Ecuador se prepara para una nueva evaluación de su programa económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El próximo 15 de septiembre de 2026, el organismo analizará el cumplimiento de las metas establecidas para el país con corte a junio de este año.
La sexta revisión es especialmente relevante porque de su aprobación depende un nuevo desembolso cercano a los USD 394 millones. Para acceder a esos recursos, el Gobierno debe demostrar que alcanzó los objetivos fiscales, monetarios y sociales acordados con el organismo internacional.
El programa contempla una serie de criterios cuantitativos de desempeño y metas indicativas que permiten al FMI medir la evolución de las cuentas públicas, las reservas internacionales, el endeudamiento y la cobertura de los programas sociales.
El Directorio Ejecutivo del FMI tiene previsto evaluar el cumplimiento del programa económico ecuatoriano el 15 de septiembre de 2026, tomando como referencia los resultados registrados hasta junio.
La revisión forma parte del acuerdo firmado entre Ecuador y el organismo multilateral en 2024, posteriormente ampliado y recalibrado durante 2025 y 2026.
Si el Directorio considera que Ecuador cumplió las condiciones acordadas, el país podrá avanzar hacia el siguiente desembolso previsto dentro del programa.
El desembolso asociado a esta etapa del programa se ubica en alrededor de USD 394 millones.
Estos recursos forman parte del financiamiento comprometido por el FMI dentro del acuerdo de servicio ampliado que mantiene Ecuador con el organismo.
El dinero no se entrega automáticamente. Cada desembolso está condicionado a las revisiones periódicas mediante las cuales el Fondo determina si el país está cumpliendo los compromisos establecidos en el programa económico.
El programa establece objetivos relacionados principalmente con las cuentas fiscales, las reservas internacionales, la relación financiera entre el Banco Central del Ecuador (BCE) y el sector público, y la protección social.
Para la revisión con corte a junio de 2026, el Gobierno debe demostrar el cumplimiento de varios indicadores establecidos en la matriz del programa.
Uno de los principales indicadores fiscales corresponde al balance primario no petrolero del Presupuesto General del Estado (PGE).
Este indicador mide la diferencia entre los ingresos y gastos públicos antes del pago de intereses de la deuda y excluyendo los ingresos provenientes del petróleo.
Para junio de 2026, el déficit de este balance no debería superar los USD 366 millones.
Otro de los parámetros que deberá revisar el FMI es el resultado global del PGE.
La meta establece que el déficit global del Presupuesto General del Estado debe mantenerse por encima de los USD -1.610 millones.
Este indicador incorpora una visión más amplia de las cuentas presupuestarias porque considera el resultado fiscal incluyendo el pago de intereses.
El FMI también analiza las cuentas del Sector Público No Financiero (SPNF), que permiten observar la situación fiscal de un conjunto más amplio de instituciones públicas.
Para junio, la meta establece un déficit global máximo de aproximadamente USD 225 millones.
El cuarto indicador fiscal relevante corresponde al balance primario no petrolero del Sector Público No Financiero.
En este caso, el límite establecido permite un déficit de hasta USD 1.854 millones.
Este indicador tiene especial importancia porque incorpora el efecto de los subsidios a los combustibles dentro de las cuentas del sector público.
El programa con el FMI también establece compromisos relacionados con la liquidez y las reservas internacionales del país.
Uno de los objetivos consiste en incrementar en al menos USD 348 millones las reservas internacionales netas.
Las reservas son fundamentales para fortalecer la capacidad financiera del país y, en una economía dolarizada como la ecuatoriana, tienen una importancia adicional para respaldar la liquidez del sistema.
Otro de los compromisos establece que el sector público no financiero debe acumular al menos USD 100 millones adicionales en depósitos en el Banco Central del Ecuador.
El cumplimiento de esta meta forma parte de los indicadores monetarios que serán considerados durante la revisión.
El programa establece además una condición relacionada con los pagos de la deuda externa del sector público.
Ecuador no debe generar nuevos atrasos en sus obligaciones externas durante el período evaluado.
Este criterio busca garantizar que el Estado mantenga una adecuada disciplina de pagos y reduzca los riesgos asociados con eventuales incumplimientos frente a acreedores internacionales.
Otro de los compromisos del programa es evitar cualquier nuevo financiamiento directo o indirecto del Banco Central del Ecuador al Gobierno.
Esta condición forma parte de las medidas destinadas a preservar la independencia financiera del BCE y limitar mecanismos mediante los cuales el sector público pueda obtener recursos del banco central.
En una economía dolarizada, el manejo de las reservas y de la liquidez del Banco Central adquiere especial importancia dentro del programa acordado con el FMI.
El cumplimiento del programa no se limita a los indicadores fiscales y monetarios. Ecuador también debe demostrar avances en materia de protección social.
La meta establece que al menos 1.335.219 familias pertenecientes a los tres primeros deciles de ingresos deben recibir transferencias monetarias del Estado.
