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El sector arrocero ecuatoriano atraviesa una de sus coyunturas más complejas en 2026. Agricultores de provincias como Los Ríos, Guayas, Manabí y Loja han iniciado la cosecha de invierno en un contexto marcado por una fuerte sobreoferta, presión a la baja en los precios y limitaciones en la capacidad de almacenamiento e industrialización.
La situación se explica principalmente por un desbalance entre producción, consumo interno y exportaciones, agravado por el cierre del mercado colombiano, uno de los principales destinos del arroz ecuatoriano.
Uno de los principales detonantes del problema ha sido la interrupción del comercio con Colombia desde marzo de 2026. Este mercado absorbía históricamente entre 80.000 y 100.000 toneladas anuales de arroz ecuatoriano, concentradas en la temporada de mayor cosecha.
Al no poder exportar ese excedente, las piladoras del país han acumulado inventarios que superan los niveles habituales. Según estimaciones del sector industrial, el consumo interno mensual de arroz pilado en Ecuador es de aproximadamente 65.000 toneladas, lo que implica que el país debería manejar inventarios cercanos a 130.000 toneladas. Sin embargo, actualmente la cifra bordea las 260.000 toneladas, equivalente a casi cuatro meses de consumo.
Esta acumulación ha generado saturación en la cadena de procesamiento, limitando la capacidad de las piladoras para recibir nueva producción de la cosecha de invierno.
El exceso de oferta ha provocado una reducción progresiva en el precio del arroz en finca, afectando especialmente a pequeños y medianos productores cuyos costos de producción se ubican entre 26 y 27 dólares por saco de 205 libras.
En muchos casos, el precio de venta ha caído por debajo del punto de equilibrio, generando pérdidas y protestas en zonas productoras como Los Ríos.
Este fenómeno no solo responde al exceso de inventario local, sino también a una tendencia global de caída de precios del arroz debido a la sobreproducción en países como India, Estados Unidos, Brasil y Uruguay, lo que reduce la competitividad del producto ecuatoriano en mercados internacionales.
Ante la presión del sector, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) activó un programa de compra directa de arroz en cáscara a pequeños y medianos productores, con el objetivo de absorber parte del excedente y estabilizar los precios.
En una primera fase, el Estado ha previsto la adquisición de alrededor de 20.000 toneladas, mediante centros de acopio habilitados en provincias como Guayas y Los Ríos.
Los precios establecidos por el Gobierno son de aproximadamente 34 dólares por saco de arroz de grano corto y 36 dólares para grano largo, lo que ha permitido frenar parcialmente la caída del mercado.
Sin embargo, representantes del sector industrial y productivo consideran que este volumen es insuficiente frente a la magnitud del excedente, que podría superar las 400.000 a 600.000 toneladas de arroz en cáscara en la cosecha de invierno.
Mientras el Gobierno sostiene que la intervención debe ser limitada para no distorsionar el mercado, gremios del sector sugieren que la compra estatal debería ampliarse para tener un impacto real en la estabilidad de precios.
Algunos actores proponen que el Estado absorba volúmenes similares a los que se exportaban a Colombia, con el fin de equilibrar el mercado interno y proteger a los productores más vulnerables.
Además, se plantea la posibilidad de utilizar el arroz adquirido como parte de una reserva estratégica alimentaria, que podría ser utilizada en escenarios de emergencia climática como fenómenos de El Niño.
El decreto vigente establece que el arroz comprado podrá almacenarse como reserva estratégica y eventualmente ser comercializado en el futuro, dependiendo de las condiciones del mercado.
Sin embargo, no existe un plazo definido para su venta, lo que implica que el grano podría permanecer almacenado durante al menos un año, según los contratos de custodia.
Este mecanismo busca garantizar la seguridad alimentaria y permitir una futura regulación de precios en caso de escasez o crisis de abastecimiento.
Las estimaciones sobre la producción de arroz de invierno varían entre actores institucionales y gremiales. Mientras el Ministerio de Agricultura proyecta alrededor de 434.000 toneladas de arroz en cáscara, el sector industrial estima cifras cercanas a las 600.000 toneladas.
Estas diferencias reflejan la dificultad de planificar el mercado agrícola en un contexto de alta volatilidad y dependencia de factores externos como el comercio internacional y las condiciones climáticas.
La crisis del arroz tiene efectos directos en la economía rural, afectando ingresos de miles de familias productoras y generando presión sobre el sistema de comercialización agrícola.
La falta de liquidez en las piladoras, sumada a la saturación de inventarios, limita la capacidad de compra y procesamiento, lo que agrava aún más la caída de precios en origen.
Si la situación se prolonga, podría generarse una reducción de la inversión en el sector agrícola, afectando la sostenibilidad de la producción arrocera en el mediano plazo.
Entre las alternativas discutidas por el sector se encuentran la reapertura del mercado colombiano, la diversificación de destinos de exportación y la búsqueda de nuevos acuerdos comerciales.
Sin embargo, expertos advierten que la competencia internacional en el mercado del arroz es alta y que los costos de producción en Ecuador dificultan su posicionamiento en otros mercados.
En este contexto, el reto principal será lograr un equilibrio entre producción, consumo interno y capacidad de exportación, evitando nuevas crisis de sobreoferta en los próximos ciclos agrícolas.
La sobreoferta de arroz en Ecuador en 2026 evidencia las vulnerabilidades estructurales del sector agrícola frente a la dependencia de mercados externos y la falta de capacidad de absorción interna.
La intervención estatal ha permitido contener parcialmente la caída de precios, pero el problema de fondo requiere soluciones estructurales vinculadas a comercio exterior, productividad y planificación agrícola.
El futuro del sector dependerá de la capacidad de articular políticas públicas, apertura de mercados y eficiencia en la cadena de valor del arroz.
