El Gobierno de Ecuador decidió reforzar la vigilancia sobre la comercialización y exportación de material mineralizado procesado con destino a China. La nueva medida introduce controles técnicos antes de que determinadas operaciones puedan avanzar y busca reducir los riesgos asociados con la valoración de los minerales, especialmente cuando existen relaciones entre las partes involucradas o participación estatal extranjera.
La disposición fue establecida mediante el Acuerdo Ministerial 2026-0001, suscrito el 13 de agosto de 2026 por el viceministro de Minas, Galo García. El instrumento establece un procedimiento de muestreo y verificación técnica que deberá ejecutarse antes de la exportación o comercialización interna de material mineralizado procesado que tenga como destino final China.
La medida tiene una implicación económica relevante: el Estado busca comprobar que el valor declarado de los minerales guarde correspondencia con sus características reales y con las condiciones del mercado. Para ello, la calidad y pureza del material deberán ser verificadas antes de que la operación pueda continuar en los casos previstos por la normativa.
La principal modificación consiste en incorporar una revisión técnica previa a determinadas operaciones de comercialización y exportación.
El control no se limita a los embarques internacionales. También alcanza a las operaciones de comercialización interna cuando el material mineralizado procesado vaya a ser posteriormente destinado al mercado chino.
La disposición se aplicará independientemente del régimen aduanero utilizado. Esto significa que no existirá una diferencia entre una exportación bajo el régimen ordinario y una operación realizada mediante un régimen especial.
La condición central es que el material haya sido sometido al proceso correspondiente y que se encuentre dentro del ámbito definido por el acuerdo para operaciones con destino a China.
El acuerdo identifica dos circunstancias que pueden activar el procedimiento reforzado.
La lógica detrás de estos criterios es reducir el riesgo de que las condiciones comerciales de una operación no reflejen adecuadamente el precio que correspondería a las características del mineral en un mercado abierto.
En particular, el acuerdo considera que la participación o control estatal extranjero puede representar un factor de riesgo adicional para la libre formación de precios.
Cuando se determine que una operación encaja en alguno de los supuestos establecidos, la comercialización o exportación quedará suspendida mientras se realizan los controles.
La suspensión se mantendrá hasta que se obtengan los resultados de las muestras y concluya la correspondiente verificación técnica.
Por lo tanto, el procedimiento no se limita a una revisión documental. La autoridad deberá contar con información técnica sobre el contenido del material antes de permitir que la operación continúe.
El control se realizará antes del despacho de exportación o del perfeccionamiento de la operación de comercialización interna.
La Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) será la entidad responsable de ejecutar los controles previstos en el acuerdo.
Su intervención será fundamental porque deberá coordinar la toma de muestras y verificar los resultados técnicos que determinarán las características del material mineralizado.
Las muestras serán analizadas en laboratorios autorizados por la propia agencia. Entre los aspectos que deberán determinarse se encuentran la ley y la pureza del mineral.
En el sector minero, la ley hace referencia a la concentración del mineral de interés económico que contiene un material. Este parámetro es fundamental para determinar el valor potencial de una carga, por lo que una diferencia entre la calidad declarada y la comprobada puede tener consecuencias económicas importantes.
Uno de los elementos más relevantes de la nueva regulación es que los resultados obtenidos en los análisis técnicos tendrán carácter vinculante para la valoración de la operación.
Esto significa que la información obtenida mediante los procedimientos de muestreo y análisis tendrá un papel determinante al momento de establecer el valor correspondiente a la transacción.
La medida busca evitar que el valor declarado de una carga se base únicamente en la información proporcionada por las partes de la operación, sin una comprobación independiente de la composición del material.
El nuevo mecanismo también incorpora una conexión con el sistema de defensa de la competencia.
Si durante los controles aparecen indicios de prácticas que puedan afectar la libre competencia, el Ministerio de Ambiente y Energía deberá remitir los hallazgos a la Superintendencia de Competencia Económica.
La actuación de esta entidad no elimina las competencias que corresponden al Servicio de Rentas Internas (SRI). Por ello, una operación puede generar revisiones desde diferentes ámbitos si existen elementos que justifiquen una investigación.
La importancia de esta disposición radica en que el problema no se limitaría a determinar cuánto vale un cargamento. Si existen indicios de manipulación de precios, relaciones entre empresas u otras prácticas que puedan afectar el mercado, el caso podría trasladarse a otras autoridades.