Este indicador busca comprobar que las medidas de ajuste fiscal estén acompañadas por mecanismos de protección dirigidos a los hogares de menores ingresos.
De acuerdo con los datos publicados por el propio FMI, en enero de 2026 la cobertura alcanzaba alrededor de 1.332.219 familias, por lo que el Gobierno deberá acreditar una ampliación de la cobertura para alcanzar el objetivo establecido.
La revisión anterior mostró que Ecuador todavía enfrentaba dificultades para alcanzar algunos de los objetivos fiscales pactados con el organismo.
En abril de 2026, el FMI aprobó la quinta revisión y concedió exenciones formales que permitieron mantener vigente el programa pese al incumplimiento de cuatro metas fiscales con corte a enero.
Las desviaciones estuvieron relacionadas con los balances primarios y globales tanto del Presupuesto General del Estado como del Sector Público No Financiero.
El FMI identificó varios factores detrás de los resultados fiscales de comienzos de 2026.
Estos factores afectaron el resultado fiscal y provocaron desviaciones respecto de los objetivos establecidos inicialmente en el programa.
Después de conceder las exenciones, el FMI modificó algunos parámetros del programa para incorporar las medidas adoptadas por el Gobierno ecuatoriano.
Entre las acciones consideradas estuvieron las medidas tributarias implementadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI) durante febrero y marzo de 2026 y el nuevo régimen fiscal aplicable al sector minero, vigente desde diciembre de 2025.
La recalibración permitió actualizar las metas del programa tomando en cuenta el nuevo escenario fiscal y las medidas implementadas por Ecuador.
El acuerdo entre Ecuador y el FMI fue suscrito en mayo de 2024 por un período de 48 meses y contempló financiamiento cercano a USD 5.000 millones.
Posteriormente, el programa fue ampliado en julio de 2025, modificando el marco financiero y los compromisos asociados.
Hasta abril de 2026, Ecuador había recibido alrededor de USD 3.700 millones dentro de este programa, de acuerdo con la información disponible del organismo.
El eventual desembolso de septiembre elevaría el financiamiento recibido dentro del programa, siempre que el Directorio del FMI apruebe la sexta revisión.
La evaluación del FMI tiene importancia más allá del desembolso de USD 394 millones.
El cumplimiento de las metas funciona como una señal sobre la evolución de las finanzas públicas ecuatorianas y sobre la capacidad del Gobierno para ejecutar el programa económico acordado.
Una aprobación puede contribuir a mantener el acceso a financiamiento multilateral y mejorar la percepción de los mercados sobre la situación fiscal del país. En cambio, un incumplimiento puede obligar a Ecuador a solicitar nuevas modificaciones, exenciones o ajustes dentro del programa.
| Área | Meta a junio de 2026 |
|---|---|
| Balance primario no petrolero del PGE | Déficit máximo de USD 366 millones |
| Balance global del PGE | Por encima de USD -1.610 millones |
| Balance global del SPNF | Déficit máximo de USD 225 millones |
| Balance primario no petrolero del SPNF | Déficit máximo de USD 1.854 millones |
| Depósitos del SPNF en el BCE | Acumulación mínima de USD 100 millones |
| Reservas internacionales netas | Incremento mínimo de USD 348 millones |
| Atrasos de deuda externa | No generar nuevos atrasos |
| Financiamiento del BCE al Ejecutivo | No realizar nuevo financiamiento directo o indirecto |
| Protección social | Al menos 1.335.219 familias beneficiarias |
El escenario principal es que el Directorio del FMI determine que Ecuador cumplió las condiciones necesarias y autorice el desembolso correspondiente.
Si existen incumplimientos, el Gobierno podría requerir una nueva evaluación de las metas, modificaciones al programa o exenciones, dependiendo de la naturaleza y magnitud de las desviaciones.
La experiencia de la quinta revisión demuestra que un incumplimiento no necesariamente significa la cancelación inmediata del programa. El Directorio puede conceder exenciones cuando considera que existen razones suficientes y que el programa continúa siendo viable.
Ecuador llegará a septiembre de 2026 ante una nueva prueba de su programa económico con el FMI. La sexta revisión, prevista para el 15 de septiembre y con información fiscal y económica correspondiente a junio, será determinante para definir si el país accede a un desembolso cercano a USD 394 millones.
Los principales desafíos están concentrados en las cuentas fiscales, el nivel de reservas internacionales, los depósitos del sector público en el Banco Central, el manejo de la deuda externa y la cobertura de los programas de transferencias para los hogares de menores ingresos.
La revisión también permitirá evaluar si las medidas adoptadas por el Gobierno después de los incumplimientos registrados a comienzos de 2026 fueron suficientes para corregir las desviaciones.
Más allá de los recursos que Ecuador podría recibir, el resultado de la evaluación será una señal relevante sobre la situación fiscal del país y la continuidad del programa económico acordado con el organismo multilateral.
