Una nueva operación antidrogas volvió a poner bajo la lupa a los puertos de Guayaquil. Agentes de la Policía Nacional localizaron más de 1,2 toneladas de cocaína ocultas en un contenedor que debía salir del país con un cargamento de productos agrícolas con destino a Europa.
El operativo forma parte de los controles que las autoridades ecuatorianas mantienen sobre las exportaciones que salen por vía marítima. La utilización de contenedores de productos de exportación como mecanismo para intentar sacar droga del país constituye uno de los principales desafíos para los organismos de seguridad.
De acuerdo con información difundida por las autoridades, el cargamento incautado supera los 1.200 kilogramos de cocaína. La operación permitió retirar del circuito internacional una cantidad considerable de droga que presuntamente estaba destinada al mercado europeo.
Los datos oficiales difundidos sobre el operativo deben distinguirse de otros decomisos registrados recientemente en los puertos ecuatorianos. En julio, por ejemplo, la Policía reportó el hallazgo de 1,2 toneladas de cocaína en un contenedor con puré de banano que tenía como destino Letonia. En ese caso se localizaron 1.215 paquetes distribuidos en 35 maletas.
Por ello, la información disponible muestra que durante 2026 se han producido varios decomisos de gran escala vinculados con cargas de exportación, aunque no todos corresponden al mismo operativo.
Los puertos ecuatorianos manejan diariamente grandes volúmenes de mercancías destinadas a distintos mercados internacionales. Esa actividad comercial convierte a las terminales marítimas en puntos estratégicos para el comercio exterior, pero también genera un desafío de seguridad debido a la enorme cantidad de contenedores que deben ser controlados.
Las organizaciones criminales intentan aprovechar esa infraestructura para ocultar sustancias ilícitas dentro de mercancías legítimas. Las autoridades, por su parte, utilizan análisis de riesgo, inspecciones físicas, unidades especializadas y equipos caninos para identificar cargamentos sospechosos.
La Policía Nacional ha informado en diferentes operaciones que los controles permiten detectar droga escondida en vehículos, contenedores, cajas de fruta y otros tipos de carga que pretendían salir del país.
El sector exportador de frutas ecuatoriano se ha visto afectado indirectamente por la utilización de sus cadenas logísticas por parte de organizaciones criminales.
El banano es uno de los productos emblemáticos de las exportaciones ecuatorianas y tiene una extensa red de producción, transporte, almacenamiento y embarque. Esa dimensión logística hace que los controles de seguridad deban cubrir diferentes etapas antes de que la carga llegue a los buques.
En mayo de 2026, la Policía informó sobre el decomiso de 1,2 toneladas de cocaína ocultas en cajas de banano que tenían como destino Reino Unido. El procedimiento se realizó en Puerto Bolívar, en Machala, y permitió localizar 1.095 paquetes.
En julio también se reportó otro decomiso de aproximadamente 1,2 toneladas en Guayaquil, esta vez ocultas en 35 maletas dentro de un contenedor cargado con puré de banano y con destino a Letonia.
La sucesión de casos demuestra que el problema no se limita a un único puerto ni a una modalidad exclusiva de ocultamiento.
Las operaciones antidrogas en puertos combinan diferentes mecanismos de control. Entre ellos se encuentran la selección de contenedores basada en perfiles de riesgo, la inspección física de la mercancía y el uso de unidades caninas entrenadas para detectar sustancias sujetas a fiscalización.
En los casos en los que existen indicios, los agentes pueden revisar el contenido del contenedor y tomar muestras para realizar pruebas de identificación. Si el resultado es positivo, la carga queda bajo custodia de las autoridades y se inicia la investigación correspondiente.
La utilización de perros especializados constituye una de las herramientas empleadas por las unidades antinarcóticos para localizar sustancias ilícitas en espacios de carga donde una inspección visual convencional podría no ser suficiente.
Guayaquil concentra una parte importante de la actividad portuaria y comercial del Ecuador. Desde sus terminales se movilizan grandes cantidades de productos destinados a mercados de América, Europa y otras regiones.
La posición geográfica del país también influye en el fenómeno. Ecuador se encuentra entre Colombia y Perú, dos países que figuran entre los principales productores mundiales de cocaína, y dispone de una extensa infraestructura portuaria sobre el océano Pacífico.
La combinación de producción regional de cocaína, rutas marítimas internacionales y grandes volúmenes de comercio convierte al país en un punto relevante dentro de las investigaciones sobre tráfico internacional de drogas.
Un informe de caracterización del crimen organizado elaborado en Ecuador señala que las dinámicas del tráfico en los puertos han cambiado con el tiempo y que diferentes terminales de Guayaquil y Posorja concentran una parte importante de las incautaciones.
La contaminación de contenedores permite a las redes criminales intentar utilizar una cadena logística que ya existe para el comercio legítimo.
En términos generales, el objetivo de estas estructuras es introducir la droga en algún punto del proceso de transporte y retirarla posteriormente en el país de destino. Este tipo de operación puede involucrar a diferentes actores y requiere investigaciones para determinar quiénes participaron y cómo se produjo la contaminación de la carga.
Una de las modalidades conocidas internacionalmente es el denominado “gancho ciego”, en el que una organización intenta introducir paquetes de droga en un contenedor legítimo sin que necesariamente exista participación de la empresa exportadora.
El informe de caracterización del crimen organizado en Ecuador identifica precisamente esta modalidad como una de las utilizadas en las operaciones de tráfico internacional a través de contenedores.
Una incautación de más de una tonelada representa una pérdida significativa para las estructuras dedicadas al tráfico de drogas, especialmente cuando el cargamento es interceptado antes de abandonar el territorio ecuatoriano.
