La tasa de seguridad declarada ilegal por la CAN abre la puerta a millonarias devoluciones en Ecuador

La decisión de la Comunidad Andina (CAN) de declarar incompatible con la normativa regional la denominada tasa de seguridad aplicada por Ecuador a las importaciones provenientes de Colombia podría convertirse en uno de los conflictos comerciales más importantes de los últimos años para el país.

Más allá del debate jurídico entre ambos gobiernos, la resolución genera efectos inmediatos para cientos de empresas importadoras que durante 2026 pagaron este recargo al nacionalizar mercancías colombianas. Especialistas en comercio exterior consideran que la decisión de la CAN crea una base legal sólida para que los afectados inicien procesos de devolución ante las autoridades ecuatorianas.

El caso también pone sobre la mesa temas sensibles relacionados con la seguridad jurídica, el cumplimiento de compromisos internacionales y la confianza de inversionistas y operadores comerciales que mantienen relaciones de negocio dentro de la región andina.

¿Qué resolvió la Comunidad Andina sobre la tasa de seguridad?

La Secretaría General de la Comunidad Andina concluyó que la tasa de seguridad implementada por Ecuador desde enero de 2026 constituye un gravamen que vulnera los principios del Programa de Liberación Comercial establecido en el Acuerdo de Cartagena.

Este acuerdo es la base del mercado andino y garantiza que los productos originarios de los países miembros puedan circular sin restricciones arancelarias ni cargas equivalentes que afecten la libre competencia dentro del bloque.

Como consecuencia de esta conclusión, la CAN ordenó al Estado ecuatoriano retirar la medida dentro del plazo establecido por el organismo comunitario.

Sin embargo, el Gobierno ecuatoriano decidió impugnar la resolución mediante los mecanismos legales previstos en la normativa andina, manteniendo vigente el cobro mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.

¿La impugnación suspende la obligación de cumplir la resolución?

Uno de los aspectos más relevantes del caso es que la legislación comunitaria andina establece que la presentación de recursos administrativos o judiciales no suspende automáticamente los efectos de una resolución emitida por los órganos competentes de la CAN.

Esto significa que, mientras el proceso continúa en las instancias regionales, la resolución mantiene su vigencia jurídica y sigue produciendo efectos dentro del ordenamiento comunitario.

Expertos en derecho internacional y comercio exterior señalan que las decisiones emitidas por los organismos andinos tienen aplicación directa en los países miembros y forman parte de un sistema supranacional que prevalece sobre disposiciones nacionales incompatibles.

Quiénes pueden solicitar la devolución de los valores pagados

Las empresas importadoras que realizaron operaciones de comercio exterior con mercancías procedentes de Colombia y pagaron la denominada tasa de seguridad podrían estar en posición de reclamar la devolución de esos recursos.

La posibilidad de recuperación no se limita únicamente a grandes compañías. Dependiendo del volumen de operaciones realizadas, también podrían presentar solicitudes:

• Importadores industriales.
• Empresas comercializadoras.
• Distribuidores mayoristas.
• Pequeñas y medianas empresas.
• Personas naturales con actividades de importación.
• Operadores de comercio exterior afectados por el recargo.

La magnitud económica de las devoluciones dependerá del volumen de mercancías importadas y del porcentaje aplicado durante cada periodo de vigencia de la medida.

Cómo iniciar el proceso de reclamación ante el Senae

De acuerdo con especialistas consultados en materia aduanera y tributaria, el primer paso consiste en presentar una solicitud formal de devolución por pago indebido ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae).

Este procedimiento administrativo es fundamental porque permite dejar constancia de la reclamación y agotar las etapas previas exigidas por la legislación ecuatoriana antes de acudir a instancias judiciales.

La documentación normalmente requerida incluye:

• Declaraciones aduaneras de importación.
• Comprobantes de pago de la tasa.
• Documentos de nacionalización de mercancías.
• Certificados de origen cuando corresponda.
• Información contable relacionada con la operación.

Los abogados especializados recomiendan iniciar los trámites lo antes posible para evitar retrasos en eventuales procesos de recuperación de recursos.

¿Qué ocurre si el Senae rechaza la devolución?

Los antecedentes de controversias similares dentro de la Comunidad Andina muestran que una negativa administrativa no necesariamente pone fin al reclamo.

En caso de rechazo, los importadores pueden acudir a la jurisdicción contencioso-tributaria para cuestionar la legalidad del cobro y solicitar la restitución de los montos cancelados.

