El nuevo estado de excepción decretado por el Gobierno de Ecuador busca reforzar las operaciones de seguridad frente a organizaciones de delincuencia organizada y delitos como narcotráfico, extorsión, secuestro y homicidio.
La medida fue establecida mediante el Decreto Ejecutivo 498, firmado el 15 de septiembre de 2026 por el presidente Daniel Noboa. La declaratoria tendrá una vigencia de 60 días y comprende ocho provincias y tres cantones.
El escenario también incluye una medida diferenciada: un toque de queda entre las 00:00 y las 05:00 en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, desde el 17 hasta el 30 de septiembre.
El alcance de estas disposiciones genera interrogantes no solo en materia de seguridad ciudadana, sino también sobre sus posibles efectos en las actividades comerciales, las inversiones y el clima empresarial.
El Gobierno argumenta que la situación de seguridad requiere medidas extraordinarias para enfrentar las actividades de grupos de delincuencia organizada que operan en distintas zonas del país.
La declaratoria permite ampliar las acciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en los territorios incluidos en el decreto, dentro de las atribuciones y límites establecidos por la normativa ecuatoriana.
La decisión ocurre en un contexto de violencia criminal que ha afectado especialmente a varias provincias de la Costa y a zonas consideradas estratégicas para las actividades logísticas y comerciales del país.
El Decreto Ejecutivo 498 establece el estado de excepción en las siguientes provincias:
La medida también comprende los cantones de Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; Las Naves, en Bolívar; y La Maná, en Cotopaxi.
La declaratoria contempla la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, mientras que la restricción de la libertad de tránsito se aplica específicamente mediante el toque de queda establecido para cuatro provincias.
El toque de queda no se aplica en todo el territorio incluido en el estado de excepción.
La restricción de movilidad estará vigente en:
El periodo establecido va desde las 00:00 del 17 de septiembre hasta las 23:59 del 30 de septiembre de 2026. Cada día, la restricción operará entre las 00:00 y las 05:00.
Por tanto, las empresas y trabajadores ubicados en estas cuatro provincias deberán considerar la restricción nocturna al momento de planificar operaciones, transporte, distribución y turnos de trabajo.
El impacto sobre la inversión puede analizarse desde diferentes perspectivas y dependerá, entre otros factores, de la duración de las medidas, los resultados de los operativos y las condiciones de cada sector económico.
En el corto plazo, una declaratoria de excepción puede aumentar la percepción de riesgo para determinadas actividades empresariales, especialmente aquellas que dependen de operaciones nocturnas, transporte terrestre, logística, comercio o presencia física en zonas con mayores niveles de violencia.
Las empresas también pueden enfrentar mayores costos relacionados con seguridad privada, seguros, transporte, protocolos de prevención y protección de sus trabajadores o instalaciones.
Sin embargo, existe otro posible efecto. Si las operaciones estatales consiguen reducir la violencia y mejorar las condiciones de seguridad, una mejora sostenida del entorno podría favorecer la actividad empresarial y la confianza de los agentes económicos en el mediano plazo.
La inseguridad no afecta únicamente a las personas. También puede modificar la estructura de costos de compañías que operan en zonas consideradas de riesgo.
Entre los gastos que pueden aumentar están los relacionados con vigilancia, monitoreo de rutas, sistemas de protección, seguros, transporte y medidas destinadas a evitar robos, extorsiones o interrupciones de las operaciones.
Para determinados sectores, el problema también puede trasladarse a las cadenas de suministro. Una empresa puede enfrentar dificultades si proveedores, transportistas o distribuidores tienen restricciones para movilizarse o si determinadas rutas presentan mayores riesgos.
No de manera general. La declaratoria no significa que todas las actividades comerciales, productivas o empresariales queden suspendidas durante los 60 días.
La principal restricción adicional a la actividad cotidiana establecida por el nuevo decreto es el toque de queda en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, durante el horario de 00:00 a 05:00 y por el periodo establecido.
Fuera de ese horario, las actividades económicas continúan sujetas a las reglas ordinarias y a las medidas específicas que determinen las autoridades.
Las empresas, sin embargo, deberán adaptar sus operaciones cuando estas dependan de desplazamientos durante las horas restringidas o cuando estén sujetas a controles de seguridad adicionales.
Los negocios que trabajan durante la madrugada deberán revisar sus horarios, rutas y protocolos internos para cumplir con las disposiciones vigentes.
Entre las actividades que pueden requerir planificación especial están:
Las condiciones y excepciones aplicables deberán verificarse conforme a las disposiciones oficiales y a las instrucciones emitidas por las autoridades competentes.
