El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Quito el miércoles 9 de septiembre de 2026 para reunirse con el presidente Daniel Noboa y reforzar la cooperación entre Washington y Ecuador en seguridad, lucha contra el narcotráfico y combate al crimen organizado.
Durante su visita al Palacio de Carondelet, Rubio anunció que la Administración de Donald Trump solicitará al Congreso estadounidense USD 45 millones adicionales para respaldar las operaciones de seguridad de Ecuador. También informó sobre nuevos equipos para fortalecer la capacidad marítima del país y confirmó recursos destinados a enfrentar la minería ilegal y las redes de financiamiento criminal.
La visita también dejó dos anuncios de alto impacto: Estados Unidos designó a Los Tiguerones como organización terrorista extranjera y tomó medidas contra siete exfuncionarios ecuatorianos señalados por Washington por corrupción vinculada con organizaciones criminales.
La agenda de Rubio estuvo concentrada en la seguridad y en el fortalecimiento de la cooperación bilateral. El funcionario estadounidense presentó a Ecuador como uno de los principales socios de Washington en la lucha regional contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Entre los principales anuncios se encuentran:
Rubio presentó estas medidas como parte de una cooperación más amplia entre Washington y Quito para combatir las redes de narcotráfico que operan en Ecuador y utilizan rutas marítimas para transportar droga hacia otros mercados.
Uno de los anuncios centrales fue la intención del Gobierno de Donald Trump de solicitar al Congreso estadounidense una asignación adicional de USD 45 millones para apoyar a Ecuador en sus esfuerzos contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.
Es importante precisar que estos recursos todavía requieren el proceso correspondiente en Estados Unidos. Rubio anunció que la Administración solicitará el dinero al Congreso, por lo que no debe presentarse como una transferencia ya desembolsada al Gobierno ecuatoriano.
El financiamiento forma parte de una estrategia estadounidense que busca fortalecer las capacidades de los países de la región para enfrentar redes criminales vinculadas con el tráfico internacional de drogas.
Además de los USD 45 millones destinados a seguridad, Rubio anunció una iniciativa de aproximadamente USD 10 millones relacionada con la lucha contra la minería ilegal.
El programa también contempla acciones frente al reclutamiento de integrantes de organizaciones criminales y las estructuras utilizadas para financiar actividades ilícitas.
La minería ilegal se ha convertido en una preocupación creciente para Ecuador debido a su relación con economías criminales, lavado de dinero, control territorial y otras actividades asociadas a grupos organizados.
Washington busca atacar no solamente las rutas utilizadas para transportar drogas, sino también otras fuentes de ingresos que permiten a las organizaciones criminales mantener sus operaciones.
La cooperación también tendrá un componente marítimo.
Rubio informó que Estados Unidos entregará a Ecuador un buque de la Guardia Costera de 110 pies y cinco embarcaciones interceptoras adicionales durante los próximos meses.
Con estas nuevas entregas, Ecuador alcanzaría un total de 12 embarcaciones transferidas por Estados Unidos durante este año, según lo informado durante la visita. El objetivo es reforzar las capacidades ecuatorianas para controlar el tráfico marítimo de drogas y responder a las operaciones de las organizaciones criminales en el Pacífico.
La cooperación marítima adquiere especial importancia porque Ecuador se encuentra ubicado en una de las rutas utilizadas por redes internacionales para movilizar cocaína desde Sudamérica hacia Centroamérica, México y posteriormente Estados Unidos.
Uno de los anuncios de mayor impacto político fue la designación de Los Tiguerones como organización terrorista extranjera por parte de Estados Unidos.
Rubio sostuvo que Washington ya no considera a estas estructuras únicamente como organizaciones dedicadas a delitos comunes. Según el secretario de Estado, algunos grupos criminales de la región poseen capacidades, armamento y estructuras que representan una amenaza de carácter terrorista.
Estados Unidos vincula a Los Tiguerones con actividades de narcotráfico y otros hechos violentos. El grupo también adquirió notoriedad internacional en enero de 2024, cuando hombres armados irrumpieron en las instalaciones de TC Televisión durante una transmisión en vivo en Guayaquil.
La designación tiene consecuencias importantes para la organización y para quienes le proporcionen apoyo dentro del marco de las leyes estadounidenses.
