La reforma tributaria aprobada por Estados Unidos en julio de 2025 introduce modificaciones importantes en las reglas de tributación internacional y redefine aspectos de la planificación fiscal de las empresas multinacionales. Los cambios, incluidos en la Ley Pública 119-21, conocida como One Big Beautiful Bill Act, afectan principalmente el tratamiento de las rentas obtenidas por filiales extranjeras de compañías estadounidenses y los pagos realizados entre entidades vinculadas de distintos países.
Entre las principales modificaciones se encuentran la sustitución del régimen GILTI por el denominado NCTI (Net CFC Tested Income), la eliminación de la deducción relacionada con los activos tangibles QBAI y los ajustes al impuesto BEAT (Base Erosion and Anti-Abuse Tax). Aunque estas disposiciones forman parte del sistema tributario estadounidense, sus consecuencias pueden extenderse a las relaciones comerciales y financieras con economías como la ecuatoriana.
Para Ecuador, el alcance de esta reforma debe analizarse desde una perspectiva empresarial y comercial. Las compañías que mantienen relaciones con grupos económicos estadounidenses podrían experimentar cambios en sus estructuras de contratación, financiamiento, inversión y prestación de servicios internacionales. Sin embargo, esto no significa que las exportaciones ecuatorianas estén sujetas automáticamente a nuevos impuestos por efecto de esta legislación.
El 4 de julio de 2025, Estados Unidos promulgó la Ley Pública 119-21, que incorporó una serie de modificaciones al sistema tributario federal. Una parte importante de esta legislación está dirigida a las normas que regulan los ingresos obtenidos en el extranjero por corporaciones estadounidenses y las operaciones económicas realizadas con entidades relacionadas fuera del país.
La reforma modifica disposiciones que habían sido introducidas o desarrolladas a partir de la Tax Cuts and Jobs Act de 2017. Su objetivo normativo incluye ajustar los mecanismos de tributación de las rentas internacionales, modificar las deducciones aplicables y establecer nuevas condiciones para determinados beneficios fiscales.
Dos instrumentos concentran buena parte de la atención empresarial: el NCTI, que determina el tratamiento fiscal de determinados ingresos de compañías extranjeras controladas por sociedades estadounidenses, y el BEAT, que establece un impuesto adicional para ciertas corporaciones estadounidenses que realizan pagos deducibles a entidades extranjeras relacionadas.
Estas disposiciones tienen características y contribuyentes diferentes. Por eso, resulta fundamental distinguir sus mecanismos antes de evaluar sus posibles consecuencias para Ecuador.
Uno de los cambios estructurales de la reforma es la sustitución del régimen GILTI (Global Intangible Low-Taxed Income) por el NCTI (Net CFC Tested Income). Esta modificación afecta la forma en que Estados Unidos calcula determinados ingresos obtenidos por sus corporaciones controladas en el extranjero.
El régimen GILTI fue establecido para evitar que las empresas estadounidenses trasladaran determinados ingresos a subsidiarias extranjeras con baja tributación y redujeran considerablemente su obligación fiscal en Estados Unidos. Su funcionamiento contemplaba una metodología que permitía excluir de la base de cálculo una rentabilidad presunta equivalente al 10 % de ciertas inversiones en activos tangibles utilizados en el extranjero, conocida como QBAI (Qualified Business Asset Investment).
Con la nueva legislación, esa exclusión desaparece. En consecuencia, los ingresos de las corporaciones extranjeras controladas que anteriormente podían beneficiarse del tratamiento asociado al rendimiento de activos tangibles pasan a tener un tratamiento más amplio dentro del cálculo del NCTI.
La eliminación de QBAI representa uno de los cambios más relevantes para las multinacionales con operaciones productivas fuera de Estados Unidos. Bajo el esquema anterior, la rentabilidad presunta de determinados activos físicos podía quedar excluida del cálculo del GILTI. La nueva normativa elimina ese tratamiento, ampliando el universo de ingresos que pueden quedar sujetos a tributación bajo la sección 951A del Código de Rentas Internas estadounidense.
Esto significa que las decisiones de inversión en infraestructura, maquinaria, instalaciones industriales y otros activos productivos en el extranjero deberán evaluarse considerando un tratamiento fiscal diferente al que existía anteriormente.
La reforma también modifica la deducción contemplada en la sección 250 del Código de Rentas Internas. Para los ejercicios fiscales que comiencen después del 31 de diciembre de 2025, la deducción aplicable al NCTI pasa del 50 % al 40 %, de acuerdo con la nueva legislación.
