Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029: la nueva hoja de ruta del Gobierno para enfrentar el crimen organizado en Ecuador

El Gobierno de Ecuador oficializó la implementación del Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 mediante el Decreto Ejecutivo 448, firmado por el presidente Daniel Noboa. La normativa declara esta estrategia como política pública de aplicación nacional y establece un marco de acción que coordinará a las principales instituciones del Estado para enfrentar el crimen organizado, recuperar el control del territorio y fortalecer la seguridad del país durante los próximos años.

La decisión se adopta en el contexto del conflicto armado interno declarado por el Ejecutivo y busca consolidar una estrategia permanente que trascienda las medidas extraordinarias implementadas desde 2024 para combatir a las organizaciones criminales.

¿Qué es el Plan Nacional de Seguridad Integral?

El Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 constituye el principal instrumento estratégico del Estado ecuatoriano para planificar, coordinar y ejecutar políticas públicas relacionadas con la seguridad nacional.

El documento fue aprobado el 9 de marzo de 2026 por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) y posteriormente oficializado mediante el Decreto Ejecutivo 448, convirtiéndose en una política obligatoria para las instituciones responsables de su ejecución.

Según el Gobierno, por primera vez se establece una planificación unificada que integra a los organismos civiles, policiales, militares, de inteligencia y de cooperación internacional bajo objetivos comunes, indicadores de seguimiento y responsabilidades claramente definidas.

Las instituciones encargadas de ejecutar el plan

La implementación estará coordinada por varias entidades del Estado, entre ellas:

• Ministerio del Interior.
• Ministerio de Defensa Nacional.
• Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
• Centro Nacional de Inteligencia.
• Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
• Otras instituciones vinculadas a la seguridad, justicia y control estatal.

El objetivo es que las acciones de todas estas entidades respondan a una planificación conjunta en lugar de ejecutarse de forma independiente.

Los seis intereses nacionales que sustentan la estrategia

El documento define seis grandes intereses nacionales sobre los cuales se construye toda la política de seguridad:

• Soberanía nacional e integridad territorial.
• Seguridad y cultura de paz.
• Democracia y Estado de Derecho.
• Vida digna para la población.
• Protección del patrimonio natural y cultural.
• Prosperidad con equidad y desarrollo sostenible.

Estos principios servirán como referencia para la planificación de políticas públicas durante el período 2025-2029.

Los siete objetivos estratégicos del Plan Nacional de Seguridad

La estrategia establece siete objetivos prioritarios para fortalecer la capacidad del Estado frente a las amenazas internas y transnacionales.

1. Recuperar el control efectivo del territorio nacional y de los recursos estratégicos.
2. Anticipar, prevenir y neutralizar amenazas mediante el uso coordinado del poder del Estado.
3. Transformar y fortalecer el sistema penitenciario ecuatoriano.
4. Proteger la estabilidad democrática y consolidar las instituciones públicas.
5. Garantizar condiciones de seguridad para el acceso a servicios esenciales y el desarrollo económico.
6. Fortalecer la protección del patrimonio natural y cumplir los compromisos internacionales.
7. Optimizar el financiamiento destinado a seguridad, defensa y desarrollo.

El Gobierno sostiene que estos objetivos permitirán construir una política de seguridad con resultados medibles y sostenibles en el tiempo.

Las principales amenazas identificadas

El diagnóstico incorporado en el Plan Nacional concluye que Ecuador enfrenta un escenario de alta complejidad debido al fortalecimiento de organizaciones criminales nacionales y transnacionales.

Entre las amenazas priorizadas se encuentran:

• Crimen organizado transnacional.
• Narcotráfico.
• Terrorismo.
• Minería ilegal.
• Tráfico ilícito de armas.
• Corrupción.
• Extremismo violento.
• Subversión.
• Ciberataques.
• Intrusión extranjera.

El documento advierte que muchas de estas actividades se encuentran interrelacionadas y representan riesgos directos para la seguridad ciudadana, la economía nacional y la estabilidad institucional.

El sistema penitenciario como prioridad

Uno de los ejes centrales del plan es la recuperación del sistema penitenciario, considerado un componente estratégico para combatir al crimen organizado.

La política contempla fortalecer el control estatal en los centros de privación de libertad, mejorar la infraestructura penitenciaria, incrementar los mecanismos de inteligencia y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales que continúan dirigiendo actividades ilícitas desde las cárceles.

La cooperación internacional tendrá un papel clave

El Gobierno establece que la cooperación internacional será uno de los pilares de la estrategia nacional.

El plan plantea fortalecer alianzas bilaterales y multilaterales para mejorar las capacidades operativas del Estado mediante intercambio de inteligencia, asistencia técnica, capacitación, equipamiento y operaciones coordinadas contra el crimen organizado transnacional.

En este contexto, Ecuador ha reforzado su cooperación con varios países, especialmente con Estados Unidos y otras naciones de la región, para enfrentar delitos relacionados con el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de activos y las economías ilícitas.

El contexto de seguridad en Ecuador

La implementación del Plan Nacional de Seguridad Integral ocurre en uno de los períodos más complejos de la historia reciente del país.

Durante 2025 Ecuador registró más de 9.200 homicidios intencionales, la cifra más alta desde que existen registros oficiales, mientras que en 2026 las autoridades continúan ejecutando operativos contra organizaciones criminales responsables de delitos como extorsión, secuestro, narcotráfico, minería ilegal y tráfico de armas.

Paralelamente, el Gobierno ha informado un incremento en la incautación de armas de fuego, drogas, explosivos y bienes vinculados al crimen organizado, como parte de la estrategia de recuperación del control territorial.

Un cambio en la política de seguridad del Estado

A diferencia de planes anteriores centrados principalmente en respuestas operativas, el nuevo Plan Nacional de Seguridad Integral incorpora una visión de largo plazo que combina prevención, inteligencia, fortalecimiento institucional, cooperación internacional, recuperación del sistema penitenciario, protección de infraestructura estratégica y combate a las economías criminales.

Además, introduce mecanismos de seguimiento y evaluación que permitirán medir el cumplimiento de los objetivos establecidos durante el período 2025-2029.

¿Qué busca el Gobierno con esta estrategia?

El Ejecutivo sostiene que el propósito final del plan es reducir progresivamente los niveles de violencia, restablecer el control estatal en las zonas afectadas por el crimen organizado y generar condiciones que favorezcan la inversión, la actividad económica y el desarrollo social.

La estrategia también pretende fortalecer la coordinación entre todas las instituciones vinculadas a la seguridad, evitando la duplicación de funciones y mejorando la capacidad de respuesta frente a amenazas cada vez más complejas.

Una planificación con enfoque integral

Con la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo 448, el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 se convierte en el principal instrumento de planificación del Estado ecuatoriano en materia de seguridad.

Su implementación marcará la estrategia oficial para enfrentar el crimen organizado, fortalecer la institucionalidad y consolidar una política pública de largo plazo que articule prevención, defensa, inteligencia, cooperación internacional y recuperación del control territorial como pilares fundamentales para mejorar la seguridad en Ecuador.