S&P Global Ratings elevó la calificación crediticia de largo plazo de Ecuador de “B-” a “B”, con perspectiva estable, en una decisión que refleja una mejora en la posición fiscal y externa del país, así como un mayor acceso a los mercados internacionales de deuda.
La revisión, comunicada en agosto de 2026, representa un avance relevante para Ecuador, que había mantenido la calificación “B-” durante seis años. Sin embargo, la agencia mantiene una postura cautelosa sobre las perspectivas económicas y advierte que los efectos del fenómeno de El Niño podrían limitar el crecimiento durante este año.
Según S&P, las medidas fiscales implementadas por el Gobierno de Daniel Noboa, el fortalecimiento de las reservas internacionales y la recuperación del acceso al financiamiento externo han mejorado la capacidad de Ecuador para atender sus obligaciones financieras.
La mejora de “B-” a “B” responde a varios factores que, de acuerdo con la calificadora, han reducido los riesgos financieros que enfrenta el país.
El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo destacó que el país vuelve a una calificación “B” después de seis años, y atribuyó el resultado a los avances fiscales y económicos, una mayor estabilidad política y la recuperación de la confianza de los mercados internacionales.
Uno de los elementos que más peso tiene en la evaluación de S&P es el fortalecimiento de la posición externa de Ecuador.
Las reservas internacionales se ubicaron alrededor de USD 11.300 millones en julio de 2026, frente a aproximadamente USD 4.200 millones en enero de 2024. Este incremento proporciona un mayor respaldo para la economía dolarizada y mejora la capacidad del país para enfrentar posibles episodios de presión externa.
La dolarización hace especialmente importante la disponibilidad de reservas, debido a que Ecuador no cuenta con una moneda propia que pueda emitir para responder ante determinados desequilibrios financieros.
La evolución del sector externo es otro de los factores positivos identificados por S&P.
Durante los primeros meses de 2026 se observó un crecimiento de las exportaciones no petroleras, mientras que el país mantuvo un superávit comercial. Según los datos citados por el Ministerio, entre enero y mayo las exportaciones de productos no tradicionales crecieron 17,5 %.
Este comportamiento resulta relevante para Ecuador porque una mayor diversificación de las ventas externas permite reducir parcialmente la dependencia de los ingresos provenientes del petróleo y fortalece la generación de divisas.
Otro de los elementos destacados por S&P es el retorno de Ecuador a los mercados internacionales de deuda.
El acceso a financiamiento externo permite al Estado ampliar sus alternativas para cubrir sus necesidades financieras y refinanciar obligaciones. Para los inversionistas, una mejora de la calificación también puede contribuir a reducir la percepción de riesgo asociada al país.
Sin embargo, la nota “B” todavía se encuentra dentro de la categoría especulativa. Por ello, aunque la revisión representa una mejora, Ecuador continúa enfrentando costos de financiamiento y riesgos superiores a los de economías con calificaciones de grado de inversión.
La mejora de la calificación no significa que la economía ecuatoriana haya superado todos sus problemas.
S&P estima que el Producto Interno Bruto de Ecuador crecerá aproximadamente 1,5 % durante 2026, un ritmo moderado que estaría condicionado, entre otros factores, por los riesgos climáticos.
Para los siguientes tres o cuatro años, la calificadora proyecta una recuperación gradual hasta alcanzar un crecimiento cercano al 2,5 % anual.
Aun así, la agencia considera que Ecuador podría crecer por debajo de otros países con una calificación similar debido a problemas estructurales que continúan limitando la productividad y la inversión.
Uno de los principales elementos de preocupación para S&P es la evolución del fenómeno de El Niño durante 2026.
Los efectos climáticos pueden trasladarse rápidamente a diferentes sectores de la economía ecuatoriana. Entre los riesgos identificados se encuentran las sequías, las inundaciones y las alteraciones de temperatura.
