El Gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra una red con operaciones en Ecuador que, según el Departamento del Tesoro estadounidense, habría proporcionado apoyo logístico a organizaciones vinculadas con el tráfico internacional de drogas.
Las medidas alcanzan a varias empresas, ocho personas y 10 embarcaciones que Washington identifica como parte de una estructura utilizada para respaldar actividades relacionadas con el narcotráfico.
El anuncio vuelve a poner a Ecuador en el centro de la estrategia estadounidense contra las organizaciones criminales que operan en el país y mantienen conexiones con carteles mexicanos.
Las nuevas medidas están dirigidas contra seis empresas del sector pesquero y una compañía dedicada al transporte de materiales de construcción.
Las entidades señaladas son:
El Departamento del Tesoro también incluyó en las medidas a ocho personas relacionadas con estas compañías.
Entre los sancionados figuran cuatro integrantes de la familia Mero: Alfonso Mero Mero, Edwar Alexis Mero Arcentales, Roberth Alfonso Mero Arcentales y Julio Javier Mero Franco.
Según la acusación estadounidense, estas personas estarían vinculadas con Arcasdenoe y habrían colaborado con Los Choneros, una organización criminal ecuatoriana que Estados Unidos identifica como organización terrorista.
El Departamento del Tesoro sostiene que la red sancionada habría proporcionado diferentes tipos de asistencia logística a embarcaciones rápidas relacionadas con Los Choneros.
Entre los servicios que Washington atribuye a esta estructura están el suministro de combustible, alimentos, atención médica y vigilancia.
De acuerdo con la versión estadounidense, estos recursos habrían permitido mantener operativas embarcaciones utilizadas dentro de las rutas clandestinas del tráfico de drogas.
Es importante precisar que estas son acusaciones formuladas por el Gobierno de Estados Unidos. La inclusión de una persona o empresa en una lista de sanciones no equivale, por sí sola, a una condena penal en Ecuador.
Estados Unidos sostiene que Los Choneros mantienen vínculos con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales mexicanas más importantes.
Washington considera que estas conexiones forman parte de una estructura transnacional que facilita el movimiento de cocaína desde Sudamérica hacia México y posteriormente hacia otros mercados.
La designación de Los Choneros no es nueva. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ya había incorporado a la organización y a su entonces líder José Adolfo Macías Villamar, conocido como “Fito”, a su lista de sanciones en febrero de 2024.
Posteriormente, Estados Unidos también actualizó la clasificación de Los Choneros y Los Lobos, identificándolos como grupos terroristas transnacionales.
Las acusaciones del Tesoro no se limitan a Los Choneros.
Washington afirma que la red sancionada también habría proporcionado apoyo a Los Lobos, otra de las principales organizaciones criminales que operan en Ecuador.
Según la Administración estadounidense, Los Lobos mantienen una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De esta manera, la investigación estadounidense sitúa a empresas y personas radicadas en Ecuador dentro de una estructura que, según sus acusaciones, tendría conexiones con dos importantes organizaciones criminales mexicanas.
Uno de los elementos más importantes de las nuevas sanciones es la inclusión de 10 embarcaciones identificadas por el Tesoro estadounidense como propiedades bloqueadas.
Según Washington, estas embarcaciones estarían relacionadas con el transporte clandestino de cocaína desde Ecuador hacia México.
La utilización de embarcaciones rápidas es especialmente relevante para las redes de narcotráfico que operan en el Pacífico oriental.
Estas rutas permiten trasladar cargamentos desde las costas sudamericanas hacia puntos de recepción en Centroamérica y México, desde donde las organizaciones criminales pueden continuar el traslado hacia Estados Unidos.
Las sanciones son administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una dependencia del Departamento del Tesoro encargada de implementar y hacer cumplir buena parte del régimen de sanciones económicas de Estados Unidos.
Cuando una persona o entidad es incluida en la lista correspondiente, los bienes y activos que se encuentren sujetos a jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, salvo que exista una autorización específica.
En términos prácticos, las propiedades bloqueadas no pueden ser vendidas, transferidas, retiradas o utilizadas libremente en operaciones sujetas a la jurisdicción estadounidense.
La medida también afecta a determinadas transacciones financieras con las personas y empresas designadas.
El alcance de las sanciones estadounidenses no se limita necesariamente al territorio de Estados Unidos.
Una de las razones por las que estas medidas pueden tener impacto internacional es el papel del sistema financiero estadounidense en el comercio global.
Las instituciones financieras y empresas que realizan operaciones internacionales pueden enfrentar riesgos de cumplimiento cuando mantienen relaciones con personas o entidades incluidas en las listas de OFAC.
Esto puede dificultar el acceso a determinados servicios financieros, operaciones comerciales, seguros, transporte y otras actividades vinculadas con el sistema financiero internacional.
Las nuevas sanciones forman parte de una estrategia más amplia de Washington para atacar no solamente a los grupos criminales, sino también a las estructuras económicas y logísticas que les permiten operar.
En lugar de concentrarse únicamente en los líderes de las organizaciones, las autoridades estadounidenses buscan identificar empresas, personas, activos y medios de transporte que presuntamente contribuyen al funcionamiento de las redes.
Esta estrategia tiene un objetivo financiero: dificultar que las organizaciones criminales puedan mover dinero, adquirir bienes, contratar servicios o utilizar empresas para sostener sus operaciones.
La inclusión de varias empresas pesqueras en las nuevas sanciones también refleja la importancia de las actividades marítimas dentro de las investigaciones estadounidenses sobre el tráfico de drogas.
Las operaciones relacionadas con pesca, transporte marítimo y logística pueden proporcionar acceso a embarcaciones, combustible, puertos, suministros y otros recursos necesarios para desplazamientos por mar.