El acuerdo establece una condición clara para el material comprendido en la nueva regulación: no podrá autorizarse el embarque sin que previamente se hayan tomado las muestras y realizado la verificación técnica correspondiente.
De igual manera, la ausencia de estos controles puede impedir el levante de la mercancía.
En términos prácticos, esto significa que el material no podrá continuar normalmente hacia la exportación si no se ha cumplido el procedimiento establecido.
La falta de los controles previos también constituye una causal para la retención del material hasta que se complete la revisión.
Uno de los objetivos centrales del acuerdo es proteger los recursos que corresponden al Estado por la actividad minera.
La preocupación se relaciona directamente con la valoración de los minerales. Cuando una operación comercial se declara por un valor inferior al que correspondería de acuerdo con las características reales del producto y las condiciones del mercado, también puede reducirse la base sobre la cual se calculan determinados ingresos públicos.
Por ello, la verificación de la ley y pureza adquiere una importancia que va más allá del control aduanero.
El Gobierno busca que exista una correspondencia entre tres elementos: la calidad real del mineral, el valor de la operación y los ingresos que corresponden al Estado.
La decisión adquiere especial relevancia por el peso de China dentro del comercio minero ecuatoriano.
El mercado chino es un destino importante para minerales y concentrados producidos en Ecuador, especialmente para productos vinculados con la minería metálica.
La relación tiene además una dimensión industrial. China cuenta con una enorme capacidad de procesamiento y refinación de minerales, lo que convierte al país asiático en un comprador fundamental para productores de materias primas minerales de distintas partes del mundo.
En Ecuador, proyectos mineros de gran escala también han desarrollado cadenas de exportación orientadas hacia China, especialmente en el caso del cobre.
Esto explica por qué cualquier modificación en los mecanismos de valoración y control de las exportaciones hacia ese mercado puede tener efectos sobre empresas mineras, comercializadoras, operadores logísticos y otros participantes de la cadena.
Un punto importante es que la nueva disposición no establece una prohibición general para exportar material mineralizado a China.
La medida introduce controles adicionales y condiciones técnicas que deben cumplirse antes del embarque o de la culminación de determinadas operaciones comerciales.
Por lo tanto, una empresa que cumpla con los requisitos y permita verificar técnicamente las características de su producto podrá continuar con la operación una vez concluido el procedimiento correspondiente.
El objetivo declarado es aumentar la transparencia y reducir los riesgos asociados con la valoración de los minerales, no cerrar el mercado chino a los productores ecuatorianos.
El nuevo mecanismo puede tener una incidencia particular en operaciones en las que exista algún vínculo entre comprador y vendedor o cuando el comprador final tenga participación estatal extranjera.
Las empresas que realicen operaciones de este tipo deberán considerar que el proceso previo de muestreo y análisis puede convertirse en una etapa necesaria antes de completar la exportación.
Esto podría tener efectos sobre los tiempos logísticos de una carga, especialmente cuando el material se encuentre próximo a una fecha programada de embarque.
Por ello, la planificación de las exportaciones tendrá que incorporar los tiempos necesarios para la toma de muestras, el análisis de laboratorio y la validación de los resultados.
Uno de los problemas que la nueva regulación pretende abordar es el riesgo de que una operación minera sea declarada por un valor que no corresponda a la calidad real del producto comercializado.
La subvaloración puede generar efectos en diferentes áreas. Puede afectar los ingresos fiscales, distorsionar las estadísticas de comercio exterior y generar condiciones de competencia desiguales entre empresas.
Al utilizar análisis técnicos como referencia para la valoración, el Gobierno busca contar con un parámetro objetivo para determinar las características económicas de la mercancía.
La efectividad del mecanismo dependerá, sin embargo, de la calidad del muestreo, la independencia de los análisis, la trazabilidad de las muestras y la capacidad de los laboratorios para procesar las cargas dentro de tiempos compatibles con las operaciones comerciales.
La toma de muestras tendrá una importancia fundamental porque un análisis de laboratorio solo puede ser representativo si la muestra refleja correctamente las características del lote completo.
Por esa razón, el acuerdo dispone que ARCOM desarrolle parámetros técnicos específicos para la aplicación del mecanismo.
