El Gobierno de Daniel Noboa anunció la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para la importación de equipos destinados a determinados proyectos privados de generación y almacenamiento de energía eléctrica. La medida comenzará a aplicarse desde el martes 6 de octubre de 2026 y busca reducir los costos iniciales de inversión para nuevas iniciativas del sector eléctrico.
El anuncio fue realizado el lunes 5 de octubre por José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, durante una entrevista radial en la que participó junto al presidente Daniel Noboa. Según el funcionario, el cambio forma parte de una hoja de ruta acordada con representantes de la Cámara de Industrias y Producción (CIP) el pasado 29 de septiembre.
De acuerdo con la explicación del Gobierno, los equipos incluidos en la medida estaban sujetos a un IVA del 15% y a un ISD del 5% al momento de su importación. La eliminación anunciada pretende disminuir el costo que deben asumir las empresas antes de que una central, sistema de almacenamiento o instalación de generación comience a producir electricidad.
El Ejecutivo sostiene que esta carga tributaria tenía un impacto particularmente importante en los proyectos privados porque los inversionistas no necesariamente podían recuperar ese IVA posteriormente. La explicación se relaciona con el hecho de que la venta de energía al Estado se encuentra gravada con tarifa 0% de IVA.
La medida anunciada apunta principalmente a proyectos privados de generación hidroeléctrica y sistemas de almacenamiento de energía. El alcance exacto dependerá de la normativa mediante la cual se implemente el beneficio y de las partidas arancelarias que sean incluidas.
La decisión llega en un momento de presión sobre el sistema eléctrico ecuatoriano, marcado por las condiciones del estiaje y la necesidad de incorporar nueva capacidad de generación. El Gobierno busca que las empresas privadas tengan menores costos para desarrollar proyectos y, al mismo tiempo, ampliar las fuentes disponibles para abastecer la demanda nacional.
La eliminación de estos tributos reduce uno de los costos asociados a la adquisición de maquinaria, equipos y otros componentes importados necesarios para construir instalaciones eléctricas. Para proyectos intensivos en capital, una reducción de los costos iniciales puede modificar el cálculo financiero de una inversión y mejorar sus condiciones de ejecución.
El objetivo oficial es que el sector privado tenga una mayor participación en la expansión de la capacidad eléctrica, tanto mediante proyectos destinados a entregar energía al sistema como a través de instalaciones de autogeneración.
El incentivo tributario forma parte de un conjunto más amplio de medidas anunciadas por el Ejecutivo para acelerar las inversiones eléctricas.
Neira señaló que desde el 5 de junio de 2026 se han entregado 12 certificados habilitantes para proyectos fotovoltaicos. El funcionario aseguró además que la Secretaría de la Administración Pública realiza seguimiento a los trámites que deben completar las empresas ante diferentes instituciones públicas.
Según la explicación oficial, los procesos para obtener los permisos necesarios para proyectos de autogeneración pueden completarse actualmente en aproximadamente tres o cuatro meses cuando existe seguimiento interinstitucional. El Gobierno busca reducir de esta manera los tiempos que anteriormente podían retrasar durante meses la puesta en marcha de nuevas inversiones.
La agilización de permisos es relevante porque una reducción de impuestos no elimina por sí sola los demás costos y plazos asociados con la construcción de una central o instalación de generación. La disponibilidad de terrenos, estudios técnicos, conexión a la red, permisos ambientales y autorizaciones sectoriales también forman parte del proceso de desarrollo.
Otro de los objetivos del Ejecutivo es que las industrias puedan producir una parte de la electricidad que necesitan para sus operaciones. La autogeneración permitiría a las empresas disminuir su dependencia del suministro de la red nacional y contar con una fuente adicional de energía para sus procesos productivos.
La propuesta adquiere especial relevancia para los grandes consumidores industriales, en un contexto en el que el Gobierno anunció cambios en las tarifas eléctricas aplicables a los grupos de alto voltaje AV1 y AV2.
La invitación a invertir en autogeneración también busca que una mayor cantidad de empresas participe directamente en la expansión de la oferta eléctrica. En este esquema pueden coexistir instalaciones de diferentes escalas, desde proyectos desarrollados por grandes industrias hasta iniciativas privadas de menor tamaño.
El tratamiento del IVA es uno de los elementos centrales de la explicación oficial. La normativa tributaria ecuatoriana contempla a la energía eléctrica dentro de los bienes con tarifa 0% de IVA, mientras que no todos los equipos utilizados para desarrollar proyectos de generación hidroeléctrica o almacenamiento aparecen expresamente dentro de las categorías de importaciones con tarifa cero.