Sin embargo, esto no significa que el sector pesquero ecuatoriano en su conjunto esté involucrado en actividades ilícitas. Las sanciones se dirigen específicamente contra las empresas y personas identificadas por el Gobierno estadounidense.
La distinción es importante para evitar generalizaciones sobre una actividad económica que tiene un peso significativo en las exportaciones y el empleo de Ecuador.
Según la información difundida por Estados Unidos, cuatro de las personas sancionadas pertenecen a la familia Mero y estarían vinculadas con Arcasdenoe.
Washington atribuye a esta estructura una presunta colaboración con Los Choneros.
El Tesoro también identificó a Jimmy Leonidas Alarcón como una persona que controlaría otras de las empresas incluidas en las sanciones.
La medida busca afectar tanto a los individuos señalados como a las estructuras empresariales que, según las autoridades estadounidenses, habrían servido para facilitar las actividades de las organizaciones criminales.
Una red dedicada al tráfico internacional de drogas necesita mucho más que personas dispuestas a transportar cocaína.
Las organizaciones criminales requieren combustible, embarcaciones, mantenimiento, alimentos, comunicaciones, financiamiento, transporte y diferentes servicios para mantener operativas sus rutas.
Precisamente ahí se concentra una parte importante de las nuevas sanciones.
Al identificar a empresas y personas que supuestamente proporcionan esos recursos, Washington intenta aumentar el costo operativo de las organizaciones criminales.
La ubicación geográfica de Ecuador ha convertido al país en un territorio estratégico para las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.
El país se encuentra entre Colombia y Perú, dos de los principales productores mundiales de cocaína, y dispone de una extensa costa sobre el océano Pacífico.
Desde allí, las redes criminales pueden utilizar rutas marítimas para transportar cargamentos hacia Centroamérica y México.
La importancia de Ecuador dentro de estas rutas también ha aumentado la cooperación de las autoridades ecuatorianas con organismos estadounidenses y otros países de la región.
La evolución de las organizaciones criminales ecuatorianas ha dejado de ser un fenómeno exclusivamente nacional.
Los Choneros y Los Lobos han sido señalados por autoridades de distintos países debido a sus conexiones con redes internacionales de narcotráfico.
Estados Unidos formalizó además su clasificación de Los Choneros y Los Lobos dentro de su régimen de organizaciones terroristas, reforzando las herramientas financieras disponibles contra ambas estructuras.
Esta clasificación permite a Washington utilizar mecanismos de sanciones destinados a dificultar el acceso de estas organizaciones al sistema financiero internacional.
El efecto inmediato dependerá de los activos, cuentas, contratos y relaciones comerciales que tengan las personas y empresas sancionadas.
Si existen activos bajo jurisdicción estadounidense, estos quedan sujetos a bloqueo conforme al régimen aplicable.
Además, empresas financieras y comerciales que mantengan relaciones internacionales pueden revisar o suspender determinadas operaciones para evitar exponerse a sanciones estadounidenses.
Esto puede generar un impacto que vaya más allá de los bienes directamente identificados por OFAC.
La diferencia entre una sanción económica y una condena judicial es fundamental para interpretar correctamente la noticia.
OFAC puede designar personas y entidades bajo las facultades que le otorgan las leyes y órdenes ejecutivas estadounidenses. La medida produce consecuencias económicas y financieras, pero no sustituye un proceso penal ante los tribunales.
Por ello, cuando el Departamento del Tesoro afirma que una persona “apoya” o “colabora” con una organización criminal, esa afirmación debe atribuirse a las autoridades estadounidenses mientras no exista una sentencia judicial que establezca responsabilidades.
La nueva ronda de sanciones muestra un cambio importante en la forma en que Washington intenta combatir las redes internacionales de narcotráfico.
El objetivo ya no es únicamente perseguir a los grandes líderes criminales. También se busca identificar las empresas y personas que presuntamente proporcionan la infraestructura necesaria para que las organizaciones puedan funcionar.
En el caso de Ecuador, la medida apunta especialmente a la dimensión marítima de las operaciones atribuidas a Los Choneros y Los Lobos.
La efectividad de estas medidas dependerá en buena parte de la capacidad de las autoridades para identificar activos, bloquear operaciones y evitar que las estructuras sancionadas sean reemplazadas por nuevas empresas o intermediarios.
Las organizaciones criminales suelen utilizar redes empresariales y financieras complejas para ocultar la propiedad real de activos y mantener sus operaciones pese a las restricciones.
Por eso, las sanciones financieras suelen complementarse con investigaciones criminales, decomisos, cooperación internacional y controles sobre las rutas marítimas.
Las nuevas sanciones de Estados Unidos representan otro golpe financiero contra estructuras que Washington acusa de estar vinculadas con el narcotráfico internacional desde Ecuador.
La medida alcanza a siete empresas, ocho personas y 10 embarcaciones, y pone especial atención en los servicios logísticos que, según el Departamento del Tesoro, habrían permitido mantener operativas rutas marítimas utilizadas para el traslado de drogas.
El caso también evidencia la creciente dimensión internacional de la violencia y el narcotráfico en Ecuador. Para Washington, las conexiones entre organizaciones ecuatorianas como Los Choneros y Los Lobos y los grandes carteles mexicanos convierten al país en una pieza relevante dentro de las rutas internacionales de cocaína.
El alcance real de las sanciones dependerá ahora de su capacidad para interrumpir el acceso de las redes criminales a recursos financieros, embarcaciones, empresas y servicios logísticos.
En cualquier caso, la decisión estadounidense deja claro que la estrategia contra el narcotráfico en Ecuador ya no se limita a perseguir cargamentos de droga: también busca golpear las estructuras económicas y empresariales que permiten que esas operaciones funcionen.