Una eventual sequía prolongada podría reducir la generación de electricidad debido a la elevada dependencia de Ecuador de la generación hidroeléctrica. Por el contrario, lluvias excesivas e inundaciones pueden ocasionar daños en cultivos, infraestructura y vías de transporte.
La exposición del sistema eléctrico al clima constituye uno de los principales riesgos señalados por la calificadora.
Cerca del 80 % de la generación eléctrica ecuatoriana depende de centrales hidroeléctricas, por lo que una reducción significativa de los caudales puede afectar el suministro de energía.
En este contexto también aparece la situación de Coca Codo Sinclair, una de las principales centrales del país y cuya producción representa aproximadamente el 30 % de la generación eléctrica nacional, según los datos citados en el análisis.
Los problemas de infraestructura y las condiciones hidrológicas de esta central representan un riesgo adicional para la seguridad energética y para la actividad económica.
Los efectos de El Niño no se limitan al sistema eléctrico. Las inundaciones pueden afectar cultivos, carreteras, infraestructura productiva y cadenas de distribución.
La pesca también puede verse afectada por cambios en la temperatura del océano y en las condiciones marinas. Esto resulta especialmente importante para Ecuador debido al peso que tienen productos como el camarón, el atún y otros productos pesqueros dentro de las exportaciones no petroleras.
Por esta razón, un episodio climático intenso podría generar efectos simultáneos sobre producción, empleo, exportaciones, precios y gasto público.
S&P considera que Ecuador tiene posibilidades de atraer mayores flujos de inversión extranjera directa, especialmente hacia sectores estratégicos.
Entre las actividades con mayor potencial aparecen energía, petróleo y minería, áreas que requieren grandes cantidades de capital y que podrían contribuir a incrementar la producción y las exportaciones.
Para aprovechar esta oportunidad, Ecuador deberá mantener condiciones que permitan reducir la percepción de riesgo, garantizar seguridad jurídica y facilitar la ejecución de proyectos de inversión.
A pesar de la mejora de la calificación, S&P identifica varios problemas estructurales que continúan limitando el crecimiento económico.
Estos factores pueden impedir que Ecuador alcance tasas de crecimiento más elevadas de manera sostenida, incluso si mejora su posición fiscal y financiera.
Una mejora de la calificación crediticia puede tener efectos positivos sobre la percepción internacional de Ecuador. Una menor percepción de riesgo puede facilitar el acceso al financiamiento y mejorar las condiciones para futuras emisiones de deuda.
También puede funcionar como una señal para inversionistas que evalúan proyectos de largo plazo en el país.
Sin embargo, la calificación “B” continúa reflejando un nivel de riesgo considerable. Para avanzar hacia categorías superiores, Ecuador necesitará demostrar que las mejoras fiscales y externas pueden mantenerse durante varios años y que la economía puede crecer de manera más consistente.
El escenario planteado por S&P muestra que Ecuador enfrenta dos retos simultáneos: consolidar las mejoras fiscales y financieras conseguidas durante los últimos años y, al mismo tiempo, generar las condiciones necesarias para acelerar el crecimiento económico.
La mejora de las reservas, el superávit comercial, el acceso a los mercados internacionales y una posición fiscal más sólida constituyen elementos favorables. Pero estos avances deberán complementarse con mayor inversión productiva, seguridad, infraestructura y diversificación económica.
El salto de “B-” a “B” con perspectiva estable representa una señal positiva para Ecuador y confirma que la situación fiscal y externa del país ha mostrado una mejora frente a años anteriores.
El desafío ahora será convertir esa mayor confianza financiera en crecimiento económico, inversión y generación de empleo. Para ello, Ecuador tendrá que enfrentar los riesgos climáticos, fortalecer su infraestructura energética, atraer capital privado y reducir los problemas estructurales que limitan su productividad.
La advertencia de S&P es clara: la mejora crediticia fortalece la posición financiera del país, pero no elimina los riesgos que podrían frenar su crecimiento. El desempeño de la economía durante 2026 y la capacidad del Gobierno para sostener la consolidación fiscal serán determinantes para futuras revisiones de la calificación.