Una organización incluida como Foreign Terrorist Organization (FTO) queda sujeta a restricciones dentro de la legislación estadounidense. Entre otros efectos, se dificulta el acceso a recursos y apoyo desde Estados Unidos y se amplían las herramientas legales disponibles para perseguir a personas que proporcionen apoyo material a la organización.
La medida también incrementa la presión internacional sobre la estructura criminal y puede afectar sus posibilidades de utilizar mecanismos financieros, logísticos o comerciales vinculados con personas y entidades sujetas a la jurisdicción estadounidense.
La designación no significa, por sí misma, que Los Tiguerones dejen de operar inmediatamente en Ecuador. Su efecto principal se produce dentro del marco jurídico y financiero de Estados Unidos y en las acciones de cooperación internacional que puedan derivarse de esa clasificación.
La decisión sobre Los Tiguerones no es un caso aislado. Estados Unidos ya había aplicado medidas similares contra otras organizaciones criminales ecuatorianas, entre ellas Los Choneros y Los Lobos.
Washington ha intensificado durante 2026 las acciones contra redes ecuatorianas vinculadas con el narcotráfico y los carteles mexicanos.
El Departamento del Tesoro, por ejemplo, sancionó en agosto a 15 objetivos vinculados con una red ecuatoriana de tráfico de cocaína y bloqueó 10 embarcaciones relacionadas con el traslado clandestino de droga desde Sudamérica hacia México.
La visita de Rubio también estuvo acompañada por medidas contra siete exfuncionarios ecuatorianos.
El Departamento de Estado estadounidense los señaló por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con organizaciones terroristas extranjeras. Washington sostiene que algunos de ellos habrían utilizado sus cargos para aceptar sobornos y favorecer los intereses de grupos criminales.
Entre los nombres mencionados por el Gobierno estadounidense están Pablo Ramírez Erazo, exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad; Wilman Terán Carrillo, expresidente de la Corte Nacional de Justicia; y Ronaldo Xavier Guerrero Cruz, exjuez penal.
El Gobierno estadounidense sostiene que estos funcionarios abusaron de sus posiciones y aceptaron sobornos relacionados con grupos vinculados con organizaciones terroristas como el Cartel Jalisco Nueva Generación, Los Choneros y Los Lobos.
Las medidas tienen una consecuencia directa sobre su relación con Estados Unidos.
El Departamento de Estado determinó que los siete exfuncionarios y sus familiares inmediatos quedan, en general, inelegibles para ingresar a Estados Unidos.
Washington presentó la decisión como parte de una estrategia para perseguir no solo a los grupos criminales, sino también a funcionarios que presuntamente colaboran con ellos mediante corrupción o abuso de sus cargos.
El secretario Rubio sostuvo que la lucha contra las organizaciones criminales también requiere actuar contra las personas que facilitan sus operaciones desde instituciones estatales.
La reunión entre Noboa y Rubio confirma el acercamiento que ambos gobiernos han desarrollado en materia de seguridad.
Washington considera a Ecuador un socio relevante para enfrentar las redes de narcotráfico que operan en Sudamérica. Rubio calificó al país como uno de los aliados más activos de Estados Unidos en la lucha regional contra las organizaciones criminales.
Para el Gobierno ecuatoriano, la cooperación estadounidense representa acceso a inteligencia, capacitación, equipamiento y recursos destinados a fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad.
La relación, sin embargo, también se desarrolla en un contexto de creciente preocupación internacional por las operaciones contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Pacífico.
La visita de Rubio se produjo pocos días después de nuevas operaciones estadounidenses contra embarcaciones que Washington vincula con redes de narcotráfico.
El Gobierno estadounidense sostiene que estas acciones forman parte de su estrategia para impedir el traslado marítimo de drogas. Rubio defendió las operaciones y señaló que las decisiones sobre los objetivos se toman caso por caso y con cooperación de Ecuador.
La estrategia ha generado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos debido al número de personas fallecidas en operaciones marítimas estadounidenses y a las dudas sobre el marco legal de algunos ataques.
El debate adquiere relevancia porque la cooperación entre ambos países no se limita a la entrega de equipos. También incluye intercambio de información, coordinación operativa y apoyo a las fuerzas ecuatorianas.
La cooperación con Estados Unidos ocurre mientras Ecuador continúa enfrentando una de las crisis de seguridad más graves de su historia reciente.
El país registró 9.216 muertes violentas durante 2025, según datos citados por Reuters, en un contexto marcado por disputas territoriales entre organizaciones criminales, extorsiones, secuestros y tráfico de drogas.
