Nuevo cobro en el puerto de Manta genera tensión entre importadores, concesionarios y autoridades municipales

La decisión de exigir un salvoconducto pagado para movilizar vehículos nuevos desde el puerto de Manta ha provocado un fuerte enfrentamiento entre el sector automotor ecuatoriano y la Empresa Pública Municipal Movilidad de Manta EP.

La medida contempla el cobro de $5,25 por cada vehículo descargado en la terminal portuaria y trasladado dentro de la ciudad. Aunque la entidad municipal asegura que la tarifa fue aprobada desde 2024, representantes del sector automotor sostienen que nunca fue aplicada ni socializada de forma adecuada hasta este año.

La disposición afecta directamente a importadores, concesionarios, operadores logísticos y empresas vinculadas a la comercialización de automóviles en Ecuador, especialmente porque Manta se ha consolidado como el principal puerto de ingreso de vehículos al país.

Cómo funciona el salvoconducto exigido por la Empresa de Movilidad

La normativa municipal establece que los vehículos nuevos sin matrícula deben contar con una autorización temporal para circular desde el puerto hacia patios de almacenamiento, centros de preparación o concesionarios.

Ese permiso se emite mediante un trámite previo administrado por la Dirección de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular de Manta. El valor fijado para este proceso corresponde a una tasa base de $5 más IVA, lo que actualmente representa $5,25 por unidad.

La Empresa de Movilidad argumenta que el objetivo es mantener control sobre la circulación de automotores no matriculados dentro del área urbana y regular el tránsito de carga automotriz en la ciudad.

Sin embargo, representantes empresariales consideran que el cobro carece de justificación técnica suficiente y denuncian que no existe claridad sobre el destino específico de los recursos que serían recaudados.

Importadores aseguran que la medida contradice normas nacionales

La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade) cuestionó la legalidad del salvoconducto y afirmó que la exigencia municipal contradice una resolución emitida por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en 2022.

De acuerdo con esa normativa nacional, los vehículos nuevos pueden circular desde puertos hacia centros logísticos utilizando únicamente una guía de remisión, sin necesidad de permisos adicionales.

El gremio sostiene que imponer requisitos extra genera trabas administrativas, duplicidad de procesos y mayores costos operativos para las empresas.

Además, advierte que la aplicación de regulaciones locales por encima de disposiciones nacionales podría abrir conflictos jurídicos y afectar la seguridad normativa para futuras inversiones en el sector automotor.

Impacto económico en el negocio automotor ecuatoriano

El puerto de Manta moviliza cada año entre 65.000 y 90.000 vehículos importados. Debido a ese volumen, el nuevo cobro podría representar cientos de miles de dólares anuales en ingresos para la Empresa de Movilidad.

Para las compañías importadoras, sin embargo, el problema no se limita únicamente al valor individual de la tasa, sino al efecto acumulativo que genera sobre toda la cadena de comercialización.

Las empresas aseguran que el mercado automotor ecuatoriano ya soporta una fuerte carga tributaria compuesta por aranceles, IVA, ICE, tasas portuarias, contribuciones municipales, costos logísticos y otros pagos administrativos.

Según la Aeade, actualmente existen más de veinte impuestos, tasas y contribuciones que inciden directamente sobre el precio final de un vehículo nuevo en Ecuador.

Por esta razón, cualquier nuevo recargo termina impactando al consumidor final, elevando aún más el costo de los automóviles en el país.

Consecuencias para la importación de vehículos y productos automotrices

Especialistas del sector advierten que este tipo de medidas también podría afectar el flujo de importaciones relacionadas con la industria automotriz.

El incremento de costos logísticos y administrativos reduce la competitividad del puerto de Manta frente a otras terminales marítimas de la región. Si las operaciones se vuelven más costosas, algunas empresas podrían reconsiderar rutas de ingreso, modificar contratos logísticos o incluso disminuir el volumen de importaciones.

La situación no solo impactaría a los vehículos terminados, sino también a repuestos, accesorios, maquinaria y otros productos vinculados a la cadena automotriz que dependen de procesos eficientes de importación y distribución.

Además, importadores consideran que mayores costos podrían retrasar renovaciones de inventario y afectar la disponibilidad de ciertos modelos en concesionarios ecuatorianos.

El encarecimiento de la operación portuaria también podría disminuir el atractivo de Manta como centro logístico automotor, afectando empleo, transporte, almacenamiento y servicios asociados a la actividad portuaria.

Terminal Portuario de Manta expresa preocupación

Directivos de Terminal Portuario de Manta (TPM) señalaron que no fueron informados previamente sobre la aplicación de la tasa pese a que la resolución municipal fue emitida en 2024.

La empresa portuaria considera que la medida podría perjudicar la competitividad de Manta en el negocio automotor y generar desvío de carga hacia otros puertos.

Representantes de TPM recordaron que gran parte de los vehículos importados por Ecuador ingresan actualmente por esta terminal, lo que convierte a Manta en un punto estratégico para el comercio automotor nacional.

También expresaron preocupación por la falta de información clara respecto al uso de los fondos recaudados mediante el salvoconducto.

Controles y posibles sanciones en las vías de Manta

La controversia aumentó después de que la Empresa de Movilidad anunciara operativos para verificar que los vehículos nuevos cuenten con el permiso correspondiente mientras circulan dentro del cantón.

Aunque el sector automotor asegura que todavía no existen reportes masivos de sanciones, persiste incertidumbre sobre cómo se ejecutarán los controles y qué consecuencias podrían enfrentar las empresas que no tramiten el documento.

La posibilidad de retenciones o restricciones operativas preocupa especialmente a importadores y transportistas, debido al impacto que tendría sobre la cadena logística y los tiempos de entrega.

Un conflicto que sigue sin resolverse

Hasta ahora, las conversaciones entre autoridades municipales, la Agencia Nacional de Tránsito, el Ministerio de Transporte y los representantes del sector automotor no han producido una solución definitiva.

Mientras la Empresa de Movilidad insiste en que la tasa está legalmente vigente desde 2024, empresarios y operadores portuarios consideran que su aplicación afecta la competitividad, encarece las importaciones y genera inseguridad jurídica.

El debate continúa abierto y podría convertirse en un precedente importante sobre los límites de las competencias municipales en materia de movilidad, tránsito y comercio automotor en Ecuador.

Puntos clave de la polémica

• La tasa aplicada es de $5,25 por vehículo movilizado desde el puerto.
• La Empresa de Movilidad sostiene que la medida existe desde 2024.
• La Aeade afirma que la exigencia contradice normas nacionales.
• El sector teme incremento en los precios de vehículos nuevos.
• Importadores advierten afectaciones logísticas y comerciales.
• TPM considera que la medida podría reducir competitividad portuaria.
• El conflicto sigue sin una resolución oficial.