En términos generales, estos cambios modifican la carga tributaria efectiva de determinadas empresas estadounidenses con subsidiarias extranjeras. No obstante, el resultado final depende de factores como los impuestos pagados en otros países, los créditos fiscales disponibles, la estructura societaria y las características de los ingresos obtenidos.
El impacto potencial para Ecuador se relaciona principalmente con las decisiones de inversión y organización empresarial de grupos económicos estadounidenses que mantienen operaciones en el país.
Una compañía estadounidense con una subsidiaria ecuatoriana deberá revisar cómo los ingresos generados por esa entidad se incorporan al cálculo de sus obligaciones tributarias en Estados Unidos. La eliminación de QBAI puede modificar la rentabilidad fiscal de determinados proyectos productivos y alterar la comparación entre distintas alternativas de inversión internacional.
Esto podría influir en las decisiones de localización de capital, expansión industrial, financiamiento y distribución de beneficios. Sin embargo, no implica necesariamente que las multinacionales vayan a abandonar Ecuador o trasladar todas sus actividades a territorio estadounidense. La competitividad de una inversión también depende de factores como costos laborales, disponibilidad de materias primas, logística, infraestructura, productividad y acceso a mercados.
El segundo componente importante de la reforma es el impuesto BEAT (Base Erosion and Anti-Abuse Tax), un mecanismo diseñado para limitar la reducción de la base imponible estadounidense mediante determinados pagos deducibles realizados a entidades extranjeras vinculadas.
Este impuesto se aplica a determinadas corporaciones estadounidenses que cumplen requisitos específicos de ingresos y proporción de pagos considerados erosionadores de la base tributaria. Entre las operaciones que pueden entrar en su ámbito se encuentran ciertos pagos por intereses, regalías, servicios y adquisiciones de activos depreciables o amortizables realizados a partes relacionadas en el extranjero.
Uno de los requisitos generales para ser considerado contribuyente sujeto al BEAT es registrar ingresos brutos promedio de al menos 500 millones de dólares durante el período de tres ejercicios fiscales establecido por la normativa. También se exige que el porcentaje de erosión de la base imponible alcance el umbral legal correspondiente, que generalmente es del 3 %, con reglas particulares para determinados sectores.
Por lo tanto, no todas las empresas estadounidenses que contratan servicios en el extranjero están sujetas a este impuesto. La aplicación del BEAT depende de las características del contribuyente, la naturaleza de los pagos, la relación entre las partes y las condiciones establecidas en el Código de Rentas Internas.
La Ley Pública 119-21 modificó la tasa del BEAT al establecer un porcentaje del 10,5 % para los ejercicios fiscales que comiencen después del 31 de diciembre de 2025. Esta disposición reemplaza el incremento al 12,5 % que estaba previsto en la legislación anterior para esos ejercicios.
La modificación es importante porque mantiene el BEAT como un componente de la tributación corporativa estadounidense, pero establece una tasa inferior a la que habría correspondido bajo el calendario normativo previo. En consecuencia, no sería correcto interpretar esta reforma como un incremento general de la tasa BEAT respecto de todos los períodos anteriores.
El cálculo del impuesto se realiza mediante una comparación entre la obligación tributaria regular y el importe calculado sobre la renta imponible modificada, considerando los ajustes y créditos permitidos por la legislación.
El impacto potencial para Ecuador aparece cuando una compañía estadounidense realiza pagos a una entidad ecuatoriana que forma parte de su mismo grupo empresarial y esos pagos cumplen las condiciones para ser considerados operaciones sujetas al BEAT.
Por ejemplo, una empresa estadounidense podría contratar servicios administrativos, tecnológicos, de consultoría o asistencia técnica a una subsidiaria o compañía relacionada ubicada en Ecuador. También pueden existir operaciones de licenciamiento de propiedad intelectual, financiamiento intragrupo y otros conceptos contemplados por la normativa.
Si la corporación estadounidense reúne los requisitos para estar sujeta al BEAT, determinados pagos podrían incrementar su base imponible modificada y afectar el cálculo de su obligación tributaria adicional. Esto podría motivar revisiones en las condiciones contractuales, los precios de transferencia o la estructura de las operaciones internacionales.
Sin embargo, es importante precisar que el BEAT no constituye un impuesto que se cobre directamente a la empresa ecuatoriana por recibir una transferencia desde Estados Unidos. El contribuyente del impuesto es la corporación estadounidense que cumple las condiciones legales. Cualquier repercusión económica sobre el proveedor extranjero dependerá de las decisiones comerciales y contractuales de las partes.
La reforma también refuerza la importancia de revisar las políticas de precios de transferencia dentro de los grupos multinacionales. Estas normas buscan que las operaciones entre empresas relacionadas se realicen bajo condiciones comparables a las que habrían acordado partes independientes en circunstancias similares.