La violencia también ha provocado desplazamientos internos. Reuters reportó que más de 300.000 personas habrían abandonado sus hogares durante los últimos tres años debido a amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado o violencia relacionada con las bandas criminales.
El Gobierno de Noboa sostiene que su estrategia de seguridad está debilitando progresivamente a las estructuras criminales. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y especialistas han advertido que la fragmentación de las bandas también puede generar nuevas disputas por territorios y rutas.
Los anuncios realizados en Quito representan un nuevo nivel de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos.
En términos concretos, el país podría recibir más recursos, embarcaciones y asistencia para combatir el narcotráfico, mientras Washington amplía las herramientas contra las organizaciones criminales ecuatorianas y las personas que considera vinculadas con ellas.
Sin embargo, algunos anuncios todavía están sujetos a procesos posteriores. Los USD 45 millones, por ejemplo, deben ser solicitados al Congreso estadounidense antes de convertirse en un nuevo paquete de financiamiento.
La designación de Los Tiguerones, en cambio, constituye una medida adoptada por Estados Unidos y tiene efectos inmediatos dentro de su marco legal.
La visita de Marco Rubio muestra que la seguridad se ha convertido en uno de los pilares centrales de la relación entre Quito y Washington.
El Gobierno estadounidense busca ampliar la cooperación contra el narcotráfico y las organizaciones criminales, mientras Ecuador pretende fortalecer sus capacidades para enfrentar grupos que operan con estructuras cada vez más complejas.
Los nuevos recursos, equipos marítimos y medidas financieras representan herramientas adicionales, pero no garantizan por sí mismos una reducción de la violencia.
El desafío para Ecuador será convertir esta cooperación internacional en resultados concretos: desarticular redes criminales, reducir el tráfico de drogas, recuperar territorios controlados por bandas y mejorar la seguridad de los ciudadanos.
Por ahora, la visita de Rubio deja una señal clara: Washington considera a Ecuador un socio prioritario en su estrategia regional contra el crimen organizado y está dispuesto a aumentar el respaldo, mientras el Gobierno de Noboa profundiza su alineamiento con Estados Unidos en materia de seguridad.
Marco Rubio anunció que la Administración Trump solicitará al Congreso estadounidense USD 45 millones adicionales para apoyar a Ecuador en seguridad y lucha contra el narcotráfico. Además, informó sobre una iniciativa de USD 10 millones para combatir la minería ilegal, el reclutamiento de miembros de bandas y las redes de financiamiento ilícito.
No. Rubio anunció que el Gobierno estadounidense solicitará esos recursos al Congreso. Por lo tanto, se trata de un financiamiento propuesto que todavía debe seguir el proceso presupuestario correspondiente.
Ecuador recibirá un buque de la Guardia Costera estadounidense de 110 pies y cinco embarcaciones interceptoras adicionales. Con las entregas anteriores, el número total de embarcaciones transferidas durante el año llegará a 12, según lo anunciado por Rubio.
Estados Unidos designó a Los Tiguerones como organización terrorista extranjera. La medida se suma a acciones estadounidenses anteriores contra otras organizaciones criminales ecuatorianas, entre ellas Los Choneros y Los Lobos.
La clasificación incorpora a Los Tiguerones al marco estadounidense aplicable a las organizaciones terroristas extranjeras y permite aplicar restricciones y herramientas legales contra la organización y quienes le proporcionen apoyo dentro de la jurisdicción estadounidense.
Estados Unidos señaló a siete exfuncionarios ecuatorianos por presunta corrupción vinculada con organizaciones terroristas. Entre ellos figuran Pablo Ramírez Erazo, Wilman Terán Carrillo y Ronaldo Xavier Guerrero Cruz. Washington indicó que los siete y sus familiares inmediatos quedan, en general, inelegibles para ingresar a Estados Unidos.
El Departamento de Estado estadounidense sostiene que los funcionarios utilizaron sus cargos y aceptaron sobornos para favorecer a grupos criminales vinculados con organizaciones terroristas designadas por Washington. Las acusaciones corresponden a la posición oficial de Estados Unidos sobre estos casos.
Washington y Quito han incrementado la cooperación contra las redes de narcotráfico marítimo. Rubio afirmó que las operaciones se coordinan con Ecuador y que las decisiones sobre los objetivos se evalúan caso por caso. Estas acciones, sin embargo, han generado críticas de organizaciones de derechos humanos.
