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Nuevo cobro en el puerto de Manta genera tensión

Artículo por Jaime Mise, 20 Noviembre, 2026
10 minutos
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salvoconducto puerto manta
Índice de contenidos

La movilización de vehículos nuevos desde el puerto de Manta hacia concesionarios y centros de almacenamiento se ha convertido en el centro de una controversia que enfrenta a las autoridades de movilidad del cantón con los principales representantes de la industria automotriz ecuatoriana. La exigencia de un salvoconducto acompañado de un pago de US$5,25 por unidad ha generado cuestionamientos sobre su legalidad, posibles efectos económicos y consecuencias para la competitividad de una de las principales puertas de entrada de automóviles al país.

La disposición, impulsada por la Empresa Pública Municipal Movilidad de Manta EP, establece que los automotores nuevos que todavía no cuentan con matrícula deben obtener una autorización para circular por las vías urbanas desde las instalaciones portuarias hasta sus destinos logísticos o comerciales.

La medida se fundamenta en una resolución aprobada en abril de 2024, pero su aplicación efectiva durante 2026 provocó el rechazo de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), que considera innecesario el nuevo requisito y sostiene que existe normativa nacional que permite movilizar estos vehículos mediante una guía de remisión.

El conflicto adquiere especial relevancia debido al peso que tiene Manta en las importaciones de automóviles. El puerto movilizó aproximadamente 63.000 vehículos durante 2025, consolidándose como un punto estratégico para el abastecimiento del mercado automotor nacional y las operaciones de transbordo internacional.

Salvoconducto de US$5,25 genera controversia en el puerto de Manta

La Empresa Pública Municipal Movilidad de Manta estableció la obligación de tramitar un salvoconducto para los vehículos nuevos que salen de las instalaciones portuarias y circulan dentro de la jurisdicción cantonal sin estar matriculados.

El documento debe gestionarse previamente ante la Dirección de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular. La tarifa establecida contempla un valor base de US$5, al que se incorpora el impuesto al valor agregado (IVA), hasta alcanzar los US$5,25.

La entidad municipal sostiene que el mecanismo busca mantener un registro de los automotores que circulan sin matrícula y establecer controles sobre sus desplazamientos dentro de la ciudad. Desde esta perspectiva, el permiso permitiría identificar las unidades, sus responsables y los trayectos relacionados con su traslado desde el puerto.

La resolución que sustenta el cobro corresponde a la número 003, aprobada el 18 de abril de 2024. Sin embargo, según información publicada por medios locales, la tarifa no se habría aplicado durante 2025 debido a la falta de un procedimiento operativo suficientemente definido.

La reactivación de esta disposición durante 2026 provocó cuestionamientos de los importadores y operadores portuarios, que consideran que el requisito introduce una nueva carga administrativa sobre una operación que ya cuenta con documentación comercial, aduanera y logística.

La AEADE cuestiona la legalidad del cobro y exige respetar la normativa nacional

La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador manifestó su rechazo a la exigencia del salvoconducto y al pago establecido por la Empresa de Movilidad de Manta. El gremio sostiene que la disposición contradice las reglas nacionales que regulan la circulación de vehículos nuevos que todavía no han sido matriculados.

Uno de los principales argumentos de la asociación se fundamenta en la Resolución 018-DIR-2022-ANT, emitida por la Agencia Nacional de Tránsito en 2022. Según la interpretación de la AEADE, esta normativa permite que los vehículos nuevos no matriculados circulen utilizando la correspondiente guía de remisión, sin necesidad de obtener autorizaciones municipales adicionales.

Desde la perspectiva empresarial, exigir un documento adicional representa una duplicación de trámites y crea una obligación que podría entrar en conflicto con las disposiciones nacionales sobre tránsito y transporte terrestre.

En junio de 2026, el gremio volvió a pronunciarse mediante una comunicación dirigida a la administración encargada de Movilidad de Manta EP. En ella solicitó suspender los controles y las posibles retenciones de vehículos que no portaran el salvoconducto.

La AEADE también cuestionó la naturaleza jurídica del cobro y sostuvo que una tasa de esta clase requiere una justificación normativa adecuada. Por ello, pidió revisar la disposición y abrir un espacio de diálogo con las autoridades nacionales de tránsito.

La controversia todavía requiere una definición jurídica que permita determinar el alcance de las competencias municipales y su relación con la normativa nacional. Mientras tanto, las posiciones de las autoridades y del sector empresarial continúan siendo contrapuestas.

¿Por qué el salvoconducto puede encarecer la importación de vehículos?

El impacto económico de la medida no se limita al valor individual del documento. Su efecto depende también del número de unidades movilizadas, el tiempo que permanecen en circulación y la frecuencia con la que debe realizarse el trámite.