Por esa razón, el Gobierno plantea modificar el tratamiento tributario aplicable a los equipos destinados a determinados proyectos privados. El especialista tributario Idrián Estrella explicó que una eventual aplicación de tarifa 0% a estos bienes requeriría definir jurídicamente su incorporación al régimen correspondiente, dado que no todos constan de forma expresa en el listado de bienes con tarifa cero.
Este punto será importante cuando se publique la normativa de aplicación, porque permitirá conocer exactamente qué equipos estarán incluidos, qué proyectos podrán acogerse al beneficio y cuáles serán los requisitos que deberán cumplir los importadores.
El segundo tributo incluido en el anuncio es el Impuesto a la Salida de Divisas. Para los proyectos que necesitan adquirir tecnología, maquinaria o componentes en el exterior, este impuesto representa un costo adicional relacionado con las operaciones de pago al extranjero.
La eliminación anunciada por el Gobierno busca reducir ese componente del costo de inversión y facilitar la adquisición internacional de los equipos necesarios para construir nuevas instalaciones de generación y almacenamiento.
En conjunto, la eliminación del IVA y del ISD pretende mejorar las condiciones de entrada de capital privado al sector eléctrico. Sin embargo, el impacto final dependerá de la inversión que efectivamente se concrete y de las condiciones técnicas, regulatorias y comerciales de cada proyecto.
La decisión tributaria se produce mientras Ecuador atraviesa las semanas que el Gobierno considera más exigentes de la temporada de estiaje. En este periodo, la menor disponibilidad de agua puede reducir la producción de las centrales hidroeléctricas y aumentar la necesidad de contar con generación térmica y otras fuentes de respaldo.
El presidente Daniel Noboa aseguró que la combinación de generación privada, centrales hidroeléctricas y las dos barcazas contratadas por el Ejecutivo permitirá sostener el suministro durante las semanas de mayor presión sobre el sistema.
Noboa también mencionó el aporte de proyectos hidroeléctricos como Toachi-Pilatón y Baba como parte de la generación disponible. Estas declaraciones corresponden a la previsión del Ejecutivo sobre el abastecimiento y no constituyen una garantía independiente sobre el comportamiento futuro del sistema eléctrico.
Además de los incentivos para atraer inversión privada, el Ejecutivo informó que existen varios proyectos de generación termoeléctrica que entrarían progresivamente en operación hasta abril de 2027.
José Julio Neira señaló que esas iniciativas representarían alrededor de 655 megavatios adicionales de capacidad. El anuncio no significa que los 655 MW estén disponibles inmediatamente, sino que corresponden a proyectos cuya incorporación está prevista de manera progresiva hasta esa fecha.
La incorporación de nueva capacidad será determinante para reducir la presión sobre el sistema eléctrico y complementar la generación hidroeléctrica durante periodos de menor disponibilidad de agua.
Aunque el Gobierno anunció que el IVA y el ISD dejarán de cobrarse desde el 6 de octubre, el detalle de la aplicación será fundamental para determinar quiénes podrán beneficiarse de la medida.
Entre los aspectos que deberán precisarse están las subpartidas arancelarias incluidas, los equipos que podrán acceder al incentivo, los requisitos para demostrar que la importación está vinculada con un proyecto privado de generación o almacenamiento y el procedimiento que deberán seguir las empresas ante las autoridades tributarias y aduaneras.
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador mantiene además listados específicos de subpartidas relacionadas con importaciones de generación energética, por lo que la aplicación práctica del nuevo beneficio deberá coordinarse con la clasificación aduanera correspondiente.
La eliminación del IVA y del ISD constituye una nueva herramienta del Gobierno para intentar acelerar la inversión privada en electricidad. La estrategia combina incentivos tributarios, reducción de tiempos administrativos y promoción de proyectos de autogeneración.
Para las empresas interesadas en construir nuevas centrales o sistemas de almacenamiento, el beneficio puede reducir el costo de adquisición de equipos importados. Para el Estado, el objetivo es que una mayor participación privada contribuya a ampliar la oferta y disminuir la presión sobre el sistema nacional.
El resultado dependerá ahora de la implementación de la medida y de la capacidad de los nuevos proyectos para avanzar desde la etapa de permisos e inversión hasta su entrada efectiva en operación. La publicación de la normativa definitiva permitirá conocer con precisión el alcance del incentivo tributario anunciado para el sector eléctrico.
