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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el miércoles 21 de enero de 2026 la implementación de una tasa de seguridad del 30% sobre las importaciones provenientes de Colombia, que comenzará a regir a partir del 1 de febrero de 2026. Esta decisión fue comunicada por el mandatario a través de su cuenta oficial en la red social X y responde, según explicó, a una supuesta falta de reciprocidad y de acciones efectivas por parte del Gobierno colombiano en materia de seguridad fronteriza.
Noboa justificó la tasa de seguridad señalando que, pese a los esfuerzos diplomáticos y de cooperación por parte de Ecuador, incluyendo diálogo bilateral y apoyo en materia de seguridad, no se ha observado una respuesta efectiva de parte de Colombia para enfrentar en conjunto problemas como el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común.
El presidente ecuatoriano destacó que su país mantiene un desequilibrio comercial con Colombia que supera los USD 1 000 millones anuales, un factor que, según él, también influye en la decisión de aplicar el arancel.
Además, aseguró que las Fuerzas Armadas ecuatorianas continúan enfrentando a grupos criminales vinculados al narcotráfico en la frontera sin cooperación efectiva de las autoridades colombianas, a pesar de los esfuerzos reiterados para establecer mecanismos conjuntos de acción.
La tasa del 30% se mantendrá en vigor hasta que las autoridades colombianas demuestren un “compromiso real para enfrentar de forma conjunta” el narcotráfico y la minería ilegal en la zona limítrofe. El mandatario ecuatoriano subrayó que esta condición es clave para retirar la medida en el futuro.
La decisión del Gobierno de Ecuador llega en un momento de tensión en las relaciones bilaterales entre ambos países. La relación ha experimentado roces recientemente, incluyendo pronunciamientos políticos entre el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y el presidente colombiano Gustavo Petro, así como discusiones en torno a temas judiciales y de seguridad.
El arancel podría tener implicaciones económicas importantes dada la cercanía comercial entre Ecuador y Colombia, especialmente en rubros clave donde Colombia es proveedor tradicional. La medida no solo afecta las relaciones comerciales, sino que también introduce un elemento de presión política para fortalecer la cooperación en materia de seguridad transfronteriza.
Hasta el momento, las autoridades colombianas han señalado que se encuentran evaluando la medida, sin ofrecer una respuesta oficial concluyente. Este anuncio ocurre en paralelo a otros movimientos de política interna y exterior de ambos gobiernos, que incluyen esfuerzos para controlar el crimen organizado y estabilizar las regiones fronterizas.