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Ecuador ha ejecutado solo una parte del ajuste fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) dentro del programa vigente, según el último informe técnico del organismo multilateral. Hasta el momento, el país ha cumplido aproximadamente el 38% de las metas establecidas para el periodo 2024-2028, dejando pendiente el 62% restante.
El programa económico contempla una corrección total equivalente a 6,6 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), orientada principalmente a reducir el déficit primario no petrolero del Sector Público No Financiero, uno de los principales desequilibrios estructurales de la economía ecuatoriana.
Hasta finales de 2025, el ajuste acumulado alcanzó aproximadamente 2,5 puntos del PIB. El mayor avance se produjo en 2024, cuando se ejecutó un ajuste cercano a 2,2% del PIB, impulsado por reformas tributarias y medidas de contención del gasto.
Entre las acciones más relevantes de ese año se destaca el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que pasó del 12% al 15%, así como la reducción del gasto en bienes y servicios del Estado.
Estas medidas permitieron una mejora inicial en las cuentas fiscales, aunque también generaron efectos sobre el consumo interno y la actividad económica.
En 2025, el ritmo de consolidación fiscal se redujo de manera significativa. Aunque la programación del acuerdo contemplaba un ajuste adicional de 1,3 puntos del PIB, la ejecución efectiva se ubicó en apenas 0,3 puntos, según análisis de economistas y exautoridades del área fiscal.
Esta menor ejecución estaría vinculada principalmente al incremento del gasto público, especialmente en programas sociales, subsidios focalizados y compensaciones asociadas a la reducción gradual de subsidios a los combustibles.
El comportamiento del gasto refleja la tensión entre la necesidad de consolidación fiscal y la presión social por mantener ciertos niveles de protección económica.
De acuerdo con las proyecciones del programa con el FMI, Ecuador aún debe implementar un ajuste equivalente a 4,1% del PIB entre 2026 y 2028 para cumplir con los compromisos adquiridos.
Este esfuerzo pendiente representa la mayor parte del ajuste total y exigirá reformas estructurales tanto en ingresos como en gastos del Estado.
El Fondo Monetario Internacional prevé que una parte importante del ajuste provenga de reformas tributarias y de la optimización del gasto público, con especial énfasis en eficiencia fiscal.
Entre las medidas contempladas dentro del programa se incluyen cambios en la estructura tributaria y en la administración de ingresos fiscales.
Se evalúa la eliminación o reducción de exenciones tributarias, el fortalecimiento del cobro anticipado de impuestos y la limitación del uso de ciertos créditos fiscales que actualmente reducen la carga tributaria efectiva.
También se han planteado ajustes en la tributación del sector minero, considerado un área con potencial de recaudación adicional debido al crecimiento de inversiones en recursos naturales.
En paralelo, el plan incluye medidas de contención del gasto público, como el control de la masa salarial estatal, la revisión de transferencias y subsidios, y la optimización del gasto en bienes y servicios.
El proceso de ajuste fiscal se desarrolla en un contexto de crecimiento económico moderado y recuperación desigual del empleo formal en Ecuador.
La economía ha mostrado tasas de expansión limitadas en los últimos años, afectadas por factores internos como la inseguridad, restricciones fiscales y menor dinamismo de la inversión privada.
En este escenario, el desafío principal es equilibrar la consolidación de las finanzas públicas con la necesidad de sostener la actividad económica y evitar una contracción adicional de la demanda interna.
Analistas económicos advierten que un ajuste demasiado acelerado podría tener efectos negativos sobre el consumo y el empleo, mientras que una implementación lenta podría aumentar la presión fiscal futura.
Las medidas adoptadas hasta ahora han tenido efectos mixtos sobre la economía. Por un lado, han contribuido a mejorar parcialmente los indicadores fiscales y reducir el déficit primario no petrolero.
Por otro lado, el incremento de impuestos indirectos como el IVA ha tenido un impacto en los precios y en el poder adquisitivo de los hogares.
Asimismo, la reducción de subsidios ha generado ajustes en los costos de transporte y producción, con efectos indirectos en la cadena de precios de la economía.
El reto del gobierno es avanzar en el ajuste sin deteriorar de forma significativa las condiciones sociales y económicas de la población.
El programa vigente con el Fondo Monetario Internacional forma parte de una estrategia de estabilidad macroeconómica que incluye financiamiento externo y metas de consolidación fiscal.
Estos acuerdos suelen establecer objetivos trimestrales y revisiones periódicas para evaluar el cumplimiento de las metas estructurales y fiscales.
El cumplimiento parcial del programa puede influir en futuros desembolsos y en la confianza de los mercados internacionales sobre la economía ecuatoriana.
Ecuador ha logrado avances parciales en su proceso de ajuste fiscal, pero aún enfrenta la mayor parte de los compromisos adquiridos con el FMI.
El periodo 2026-2028 será decisivo para determinar si el país logra consolidar sus finanzas públicas sin comprometer su crecimiento económico y estabilidad social.
El equilibrio entre disciplina fiscal, protección social y reactivación económica seguirá siendo uno de los principales desafíos de la política económica ecuatoriana en los próximos años.