Durante estas etapas, los jueces nacionales tienen la facultad de solicitar interpretaciones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), cuyas decisiones son obligatorias para los países miembros.

Este mecanismo ha sido utilizado anteriormente en disputas relacionadas con medidas comerciales aplicadas dentro del bloque andino.

El antecedente de 2017 que podría influir en los nuevos reclamos

Uno de los elementos más citados por especialistas es el precedente generado durante una controversia similar ocurrida en 2017.

En aquella ocasión, Ecuador también enfrentó cuestionamientos por medidas comerciales que fueron consideradas incompatibles con los compromisos asumidos dentro de la Comunidad Andina.

Las decisiones posteriores del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establecieron criterios que favorecieron la devolución de valores cobrados indebidamente y reforzaron el principio de que una medida contraria al derecho comunitario es ilegal desde su origen.

Este antecedente podría convertirse en un elemento determinante dentro de los procesos que eventualmente se presenten por la tasa aplicada en 2026.

Impacto económico para el Estado ecuatoriano

La eventual devolución de los valores cobrados podría generar un impacto significativo sobre las finanzas públicas.

Además de los montos originalmente recaudados, los procesos judiciales podrían incorporar intereses, costos procesales y otras obligaciones derivadas de las reclamaciones de los afectados.

Mientras más tiempo permanezcan abiertos los litigios, mayor podría ser la carga económica que enfrente el Estado en caso de que los tribunales ratifiquen la ilegalidad de la medida.

Por esta razón, varios analistas consideran que el conflicto no debe evaluarse únicamente desde una perspectiva jurídica, sino también desde sus implicaciones fiscales y económicas.

Las repercusiones para el comercio entre Ecuador y Colombia

Colombia es uno de los principales socios comerciales de Ecuador dentro de la Comunidad Andina.

El intercambio bilateral abarca sectores estratégicos como alimentos, productos industriales, químicos, textiles, manufacturas, maquinaria y bienes de consumo.

La aplicación de restricciones comerciales genera efectos directos sobre:

• Los costos de importación.
• La competitividad empresarial.
• Los precios al consumidor.
• La integración productiva regional.
• Las cadenas de suministro.
• La confianza de inversionistas.

Por ello, organismos empresariales han insistido en la importancia de preservar las condiciones de libre comercio previstas en los acuerdos andinos.

¿Cómo afecta este caso a la inversión extranjera?

La seguridad jurídica es uno de los factores más observados por inversionistas internacionales al momento de evaluar oportunidades de negocio en cualquier país.

Cuando surgen controversias relacionadas con el cumplimiento de tratados internacionales o decisiones de organismos supranacionales, los mercados suelen analizar cuidadosamente las implicaciones regulatorias y comerciales.

En el caso ecuatoriano, el desenlace de este conflicto podría influir en la percepción de estabilidad normativa que mantienen empresas extranjeras interesadas en operar dentro del país.

Los inversionistas suelen valorar especialmente la previsibilidad de las reglas comerciales, la protección de los derechos adquiridos y el respeto a los compromisos internacionales vigentes.

Qué puede ocurrir en los próximos meses

El futuro de la controversia dependerá de varios factores jurídicos y políticos.

Entre ellos destacan:

• La resolución de los recursos presentados ante la Comunidad Andina.
• Las acciones judiciales que puedan interponer los importadores.
• Las interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
• Las decisiones administrativas que adopte el Senae.
• La evolución de las relaciones comerciales entre Ecuador y Colombia.

Mientras estos procesos avanzan, las empresas afectadas continúan evaluando estrategias legales para recuperar los recursos pagados y proteger sus operaciones comerciales.

Un caso que trasciende el comercio exterior

La controversia sobre la tasa de seguridad ya no se limita a un conflicto técnico entre autoridades aduaneras.

Se ha convertido en un caso emblemático sobre la relación entre el derecho comunitario andino, las políticas comerciales nacionales y la confianza que requieren los mercados para operar con estabilidad.

Si las resoluciones comunitarias son finalmente ratificadas, Ecuador podría enfrentar un escenario de devoluciones millonarias que marcaría un nuevo precedente para el comercio regional.

Al mismo tiempo, el caso servirá como referencia para futuras decisiones relacionadas con aranceles, gravámenes y medidas comerciales que puedan afectar la integración económica dentro de la Comunidad Andina.