La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) solicitó a la Corte Constitucional del Ecuador que priorice los trámites relacionados con tres acuerdos comerciales suscritos con Estados Unidos, Canadá y Emiratos Árabes Unidos. El sector exportador considera que estos instrumentos pueden ampliar el acceso de los productos ecuatorianos a mercados internacionales y reducir las desventajas frente a países competidores.
El pedido se produce en medio de las expectativas empresariales por avanzar en los procedimientos internos necesarios para la entrada en vigor de los acuerdos. Según el gremio, Ecuador mantiene una cobertura comercial inferior a la de varios países de la región, una diferencia que limita las condiciones preferenciales disponibles para sus exportaciones no petroleras.
La solicitud fue presentada mediante una carta fechada el 20 de octubre de 2026 y firmada por Xavier Rosero, presidente ejecutivo de Fedexpor. El documento estuvo dirigido a Jhoel Escudero, presidente de la Corte Constitucional, y a Karla Andrade, vicepresidenta del organismo.
En la comunicación, el gremio pidió que se otorgue atención prioritaria a la sustanciación y emisión de los dictámenes pendientes, dentro de los plazos y procedimientos establecidos por la Constitución y la legislación ecuatoriana.
La solicitud del sector exportador comprende tres instrumentos internacionales firmados durante 2026. Aunque los acuerdos tienen alcances y procedimientos propios, comparten el objetivo de fortalecer las relaciones económicas de Ecuador con mercados estratégicos.
La firma de estos instrumentos representa una etapa del proceso, pero no significa que sus beneficios se encuentren automáticamente vigentes. Su aplicación depende del cumplimiento de los procedimientos jurídicos correspondientes, incluidos los controles constitucionales y, cuando proceda, la aprobación legislativa y la ratificación.
Uno de los principales argumentos del gremio es la diferencia entre Ecuador y otros países latinoamericanos en materia de acceso preferencial a los mercados internacionales.
Según las cifras citadas por Fedexpor en su comunicación, alrededor del 53 % de las exportaciones no petroleras ecuatorianas cuenta con cobertura de acuerdos comerciales. En contraste, Colombia, Perú y Chile superan el 85 %, de acuerdo con la comparación presentada por la organización.
Esta diferencia puede influir en las condiciones bajo las cuales los productos de cada país ingresan a sus destinos comerciales. Cuando un competidor dispone de preferencias arancelarias que otro exportador no tiene, puede obtener mejores condiciones de acceso, dependiendo del producto, las reglas de origen y los términos específicos de cada acuerdo.
Por ello, Fedexpor sostiene que ampliar la red de instrumentos comerciales permitiría mejorar la competitividad de la oferta ecuatoriana, diversificar los destinos de exportación y generar nuevas oportunidades para las empresas nacionales.
El gremio también destaca la relevancia económica del sector exportador no petrolero. En la carta, señala que esta actividad representa más del 23 % del producto interno bruto (PIB) nacional y genera más de 1,5 millones de empleos directos e indirectos.
Uno de los avances más importantes dentro de estos procesos se produjo con el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el Acuerdo de Comercio Recíproco entre Ecuador y Estados Unidos.
El 16 de octubre de 2026 se emitió el dictamen 1-26-TI/26, mediante el cual la Corte determinó que el instrumento se encuentra comprendido en las causales previstas en los numerales 3 y 6 del artículo 419 de la Constitución ecuatoriana. En consecuencia, estableció que requiere aprobación de la Asamblea Nacional antes de su ratificación.
Estas disposiciones constitucionales contemplan, entre otros supuestos, los tratados que comprometen al Estado a expedir, modificar o derogar leyes y aquellos relacionados con acuerdos de integración y comercio.
El pronunciamiento define, por tanto, la necesidad de intervención del Legislativo en el procedimiento de aprobación del tratado. No significa que el acuerdo haya recibido una validación constitucional definitiva en cuanto a todas sus disposiciones.
La Corte también dispuso la publicación del texto del instrumento en el Registro Oficial y en su portal electrónico, para que los ciudadanos pudieran presentar argumentos a favor o en contra de su constitucionalidad dentro del plazo previsto.
El dictamen fue publicado en la Edición Constitucional número 325 del Registro Oficial, el 16 de octubre de 2026. Según la información reportada al 23 de octubre, el documento todavía no había ingresado formalmente a la Asamblea Nacional, aunque el expediente registraba notificaciones electrónicas dirigidas a autoridades de esa institución y del Registro Oficial.
El acceso al mercado estadounidense es uno de los aspectos centrales de las expectativas empresariales. Cuando se anunció el acuerdo, el Gobierno ecuatoriano destacó que el instrumento permitiría eliminar una sobretasa arancelaria del 10 % que se aplicaba entonces a una parte importante de las exportaciones no petroleras hacia ese destino.
Según las cifras de 2025 citadas en el anuncio gubernamental, la medida comprendía el 53 % de las exportaciones no petroleras ecuatorianas a Estados Unidos, equivalentes a aproximadamente USD 2.786 millones en comercio.
