine el marco jurídico de las operaciones de seguridad desarrolladas con países de América Latina y determine si existieron salvaguardas adecuadas para proteger a civiles.
En Ecuador, el esclarecimiento de los hechos es igualmente relevante para determinar qué información manejaron las autoridades nacionales, qué operaciones se desarrollaron en las aguas cercanas a Galápagos y qué comunicación existió con sus contrapartes estadounidenses y salvadoreñas.
Los ataques contra Fiorella, La Negra Francisca Duarte II y Don Maca se han convertido en uno de los episodios más controvertidos de la cooperación de seguridad entre Ecuador y Estados Unidos durante 2026.
La investigación del Washington Post introduce la posibilidad de que detrás de los incidentes haya existido una operación encubierta estadounidense, mientras que las investigaciones de Human Rights Watch y Amnistía Internacional ya habían identificado indicios que justifican profundizar las pesquisas.
Pero mientras no existan pruebas públicas concluyentes que establezcan quién ordenó y ejecutó las acciones, la participación de la CIA debe mantenerse como una hipótesis bajo investigación, no como un hecho demostrado.
Lo que sí está documentado es que una embarcación ecuatoriana desapareció con ocho tripulantes cuyo paradero continúa sin conocerse, que otras dos fueron atacadas y que sobrevivientes denunciaron haber sido detenidos y trasladados posteriormente a El Salvador. La respuesta a estas preguntas será fundamental para determinar responsabilidades y establecer qué ocurrió realmente en aguas del Pacífico.