Las autoridades suelen calcular el valor aproximado de las sustancias incautadas en diferentes mercados debido a que el precio de la cocaína cambia de acuerdo con el país, el nivel de distribución y otros factores.
Por esa razón, una misma cantidad de droga puede tener un valor estimado diferente en Ecuador, Estados Unidos o Europa. Estas cifras representan estimaciones del mercado ilícito y no equivalen a ingresos comprobados que hubieran obtenido los responsables.
En febrero de 2026, por ejemplo, la Policía informó sobre un decomiso de 1,24 toneladas de cocaína en Los Ríos y estimó una afectación económica de USD 37,2 millones en el mercado estadounidense y USD 58 millones en el europeo.
La relevancia de Guayaquil para el comercio exterior ecuatoriano explica por qué sus terminales aparecen con frecuencia en investigaciones relacionadas con el tráfico internacional de drogas.
Sin embargo, el fenómeno no se limita a esta ciudad. Puerto Bolívar, en El Oro, también ha registrado importantes incautaciones de cocaína escondida en cargas de exportación.
En mayo de 2026, por ejemplo, un operativo en Puerto Bolívar permitió localizar 1,2 toneladas de cocaína dentro de cajas de banano que tenían como destino Reino Unido.
Esto demuestra que las redes criminales pueden intentar utilizar diferentes puntos de salida y distintas cadenas logísticas para reducir el riesgo de que sus cargamentos sean detectados.
El uso de exportaciones legítimas para intentar transportar droga genera consecuencias que van más allá de las investigaciones policiales.
Los controles adicionales pueden aumentar los tiempos de inspección y generar mayores exigencias para las empresas exportadoras. Además, un contenedor contaminado puede provocar investigaciones sobre la cadena logística involucrada, incluso cuando no exista evidencia de participación de la compañía responsable de la mercancía.
Para los sectores exportadores, uno de los principales desafíos consiste en reforzar la seguridad de sus procesos sin afectar la eficiencia necesaria para mantener la competitividad internacional.
Las autoridades ecuatorianas han reportado numerosos operativos antidrogas durante este año. Hasta finales de mayo, el Ministerio del Interior había informado sobre la incautación de más de 70 toneladas de droga a escala nacional.
Los decomisos incluyen operaciones realizadas en carreteras, ciudades, zonas fronterizas, puertos y espacios marítimos.
El volumen de droga incautada no permite determinar por sí solo el tamaño total del mercado ilegal, porque representa únicamente los cargamentos que fueron detectados por las autoridades. Sin embargo, sí refleja la intensidad de los operativos y la magnitud del desafío que enfrenta Ecuador.
Cuando un cargamento sale de Ecuador con destino a Europa o Norteamérica, la investigación puede involucrar a autoridades de varios países.
El seguimiento de las rutas marítimas, la identificación de empresas y personas vinculadas con los envíos y el intercambio de información entre organismos de seguridad son herramientas importantes para determinar quiénes están detrás de las operaciones.
La cooperación también puede permitir que una investigación no termine con el decomiso del contenedor, sino que continúe para identificar a los responsables de financiar, organizar, transportar y recibir la droga.
Cuando la Policía encuentra una sustancia que presuntamente corresponde a cocaína, el procedimiento continúa con su identificación y pesaje, además de la recolección de indicios relacionados con el caso.
El contenedor, los sellos de seguridad, documentos de transporte, dispositivos electrónicos y otros elementos pueden convertirse en evidencias para la investigación.
La Fiscalía General del Estado interviene en los procesos judiciales relacionados con el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. En casos anteriores, las investigaciones han incluido análisis químicos, revisión de documentos, testimonios de agentes y explotación de información obtenida de dispositivos electrónicos.
El desafío para Ecuador consiste en impedir que las redes criminales utilicen la infraestructura comercial del país sin obstaculizar innecesariamente las exportaciones legales.
La solución requiere controles basados en riesgo, tecnología, inteligencia, capacitación del personal y coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y las autoridades responsables del comercio exterior.
También es importante que las empresas mantengan mecanismos internos de seguridad y trazabilidad para reducir las posibilidades de que terceros introduzcan sustancias ilícitas en sus cadenas logísticas.
El hallazgo de más de una tonelada de cocaína en un contenedor destinado al mercado internacional confirma que los puertos y las cadenas de exportación continúan siendo escenarios prioritarios para las operaciones contra el narcotráfico.
Los casos registrados durante 2026 muestran además que las organizaciones criminales utilizan diferentes productos, contenedores y rutas para intentar sacar droga del país.
La ubicación geográfica de Ecuador, su conexión comercial con mercados internacionales y la dimensión de sus exportaciones agrícolas convierten la seguridad portuaria en un componente esencial de la lucha contra el crimen organizado transnacional.
El decomiso de más de 1,2 toneladas de cocaína en Guayaquil vuelve a evidenciar el intento de las organizaciones criminales de utilizar las rutas comerciales legítimas para transportar droga hacia mercados internacionales.
Los controles antidrogas, las unidades caninas, el análisis de riesgo y las inspecciones físicas son algunas de las herramientas utilizadas para detectar estos cargamentos. Sin embargo, la dimensión del comercio marítimo obliga a las autoridades a combinar estos mecanismos con inteligencia y cooperación internacional.
Los casos registrados en Guayaquil y otros puertos del país durante 2026 también muestran que el problema no está concentrado en una única terminal ni en una sola modalidad de ocultamiento.
Para Ecuador, el desafío es doble: evitar que sus puertos sean utilizados por las redes internacionales de narcotráfico y proteger al mismo tiempo la actividad de sus exportadores legítimos. La capacidad para detectar los cargamentos ilícitos y avanzar desde el decomiso hasta la identificación de las estructuras responsables será determinante en la lucha contra el crimen organizado.
