El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) detectó irregularidades en las operaciones de importación relacionadas con el montaje de una fábrica de cerámica en el cantón La Troncal, provincia de Cañar. El caso involucra 58 declaraciones aduaneras y el uso del Régimen 21, una modalidad que permite ingresar determinados bienes al país con suspensión del pago de tributos mientras sean destinados a procesos de perfeccionamiento y se cumplan las condiciones establecidas por la normativa.
Según la información difundida por la autoridad aduanera el 29 de septiembre de 2026, una empresa de capital extranjero habría utilizado este régimen para ingresar, en operaciones separadas, componentes que en conjunto correspondían a una planta industrial. El SENAE sostuvo que esta fragmentación impedía identificar los bienes como una unidad funcional.
La autoridad concluyó el Régimen 21 correspondiente a las mercancías amparadas en las 58 declaraciones y dispuso que los bienes involucrados sean reexportados o destruidos, conforme al procedimiento aduanero aplicable.
Las investigaciones realizadas por la Aduana se desarrollaron entre julio de 2025 y marzo de 2026. De acuerdo con el organismo, durante ese período se identificaron operaciones de importación relacionadas con los componentes de una fábrica de cerámica.
El SENAE señaló que los elementos que conformaban la planta fueron ingresados mediante diferentes operaciones, pese a que, considerados conjuntamente, constituían una unidad funcional. Para la autoridad, esta forma de importación dificultaba que la instalación industrial fuera identificada integralmente dentro del régimen utilizado.
La Aduana también informó que había rechazado en tres ocasiones solicitudes presentadas por la empresa porque, según su evaluación, no cumplían con los requisitos establecidos para acogerse al régimen.
Posteriormente, durante las acciones de control, se detectaron mercancías que no contaban con facturas u otros documentos que acreditaran su ingreso legal al territorio ecuatoriano.
El Régimen 21 corresponde a la admisión temporal para perfeccionamiento activo. De acuerdo con la información oficial del SENAE, permite introducir mercancías al territorio ecuatoriano con el propósito de someterlas a determinados procesos de perfeccionamiento.
Entre las operaciones que pueden realizarse bajo esta modalidad están la transformación, elaboración de nuevas mercancías, montaje, incorporación, ensamblaje, adaptación, reparación, restauración o acondicionamiento. También contempla programas de maquila autorizados por la autoridad competente.
El beneficio aduanero no significa que las mercancías puedan ser utilizadas libremente en Ecuador sin cumplir condiciones. La aplicación del régimen está vinculada al destino y al proceso autorizado para los bienes importados.
El SENAE establece que el Régimen 21 tiene, como regla general, un plazo de un año, con la posibilidad de una única prórroga por un período equivalente al autorizado inicialmente.
El punto central del caso está en la forma en que fueron declarados los componentes de la planta.
Según el SENAE, los elementos de la fábrica debían ser considerados como una unidad funcional, pero fueron distribuidos entre diferentes operaciones de importación. La autoridad indicó que esa fragmentación aparentemente buscaba evitar que los componentes fueran identificados de manera integral.
Además, el organismo reportó inconsistencias relacionadas con la documentación y la trazabilidad de determinadas mercancías. Entre los hallazgos mencionados están la falta de documentos que acreditaran el ingreso legal de algunos bienes y problemas para individualizar técnicamente parte de los componentes.
Por tratarse de una investigación y un procedimiento administrativo aduanero, las irregularidades deben entenderse en función de las conclusiones y decisiones emitidas por la autoridad competente, sin equipararlas automáticamente con una sentencia penal.
La planta se encontraba en el recinto Pacho Negro, perteneciente al cantón La Troncal, en la provincia de Cañar.
De acuerdo con la información proporcionada por el SENAE, el proyecto ocupaba un terreno de aproximadamente 60 hectáreas que tenía uso destinado a actividades agrícolas y no contaba con autorización para desarrollar actividades industriales.
Esta situación se sumó a los hallazgos relacionados con las importaciones y al procedimiento de control ejecutado por las autoridades.
El operativo realizado en las instalaciones contó con la participación del SENAE y el apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Durante la intervención, las autoridades reportaron la existencia de mercancías que no disponían de facturas ni de documentación que demostrara su ingreso regular al país.
También fueron identificados más de 50 ciudadanos extranjeros que, según la información oficial difundida, presuntamente participaban en el montaje de la planta.
La presencia de estas personas fue comunicada a las autoridades competentes en materia migratoria y laboral para que realizaran las verificaciones correspondientes.
Sí. Según la información difundida sobre el procedimiento, las instalaciones permanecen clausuradas y el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la empresa se encuentra suspendido.
Estas medidas forman parte del contexto administrativo en el que se desarrolla el caso y no deben confundirse con una eventual resolución judicial sobre responsabilidades individuales o empresariales.
El SENAE identificó irregularidades en 58 declaraciones aduaneras relacionadas con las operaciones de importación vinculadas al montaje de la fábrica.
La autoridad determinó la culminación del Régimen 21 para las mercancías amparadas en esas declaraciones después de que el procedimiento administrativo atravesara las etapas correspondientes.
Según el SENAE, durante las etapas de apelación la empresa solicitó la nacionalización de las mercancías.
Sin embargo, la autoridad aduanera determinó que esa alternativa no podía utilizarse para regularizar un régimen cuya desnaturalización ya había sido establecida dentro del procedimiento.
Como consecuencia, el SENAE dispuso la culminación del Régimen 21 aplicado a las mercancías relacionadas con las 58 declaraciones.