El procedimiento deberá definir aspectos como la forma de tomar las muestras, los niveles de concentración que deben considerarse, los análisis requeridos y las condiciones que deberán cumplir los laboratorios autorizados.
Estos detalles serán determinantes para evitar controversias entre las autoridades y los operadores mineros.
El acuerdo establece un plazo de 30 días para que ARCOM emita el instructivo técnico que permitirá poner en práctica las nuevas disposiciones.
Ese documento deberá desarrollar los umbrales de concentración, protocolos de muestreo y demás parámetros operativos necesarios para ejecutar los controles.
Este paso será especialmente importante porque el acuerdo ministerial establece el marco general, pero será el instructivo el que determine buena parte de los procedimientos técnicos que deberán seguir las empresas y los funcionarios.
Mientras estos parámetros se desarrollan, los operadores del sector deberán prestar atención a las instrucciones que emita la autoridad minera para conocer cómo se aplicarán los controles en cada operación.
La nueva regulación busca fortalecer la transparencia y proteger los ingresos públicos, pero también introduce una etapa adicional en el proceso de exportación.
Para las empresas mineras, el tiempo necesario para realizar muestreos y análisis puede convertirse en un factor operativo relevante, particularmente cuando las cargas tienen itinerarios marítimos definidos.
Si el procedimiento no está correctamente coordinado con los procesos aduaneros, existe el riesgo de generar retrasos, costos de almacenamiento o cambios en la programación logística.
Por ello, la implementación del instructivo técnico será clave para determinar si el nuevo sistema consigue combinar un control más riguroso con procesos ágiles para los operadores que cumplen la normativa.
El nuevo acuerdo forma parte de un proceso más amplio de fortalecimiento de los controles sobre el sector minero ecuatoriano.
En los últimos años, las autoridades han reforzado los mecanismos relacionados con la trazabilidad, control, decomiso y disposición del material mineralizado vinculado con actividades ilegales.
En este contexto, la revisión previa de las operaciones destinadas a China incorpora otra dimensión: ya no se trata únicamente de controlar el origen legal del material, sino también de comprobar técnicamente sus características y el valor declarado de determinadas transacciones.
Esto permite al Estado actuar sobre diferentes riesgos a lo largo de la cadena minera: desde la extracción y procesamiento hasta la comercialización y exportación.
Las empresas que comercialicen o exporten material mineralizado procesado con destino a China deberán prestar especial atención a varios elementos.
La anticipación será especialmente importante para evitar que una operación quede suspendida mientras se esperan los resultados de laboratorio.
Si los análisis determinan que la ley o pureza del material difiere de la información utilizada para la operación, los resultados técnicos tendrán consecuencias sobre su valoración.
Además, si durante el proceso aparecen indicios de prácticas que puedan afectar la competencia, los hallazgos podrán ser enviados a la Superintendencia de Competencia Económica.
Dependiendo de la naturaleza de las irregularidades, también podrían intervenir otras autoridades dentro de sus respectivas competencias.
Por ello, el nuevo mecanismo no debe entenderse únicamente como un trámite de laboratorio. Puede convertirse en una herramienta para detectar inconsistencias que posteriormente generen revisiones administrativas, tributarias o relacionadas con la competencia económica.
La decisión del Gobierno introduce un cambio relevante en la forma de controlar determinadas operaciones mineras con destino a China.
El eje de la nueva política será la comprobación técnica de la calidad del mineral antes de que la carga pueda continuar hacia su destino, especialmente cuando existan factores que, según la autoridad, aumenten el riesgo de una formación de precios que no refleje adecuadamente las condiciones del mercado.
La medida combina control minero, valoración comercial, fiscalización y defensa de la competencia. Su aplicación dependerá en buena medida del instructivo que ARCOM deberá emitir en los próximos 30 días.
Para Ecuador, el desafío será garantizar que el mecanismo permita proteger los ingresos públicos y mejorar la transparencia de las operaciones sin convertir el proceso de exportación en una barrera innecesaria para las empresas que cumplen con la normativa.
Para los exportadores, el mensaje es claro: las cargas de material mineralizado procesado con destino a China deberán enfrentar un mayor nivel de revisión antes de salir del país, y la ley y pureza determinadas mediante los controles técnicos tendrán un papel central en la valoración de las operaciones.