Un aspecto especialmente relevante es que diferentes reportes periodísticos describen la tarifa como un cobro de US$5,25 por vehículo y por día, mientras que otras comunicaciones la presentan como un valor por unidad. Esta diferencia debe aclararse oficialmente, porque determina si el costo se aplica una sola vez por automóvil o si puede repetirse durante varios días de operación.

Si se considera únicamente una tarifa de US$5,25 aplicada una vez a cada uno de los 63.000 vehículos movilizados en 2025, el importe teórico ascendería a US$330.750. Se trata de un ejercicio ilustrativo, no de una recaudación confirmada, y no contempla posibles diferencias por transbordos, destinos o condiciones de aplicación.

Si el cobro se aplica diariamente, el costo acumulado podría ser considerablemente superior, dependiendo del tiempo de permanencia y de las condiciones establecidas para cada traslado.

Para los importadores, el problema también está relacionado con la acumulación de gastos que intervienen en la comercialización de automóviles. Los vehículos importados ya deben asumir aranceles, IVA, ICE cuando corresponde, servicios portuarios, almacenamiento, transporte, seguros y diferentes costos administrativos.

La AEADE ha señalado que sobre los automóviles nuevos en Ecuador inciden alrededor de 23 impuestos, tasas y contribuciones. En este escenario, cualquier nuevo recargo puede reducir los márgenes comerciales o trasladarse al precio final que paga el consumidor.

Manta movilizó 63.000 vehículos durante 2025 y concentra operaciones estratégicas

El peso de esta controversia se explica por la importancia del puerto de Manta dentro del comercio automotor ecuatoriano. Durante 2025, la terminal recibió aproximadamente 63.000 vehículos, de los cuales unos 23.000 correspondieron a operaciones de transbordo con destino a terceros países.

Estas cifras muestran que la actividad portuaria no está relacionada exclusivamente con el abastecimiento del mercado ecuatoriano. Manta también participa en operaciones regionales de redistribución de carga rodada, lo que amplía su relevancia dentro de las rutas comerciales marítimas.

El puerto se ha consolidado como una plataforma especializada para la recepción, descarga, almacenamiento y transferencia de vehículos importados. Su infraestructura permite atender buques de carga rodada, conocidos como Ro-Ro, así como operaciones de transferencia de automóviles hacia otros destinos.

Según información publicada por El Universo, durante los primeros meses de 2026 el 78% de los vehículos importados por Ecuador ingresó a través de esta terminal. Este porcentaje evidencia la concentración de la actividad automotriz en Manta y explica la preocupación de las empresas ante cualquier modificación de sus condiciones operativas.

Por su volumen de operaciones, una variación en los costos de movilización puede tener repercusiones sobre importadores, concesionarios, transportistas, operadores logísticos y empresas que prestan servicios relacionados con la distribución de automóviles.

Terminal Portuario de Manta advierte sobre riesgos para la competitividad

La controversia también involucra al Terminal Portuario de Manta (TPM), operador de la terminal marítima, que manifestó preocupación por los posibles efectos de la medida sobre la competitividad de las operaciones automotrices.

Uno de los principales cuestionamientos del sector portuario está relacionado con la falta de socialización previa del cobro y la incertidumbre que puede generar entre los usuarios de la terminal.

Los operadores consideran que incorporar una nueva obligación para retirar vehículos del puerto puede modificar los costos de distribución y afectar la planificación de los embarques. Además, advierten que las empresas importadoras podrían evaluar otras alternativas logísticas si consideran que operar por Manta implica mayores gastos o trámites adicionales.

El riesgo de desvío de carga es especialmente importante para una terminal que mantiene una participación elevada en el ingreso de vehículos al mercado ecuatoriano. Una reducción de los volúmenes movilizados podría repercutir en los servicios portuarios, el transporte terrestre, el almacenamiento y las actividades comerciales relacionadas.

El sector también ha cuestionado la ausencia de información suficientemente detallada sobre el destino de los recursos que se obtendrían mediante el cobro. Para los operadores, resulta necesario conocer la justificación técnica y económica de la tarifa, así como los servicios concretos que respaldan su aplicación.

Los controles y las posibles retenciones generan incertidumbre logística

Otro punto de preocupación corresponde a los mecanismos de fiscalización anunciados por la Empresa de Movilidad de Manta. La entidad comunicó que realizaría operativos para verificar que los vehículos nuevos que circulen dentro del cantón cuenten con el documento requerido.

La posibilidad de retener automotores que no porten el salvoconducto introduce un riesgo adicional para las operaciones de traslado desde el puerto hacia patios, bodegas y concesionarios.

Desde el punto de vista logístico, una retención puede ocasionar retrasos en la entrega de unidades, modificaciones en los itinerarios de transporte y mayores gastos de almacenamiento y coordinación. También puede afectar los compromisos comerciales asumidos entre importadores, distribuidores y concesionarios.

