Disfrute de contenidos sin anuncios y otras funciones adquiriendo una membresía Premium.
¿Es operador de comercio internacional? registre ahora su empresa, únicamente necesita completar el siguiente formulario.
Revise las versiones premium y las versiones estandar disponibles para la visualización de su empresa.
Para más información puede comunicarse con nosotros en el siguiente enlace.
El 20 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó, con 77 votos a favor, una modificación al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) conocida como Ley de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). La normativa obliga a los municipios y prefecturas a destinar la mayor parte de sus presupuestos a inversión pública, estableciendo una regla progresiva que culmina en 70 % en 2028, y limita el gasto corriente al 30 %.
Antes de la reforma, el COOTAD ya contemplaba reglas para la asignación de recursos, pero solo para los fondos transferidos desde el Gobierno central. Con la reforma, esta regla se extiende a todos los ingresos de los GAD, imponiendo porcentajes de uso más estrictos: 65 % para inversión en 2026, 68 % en 2027 y 70 % desde 2028 en adelante.
El gasto de inversión comprende obras públicas, mantenimiento de infraestructura y provisión de servicios básicos como agua potable y alcantarillado, mientras que el gasto corriente —incluyendo salarios, administración y funcionamiento— se limita a un máximo del 30 %. Además, se establecen mecanismos de seguimiento, como informes trimestrales obligatorios y evaluaciones por parte del Ministerio de Finanzas.
El Gobierno, respaldado por la bancada oficialista, sostiene que la modificación busca corregir desequilibrios financieros históricos en los gastos locales, mejorar la eficiencia y concentrar recursos en obras y servicios que beneficien directamente a la población. Según datos incluidos en el proyecto de ley, en 2024 la inversión en obras y servicios por parte de los GAD fue menos del 39 % del presupuesto total, lo cual sería insuficiente para cerrar brechas en infraestructura básica.
Sin embargo, los alcaldes, prefectos y varios bloques legislativos han expresado preocupación por la forma en que la reforma redefine qué gastos cuentan como inversión. Rubros actualmente considerados inversión —como programas sociales, estudios técnicos y la contratación de personal para obra pública— quedarían excluidos, complicando el cumplimiento de la regla y poniendo en riesgo servicios básicos.
La nueva ley tiene efectos potenciales tanto en la economía de los gobiernos locales como en el empleo. La restricción del gasto corriente —que incluye salarios— podría limitar la capacidad de las municipalidades y prefecturas para contratar y retener personal, especialmente técnicos y profesionales necesarios para planificar y ejecutar proyectos. En algunos casos, como en el Municipio de Quito, el pago de salarios representa una parte considerable del presupuesto actual, lo que implicaría un esfuerzo adicional para equilibrar las cuentas bajo la nueva regla.
La orientación hacia mayor inversión en infraestructura puede dinamizar sectores vinculados a obras públicas, logística, construcción y servicios asociados, generando empleo en estas áreas. No obstante, la exigencia de destinar casi tres cuartas partes de los recursos a inversión puede limitar la capacidad de los gobiernos locales para responder a necesidades sociales y operativas cotidianas, afectando la prestación de servicios públicos esenciales.
Críticos de la reforma señalan que esta podría vulnerar la autonomía financiera de los GAD, al imponer reglas que no siempre reflejan las realidades de cada territorio. Sectores de la oposición han anunciado acciones legales, como demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, argumentando que la norma no fue socializada adecuadamente con los gobiernos locales y contraviene principios de autonomía territorial.
El tema también ha generado protestas ciudadanas y movilizaciones en municipios y prefecturas, donde autoridades y comunidades advierten que una aplicación rígida de la regla 70/30 podría reducir los recursos para programas sociales, educación, cultura y atención primaria, afectando a los sectores más vulnerables.
La reforma al COOTAD será remitida al presidente Daniel Noboa para su ratificación o posible observación. Mientras tanto, los gobiernos locales deberán prepararse para adaptar sus presupuestos conforme a los nuevos parámetros y establecer mecanismos internos de control y transparencia para cumplir con las exigencias de inversión.
La tensión entre eficiencia fiscal y autonomía local marca un debate clave en la política pública ecuatoriana. El equilibrio entre priorizar obras y servicios, mantener funciones operativas del Estado y garantizar empleos adecuados para la gestión pública será crucial para la implementación efectiva de esta ley en los próximos años.