La decisión de la Aduana establece que las mercancías involucradas deberán ser reexportadas o destruidas, de acuerdo con la normativa aduanera aplicable.
Esto significa que los bienes no podrán permanecer simplemente en el país bajo las mismas condiciones con las que ingresaron mediante el régimen especial cuestionado.
La medida responde a la conclusión administrativa de la autoridad sobre el uso del Régimen 21 y al cierre del régimen para las declaraciones involucradas.
El Régimen 21 contempla, entre sus finalidades, operaciones de transformación, elaboración, montaje, incorporación, ensamblaje y adaptación. Por ello, la existencia de maquinaria, partes o componentes industriales dentro de una operación de este tipo no constituye por sí sola una irregularidad.
El problema identificado en este caso por el SENAE está relacionado con las condiciones específicas bajo las cuales fueron declarados e ingresados los componentes y con el uso que posteriormente se habría dado a las mercancías.
La propia descripción oficial del régimen establece que las mercancías deben ingresar para ser sometidas a un proceso de perfeccionamiento autorizado.
La diferencia principal está en el tratamiento aduanero y en el destino de las mercancías.
La importación para consumo, identificada como Régimen 10, permite el ingreso definitivo de mercancías al país una vez cumplida la obligación tributaria aduanera correspondiente.
En cambio, el Régimen 21 es una modalidad de admisión temporal para perfeccionamiento activo. Las mercancías ingresan bajo condiciones específicas para ser sometidas a procesos como transformación, elaboración, montaje, reparación o adaptación.
Por esta razón, acogerse al Régimen 21 no equivale a obtener una exoneración general y permanente de impuestos para introducir bienes al mercado ecuatoriano.
El SENAE informó que rechazó en tres oportunidades solicitudes relacionadas con el régimen debido a que, según la entidad, no se cumplían los requisitos establecidos en la normativa.
Posteriormente, la autoridad realizó el seguimiento de las operaciones y concluyó que existían elementos que evidenciaban un uso indebido del régimen especial.
Entre los aspectos observados estuvieron la fragmentación de los componentes de la planta, problemas de trazabilidad y documentación relacionada con determinadas mercancías.
Durante la intervención fueron identificados más de 50 ciudadanos extranjeros que presuntamente participaban en el montaje de la infraestructura.
El SENAE informó que este hallazgo fue comunicado a las autoridades migratorias y laborales para que realizaran las verificaciones respectivas.
La presencia de ciudadanos extranjeros en el lugar no constituye por sí misma una infracción aduanera. Las eventuales responsabilidades en materia migratoria o laboral corresponden a las entidades competentes y deberán determinarse mediante los procedimientos respectivos.
La información difundida sobre el caso utiliza el concepto de uso indebido del Régimen 21 y señala que la autoridad detectó una desnaturalización del régimen.
Desde el punto de vista informativo, es importante diferenciar este hallazgo administrativo de una eventual determinación judicial de un delito tributario. La Aduana estableció irregularidades en las operaciones y dispuso la culminación del régimen para las mercancías involucradas, mientras que cualquier responsabilidad penal que pudiera derivarse del caso corresponde a las autoridades competentes.
El caso muestra la importancia de la trazabilidad y de la correcta declaración de las mercancías cuando una empresa utiliza regímenes aduaneros especiales.
Los beneficios asociados a estas modalidades están condicionados al cumplimiento de requisitos y a la utilización de los bienes conforme al régimen autorizado. La normativa aduanera contempla diferentes tratamientos dependiendo de si una mercancía ingresa para consumo, transformación, reparación, almacenamiento u otros fines específicos.
En el caso del Régimen 21, el SENAE señala expresamente que las mercancías deben ser destinadas a procesos de perfeccionamiento activo.
Después del procedimiento y de las etapas de apelación mencionadas por la autoridad, el SENAE dispuso la culminación del Régimen 21 correspondiente a las mercancías amparadas en 58 declaraciones aduaneras.
La consecuencia establecida por la autoridad es que los bienes deberán ser reexportados o destruidos conforme a la normativa aplicable.
La empresa, además, mantiene suspendido su RUC y las instalaciones donde se desarrollaba el proyecto permanecen clausuradas, según la información difundida por el SENAE.
El caso de la fábrica de cerámica de La Troncal se originó en una investigación del SENAE sobre el uso del Régimen 21 para ingresar al país componentes destinados al montaje de una planta industrial.
La autoridad aduanera sostuvo que los elementos de la fábrica fueron fragmentados en distintas operaciones de importación y detectó además inconsistencias documentales y mercancías cuya trazabilidad o ingreso legal no pudo ser acreditado durante el control.
El Régimen 21 es una modalidad legal de admisión temporal para perfeccionamiento activo y permite operaciones como transformación, elaboración, montaje, ensamblaje o adaptación, pero siempre dentro de las condiciones previstas por la legislación aduanera.
En este caso concreto, el SENAE concluyó el régimen para las mercancías correspondientes a 58 declaraciones y determinó que deberán ser reexportadas o destruidas. La planta permanece clausurada y el RUC de la empresa está suspendido, mientras las autoridades competentes realizan las verificaciones que correspondan sobre los demás hallazgos.
La información disponible proviene principalmente de la comunicación del SENAE y de reportes periodísticos sobre el procedimiento. Por ello, cualquier eventual responsabilidad penal, tributaria, laboral o migratoria debe distinguirse de las conclusiones administrativas comunicadas por la autoridad aduanera.