Las empresas necesitan conocer con claridad los documentos exigibles, las condiciones de circulación y las responsabilidades de los transportistas antes de programar sus operaciones. La falta de criterios uniformes puede generar dificultades especialmente durante períodos de alta actividad portuaria.

La discusión no se limita, por tanto, al valor económico del salvoconducto. También involucra la seguridad jurídica de los procedimientos y la posibilidad de mantener un flujo eficiente de vehículos desde las instalaciones marítimas hasta sus destinos comerciales.

El puerto de Manta enfrenta competencia por la carga automotriz

La competitividad portuaria depende de múltiples factores, entre ellos las tarifas, la disponibilidad de infraestructura, los tiempos de atención, la conectividad terrestre y la eficiencia de los procedimientos administrativos.

En el negocio de los vehículos importados, estos elementos son especialmente relevantes porque los automóviles necesitan espacios de almacenamiento, manipulación especializada y transporte terrestre coordinado para llegar a los centros de distribución.

La introducción de nuevos requisitos puede influir en las decisiones de los importadores, particularmente cuando existen otras terminales marítimas que pueden utilizarse para determinadas operaciones comerciales.

Sin embargo, trasladar los embarques hacia otros puertos no es una decisión inmediata. Las compañías deben considerar las rutas marítimas disponibles, los costos de transporte, la infraestructura de recepción, los contratos con operadores y la ubicación de sus centros de distribución.

Por esta razón, la controversia en Manta adquiere importancia para toda la cadena logística ecuatoriana. El desafío consiste en evitar que una diferencia administrativa termine generando costos adicionales o afectando la planificación de las operaciones de comercio exterior.

La intervención de Movilidad de Manta añade complejidad al conflicto

La situación institucional de la Empresa Pública Municipal Movilidad de Manta también forma parte del contexto de esta controversia. La entidad se encuentra intervenida por el Gobierno central desde 2025, con participación de organismos nacionales y de la Policía Nacional en el proceso de control y administración.

Este escenario ha generado diferencias sobre las responsabilidades institucionales en la aplicación de la medida. En mayo de 2026, representantes del Municipio de Manta señalaron que el cabildo no tenía participación operativa ni administrativa directa en el cobro, debido a la situación de intervención de la empresa pública.

La distinción es relevante porque el debate involucra competencias municipales, administración de una empresa pública y disposiciones nacionales emitidas por la Agencia Nacional de Tránsito.

Para resolver el conflicto será necesario determinar qué autoridad tiene competencia para establecer el requisito, cuál es el sustento normativo del cobro y qué documentos deben acompañar a los vehículos nuevos durante su traslado.

Importadores piden una solución para evitar nuevos costos en el comercio automotor

La AEADE y los representantes del sector portuario han insistido en la necesidad de establecer una mesa de trabajo que permita resolver las diferencias entre las autoridades y las empresas afectadas.

Entre los asuntos que requieren definición se encuentran la aplicación de la Resolución 003-2024, la relación con la Resolución 018-DIR-2022-ANT, la naturaleza jurídica de la tarifa, la frecuencia del cobro y las condiciones para realizar controles en las vías del cantón.

También resulta necesario establecer un procedimiento claro para la movilización de vehículos desde el puerto, evitando duplicidades documentales y garantizando que los controles no interrumpan innecesariamente las operaciones logísticas.

Una solución concertada permitiría reducir la incertidumbre para los importadores y mantener condiciones previsibles para las compañías navieras, operadores portuarios, transportistas y concesionarios.

Un conflicto que puede marcar el futuro de las importaciones automotrices por Manta

La controversia por el salvoconducto de US$5,25 evidencia la importancia de mantener una coordinación efectiva entre las autoridades de tránsito, los gobiernos locales y los actores del comercio exterior.

El puerto de Manta desempeña una función estratégica en la importación y distribución de automóviles en Ecuador. Por ello, cualquier modificación en las condiciones para retirar vehículos de sus instalaciones puede tener consecuencias que van más allá de una tarifa administrativa.

El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre las facultades de control de la autoridad competente y la necesidad de mantener una cadena logística eficiente, competitiva y respaldada por reglas claras.

Mientras la AEADE cuestiona la legalidad del requisito y solicita suspender los controles, la Empresa de Movilidad sostiene que la disposición cuenta con respaldo en una resolución aprobada en 2024. Hasta la información pública localizada en noviembre de 2026, no se ha podido confirmar una resolución definitiva que cierre la controversia ni una suspensión general y formal del cobro.

El desenlace será relevante para el sector automotor ecuatoriano, pero también para la competitividad de Manta como plataforma portuaria regional y para las condiciones en que se desarrolla el comercio exterior del país.

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