Para las compañías ecuatorianas que mantienen relaciones comerciales con matrices, subsidiarias o empresas vinculadas en Estados Unidos, será importante documentar adecuadamente la prestación de servicios, la utilización de activos intangibles, las operaciones financieras y los criterios utilizados para establecer los precios.
Una estructura contractual que no refleje adecuadamente la naturaleza de los servicios o que no cuente con documentación suficiente puede generar controversias tributarias en las jurisdicciones involucradas.
En este contexto, las multinacionales podrían revisar sus contratos de asistencia técnica, licencias de marcas, servicios administrativos y financiamiento intragrupo para evaluar sus efectos fiscales tanto en Estados Unidos como en los países donde operan.
Para Ecuador, esto representa una oportunidad para fortalecer la transparencia de las operaciones internacionales y mejorar las prácticas de cumplimiento tributario de las empresas que participan en cadenas de valor globales.
Estados Unidos constituye uno de los mercados comerciales más importantes para Ecuador. Por esta razón, cualquier modificación que afecte las decisiones de inversión, financiamiento o contratación de las empresas estadounidenses merece atención por parte de los exportadores nacionales.
Según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), el intercambio bilateral de bienes alcanzó aproximadamente 17.600 millones de dólares en 2025. Las importaciones estadounidenses procedentes de Ecuador sumaron alrededor de 9.000 millones de dólares, mientras que las exportaciones estadounidenses hacia el mercado ecuatoriano llegaron a aproximadamente 8.500 millones de dólares.
Esta relación comercial involucra sectores como petróleo, camarón, banano, cacao, atún, flores y productos agroindustriales, además de actividades de servicios, transporte, logística y financiamiento.
Es necesario distinguir que el NCTI y el BEAT no son aranceles aplicados a las mercancías ecuatorianas que ingresan a Estados Unidos. Tampoco establecen un gravamen general sobre las importaciones provenientes de Ecuador. Su efecto potencial se encuentra en la estructura tributaria de determinadas corporaciones y en las operaciones entre partes relacionadas.
Los exportadores ecuatorianos de camarón, banano, cacao y otros productos agrícolas podrían experimentar efectos indirectos si sus compradores estadounidenses forman parte de grupos multinacionales con operaciones internacionales sujetas a las nuevas disposiciones.
Por ejemplo, un importador estadounidense que pertenece a un grupo empresarial internacional podría revisar sus contratos de distribución, financiamiento y servicios compartidos. Estos cambios podrían modificar determinados costos operativos o las condiciones de negociación con proveedores extranjeros.
No obstante, la compra de camarón, banano o cacao a un exportador ecuatoriano independiente no genera por sí misma una obligación de pagar BEAT. Para que exista una operación relevante bajo este régimen deben cumplirse las condiciones legales correspondientes, particularmente las relacionadas con pagos a entidades extranjeras vinculadas.
El sector de servicios merece especial atención porque sus operaciones pueden involucrar pagos internacionales por consultoría, desarrollo tecnológico, soporte informático, administración, ingeniería y asistencia especializada.
Las empresas ecuatorianas que prestan estos servicios a filiales o compañías relacionadas con grupos estadounidenses deberán revisar sus estructuras contractuales y la naturaleza de los vínculos societarios con sus clientes.
La diferenciación entre operaciones con terceros independientes y transacciones entre partes relacionadas es fundamental para determinar si existe exposición a las disposiciones del BEAT.
Las modificaciones al NCTI también pueden influir en la evaluación de proyectos de inversión de multinacionales estadounidenses en Ecuador. La eliminación de la exclusión asociada a QBAI cambia el tratamiento fiscal de los rendimientos relacionados con activos tangibles en subsidiarias extranjeras.
Este aspecto puede ser relevante para inversiones en plantas industriales, instalaciones de procesamiento, infraestructura logística, producción agrícola, acuicultura y otros proyectos que requieren capital significativo.
Las empresas deberán considerar no solamente la rentabilidad operativa de sus inversiones, sino también la interacción entre los impuestos pagados en Ecuador y las obligaciones fiscales que puedan generarse en Estados Unidos.
La nueva legislación no establece una reducción automática de las exportaciones ecuatorianas, pero sí introduce elementos que las empresas deben incorporar en sus evaluaciones comerciales y financieras.
Las empresas que mantienen relaciones con multinacionales estadounidenses podrían enfrentar solicitudes de revisión de contratos relacionados con servicios, regalías, financiamiento y asistencia técnica. Resultará importante determinar si las modificaciones fiscales pueden alterar los costos o las condiciones económicas de las operaciones.