Sin embargo, el escenario arancelario cambió posteriormente. La sobretasa inicial terminó en julio de 2026 y fue sustituida por nuevas medidas arancelarias estadounidenses que incluyeron a Ecuador. En el contexto descrito por la información publicada en octubre, el país enfrentaba una tasa del 10 %, inferior a la aplicada a algunos competidores regionales, como Colombia, para cuyas exportaciones se mencionaba una tarifa del 12,5 %.
Estas condiciones deben analizarse con cautela, ya que los aranceles aplicables pueden variar según las decisiones comerciales de Estados Unidos, las categorías de productos y las disposiciones vigentes. La firma de un acuerdo tampoco implica por sí sola que todos sus beneficios se apliquen de inmediato.
Para los exportadores ecuatorianos, el interés consiste en consolidar condiciones de acceso previsibles que faciliten la planificación de ventas, la negociación de contratos y la competencia con proveedores de otros países.
El acuerdo de libre comercio suscrito con Canadá forma parte de la estrategia ecuatoriana para ampliar su red de relaciones comerciales. La apertura de nuevas oportunidades en ese mercado podría beneficiar a empresas que buscan diversificar sus destinos y reducir la dependencia de un número limitado de compradores.
Un acuerdo comercial puede establecer preferencias arancelarias, reglas de origen y disposiciones para facilitar el intercambio de bienes y servicios. El alcance efectivo de estos beneficios depende de los compromisos incluidos en el texto, de los productos cubiertos y de los procedimientos requeridos para su entrada en vigor.
Para aprovechar las preferencias, los exportadores también deben cumplir las condiciones de origen y los requisitos técnicos, sanitarios o documentales que correspondan a cada mercancía. Por esa razón, la apertura comercial necesita acompañarse de preparación empresarial y coordinación institucional.
Fedexpor considera que avanzar en el trámite del acuerdo con Canadá ayudaría a crear mejores condiciones para la oferta exportable ecuatoriana y a fortalecer las oportunidades de crecimiento de las empresas que participan en el comercio exterior.
El Acuerdo de Asociación Económica Integral con Emiratos Árabes Unidos, conocido como CEPA, es el tercer instrumento incluido en la solicitud de Fedexpor. El tratado se enmarca en los esfuerzos por ampliar las relaciones comerciales de Ecuador con mercados de Oriente Medio.
La diversificación de destinos puede ayudar a las empresas a identificar nuevos compradores, ampliar sus canales de distribución y reducir la concentración de sus ventas en determinados mercados. No obstante, las oportunidades concretas dependen de las condiciones negociadas, de la demanda de cada producto y de la capacidad de los exportadores para cumplir los requisitos de ingreso.
Es importante distinguir este acuerdo comercial del convenio bilateral de promoción y protección recíproca de inversiones entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos, que cuenta con un procedimiento constitucional propio. En abril de 2026, la Corte Constitucional emitió el dictamen 19-25-TI/26A sobre ese instrumento de inversiones, bajo una condición relacionada con su mecanismo de solución de controversias.
Ese antecedente corresponde al acuerdo de inversiones y no debe interpretarse como una aprobación automática del CEPA comercial. Cada tratado debe completar el procedimiento que le corresponda.
La entrada en vigor de un tratado internacional requiere cumplir las etapas establecidas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y en las disposiciones del propio instrumento. La firma expresa el compromiso alcanzado por los representantes de los países, pero no sustituye los procedimientos internos necesarios para su aplicación.
En el caso del acuerdo con Estados Unidos, la Corte Constitucional determinó que es necesaria la aprobación legislativa previa a la ratificación. Además, debe completarse el control constitucional correspondiente sobre el contenido del tratado.
Los otros instrumentos también deben avanzar por sus respectivos procedimientos. Por eso, no es correcto asumir que los tres acuerdos se encuentran exactamente en la misma etapa ni que recibirán una resolución simultánea.
La solicitud de Fedexpor busca que la Corte atienda los procesos relacionados con la apertura comercial con prioridad, respetando los plazos legales y las competencias de cada institución.
La petición de Fedexpor refleja la preocupación del sector exportador por mejorar las condiciones de acceso de los productos ecuatorianos a los mercados internacionales. Para las empresas, disponer de acuerdos comerciales puede representar una herramienta para competir en mejores condiciones, ampliar sus ventas y explorar nuevos destinos.
Sin embargo, los resultados no dependen únicamente de la firma de tratados. También influyen la productividad, los costos de transporte, la calidad de los productos, el cumplimiento de las normas de los mercados de destino y la capacidad de las empresas para responder a la demanda internacional.
En este contexto, la aprobación y posterior aplicación de los acuerdos con Estados Unidos, Canadá y Emiratos Árabes Unidos forman parte de una agenda más amplia de competitividad y diversificación comercial.
La evolución de los trámites constitucionales y legislativos determinará los siguientes pasos de cada instrumento. Mientras tanto, Fedexpor mantiene su pedido de atención prioritaria y sostiene que ampliar la cobertura de acuerdos comerciales es importante para fortalecer las exportaciones no petroleras y las oportunidades de empleo vinculadas con esta actividad.