La situación de seguridad tiene especial importancia para Ecuador debido al peso que tienen sus puertos y corredores logísticos en el comercio exterior.
Guayas, Manabí y El Oro cuentan con infraestructura portuaria relevante para el movimiento de mercancías. Cualquier alteración prolongada de las condiciones de seguridad puede tener efectos sobre transporte, almacenamiento, distribución y exportaciones.
Por esta razón, las empresas vinculadas al comercio exterior siguen de cerca las medidas adoptadas por el Gobierno y su efecto sobre las operaciones logísticas.
Para un inversionista extranjero, la seguridad es uno de los elementos que pueden incorporarse al análisis de riesgo de un país o de un proyecto específico.
Una situación de violencia persistente puede influir en decisiones relacionadas con la ubicación de instalaciones, costos operativos, contratación de personal, transporte y seguros.
Al mismo tiempo, una política de seguridad que consiga mejorar las condiciones de operación podría contribuir a reducir algunos de esos riesgos. El efecto final dependerá de los resultados que produzcan las medidas y de su sostenibilidad en el tiempo.
Por ello, el impacto económico del estado de excepción no puede determinarse únicamente a partir de su declaratoria. Será necesario observar indicadores de violencia, actividad productiva, inversión y funcionamiento de las cadenas logísticas durante y después de la medida.
Los estados de excepción se han convertido en una herramienta recurrente de los gobiernos ecuatorianos para responder a diferentes crisis de seguridad.
En los últimos años se han emitido varias declaratorias relacionadas con violencia criminal, operaciones de grupos armados y otras situaciones consideradas extraordinarias por el Ejecutivo.
El nuevo Decreto 498 se suma a ese historial y vuelve a colocar en el centro del debate la relación entre las medidas extraordinarias de seguridad, la protección de los derechos ciudadanos y las condiciones necesarias para mantener la actividad económica.
Varias de las jurisdicciones incluidas en la nueva declaratoria cumplen funciones relevantes dentro de la economía nacional.
Guayas concentra una parte importante de la actividad comercial y logística del país y alberga el principal núcleo económico de Ecuador.
Manabí y El Oro tienen relevancia para actividades productivas, comerciales y portuarias, mientras que Esmeraldas cuenta con infraestructura estratégica vinculada al comercio y al sector energético.
Pichincha concentra instituciones públicas, servicios y una importante actividad empresarial, mientras que Santo Domingo de los Tsáchilas ocupa una posición estratégica para la conexión terrestre entre distintas regiones del país.
Esta combinación de población, infraestructura, comercio y ubicación convierte a varias de las provincias incluidas en el decreto en territorios relevantes tanto para la seguridad como para la actividad económica.
La evolución de la confianza empresarial dependerá en buena medida de cómo se desarrolle la situación de seguridad durante las próximas semanas y meses.
Una reducción de delitos como extorsión, robo, secuestro y homicidio podría mejorar las condiciones para determinadas actividades productivas. En cambio, una persistencia de la violencia podría mantener elevados los costos asociados a la protección de trabajadores, mercancías e instalaciones.
También será relevante observar si las medidas extraordinarias son acompañadas por políticas de seguridad de largo plazo, fortalecimiento institucional y acciones destinadas a combatir las estructuras criminales.
El estado de excepción establecido mediante el Decreto Ejecutivo 498 tendrá una duración de 60 días.
La fecha y las condiciones de una eventual prórroga dependerán de las decisiones que adopten las autoridades y del marco constitucional y legal aplicable. Por ahora, el decreto establece el periodo señalado sin que ello implique automáticamente una extensión posterior.
El nuevo estado de excepción coloca nuevamente a la seguridad como uno de los principales factores que pueden influir en las condiciones económicas del país.
En el corto plazo, las empresas deberán adaptar determinadas operaciones a las restricciones establecidas, especialmente en las cuatro provincias donde regirá el toque de queda. Para los inversionistas, la evolución de los indicadores de seguridad será un elemento relevante para evaluar riesgos y costos.
Al mismo tiempo, el resultado de las operaciones de seguridad permitirá determinar si las medidas contribuyen a mejorar las condiciones para trabajar, transportar mercancías y desarrollar actividades productivas en los territorios afectados.
El desempeño de la economía durante los próximos meses estará vinculado no solo a la vigencia del estado de excepción, sino también a la capacidad institucional para sostener las condiciones de seguridad y garantizar el funcionamiento de las actividades productivas dentro del marco legal.