Las operaciones entre compañías relacionadas requieren información que permita justificar los precios pactados, la prestación efectiva de servicios y la distribución de funciones, activos y riesgos. Una documentación adecuada puede reducir contingencias y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en ambas jurisdicciones.
Algunas multinacionales podrían evaluar cambios en la ubicación de determinadas funciones, la distribución de sus operaciones o la estructura de sus subsidiarias. Estas decisiones dependerán de la rentabilidad de cada mercado y de la interacción entre los distintos sistemas tributarios.
Si una empresa estadounidense identifica mayores costos fiscales en determinadas operaciones internacionales, podría intentar renegociar precios, condiciones de pago o responsabilidades contractuales. Sin embargo, cualquier traslado de costos hacia proveedores ecuatorianos dependerá del poder de negociación, la competencia y las condiciones particulares del mercado.
Los cambios tributarios también pueden generar oportunidades para países que cuentan con capacidad productiva, acceso a mercados y condiciones competitivas para atraer inversión extranjera.
Cuando las decisiones empresariales dependen menos de determinadas ventajas fiscales, adquieren mayor importancia factores como la eficiencia productiva, la calidad de los bienes, la estabilidad de los proveedores, la infraestructura y la capacidad logística.
Ecuador puede fortalecer su posición mediante mejoras en la productividad de sus sectores exportadores, la incorporación de tecnología y el desarrollo de productos con mayor valor agregado.
La evolución de las reglas internacionales impulsa a las compañías a mejorar sus sistemas de control interno, documentación financiera y cumplimiento tributario. Para las empresas ecuatorianas, adoptar estándares sólidos de transparencia puede facilitar su incorporación a cadenas de suministro de multinacionales y fortalecer la confianza de los inversionistas.
La ubicación geográfica, la disponibilidad de recursos naturales, la producción agroindustrial y la experiencia exportadora son elementos que Ecuador puede aprovechar para captar inversiones orientadas a actividades económicas reales.
Los sectores acuícola, agrícola, alimentario, florícola y de procesamiento de materias primas pueden encontrar oportunidades si ofrecen condiciones competitivas de producción, trazabilidad, calidad y acceso a mercados internacionales.
La transparencia fiscal y el cumplimiento de estándares internacionales pueden contribuir a mejorar la confianza entre socios comerciales y facilitar las relaciones de largo plazo. Para Ecuador, esto implica fortalecer sus capacidades institucionales y empresariales para participar en cadenas globales de suministro cada vez más exigentes.
Ante este nuevo escenario, las compañías ecuatorianas que mantienen relaciones comerciales con empresas estadounidenses deberían adoptar medidas preventivas y revisar sus estructuras operativas.
Un elemento fundamental para interpretar correctamente la reforma es su calendario de aplicación. Aunque la Ley Pública 119-21 fue aprobada el 4 de julio de 2025, varias de sus modificaciones internacionales tienen fechas de entrada en vigor posteriores.
Los cambios relativos a la eliminación de QBAI, la denominación NCTI y las modificaciones a la deducción de la sección 250 se aplican, en términos generales, a los ejercicios fiscales que comiencen después del 31 de diciembre de 2025.
De igual manera, la modificación de la tasa BEAT al 10,5 % se aplica a los ejercicios fiscales que comiencen después de esa fecha.
Por consiguiente, durante 2026 las empresas deben prestar especial atención a la implementación de estas disposiciones, a las instrucciones del IRS y a las normas administrativas que desarrollen su aplicación práctica.
También será importante observar la manera en que las multinacionales adaptan sus estructuras de inversión y contratación, así como la evolución de las relaciones comerciales entre Ecuador y Estados Unidos.
La reforma tributaria estadounidense de 2025 representa un cambio importante en el tratamiento de las rentas internacionales y las operaciones entre empresas relacionadas. La transformación del GILTI en NCTI, la eliminación de la exclusión QBAI y la modificación de la tasa BEAT introducen nuevas consideraciones para las multinacionales que operan mediante subsidiarias y estructuras empresariales internacionales.
Para Ecuador, las consecuencias no deben interpretarse como una amenaza directa y generalizada para sus exportaciones. El impacto potencial se encuentra principalmente en las decisiones de inversión, los contratos entre partes relacionadas, los servicios empresariales, el financiamiento intragrupo y la organización de las operaciones internacionales.
El desafío para el sector productivo ecuatoriano será anticiparse a estos cambios, fortalecer su cumplimiento tributario y mejorar su competitividad en los mercados internacionales. En un entorno donde las decisiones empresariales están cada vez más condicionadas por las regulaciones fiscales, la productividad, la transparencia y la capacidad de generar valor agregado serán factores determinantes para consolidar la presencia de Ecuador en el comercio global.
