Para una empresa, perder tiempo esperando un permiso, repetir información que ya fue entregada a otra institución o enfrentar reglas que cambian constantemente no es solamente un problema administrativo. También puede convertirse en un costo económico.
Cuando una fábrica no puede iniciar operaciones a tiempo, una inversión se posterga; cuando una importación queda retenida, aumenta el costo de producción; y cuando las reglas son difíciles de interpretar, las empresas pueden decidir no invertir.
Un nuevo estudio científico publicado en Heliyon pone el foco precisamente en esa relación: qué tan importante es la calidad de las instituciones para que las economías latinoamericanas aumenten su productividad.
La investigación, titulada “Institutions: The role of institutional quality in technical progress in Latin America and the Caribbean”, fue elaborada por León Padilla, Sarah J. Carrington y Begoña Leiva y publicada en agosto de 2026 por Elsevier.
Los investigadores analizaron información de 18 países de América Latina entre 2002 y 2019 y estudiaron cómo distintas dimensiones de la calidad institucional se relacionan con el crecimiento de la Productividad Total de los Factores (PTF).
La principal conclusión es clara: entre las dimensiones institucionales estudiadas, la Efectividad del Gobierno es la que aparece de manera más consistente asociada con el crecimiento de la productividad. La dimensión de Voz y Rendición de Cuentas también presenta una relación positiva, mientras que la evidencia sobre estabilidad política es positiva, aunque menos robusta.
La Productividad Total de los Factores, conocida como PTF, permite aproximarse a cuánto puede producir una economía utilizando determinados niveles de trabajo y capital.
En términos sencillos, una economía mejora su productividad cuando consigue generar más bienes y servicios con los recursos disponibles.
Esto no depende únicamente de comprar maquinaria nueva o incorporar tecnología. También importa el entorno en el que funcionan las empresas.
Una compañía puede tener trabajadores capacitados, equipos modernos y capital suficiente, pero si debe esperar meses para obtener autorizaciones, enfrenta procedimientos redundantes o no puede prever cómo se aplicará una regulación, parte de esos recursos puede terminar utilizándose de manera menos eficiente.
Por eso, el estudio de Padilla, Carrington y Leiva plantea que las instituciones forman parte de la infraestructura económica de un país.
La investigación utiliza datos de panel correspondientes a 18 países de América Latina durante el período 2002-2019.
Los autores emplearon modelos econométricos de efectos fijos y realizaron correcciones para problemas relacionados con endogeneidad y dependencia entre países.
La investigación se concentra en distintas dimensiones de la calidad institucional y las relaciona con la evolución de la productividad.
El resultado más consistente aparece en la variable denominada Government Effectiveness, que puede traducirse como Efectividad del Gobierno. Este indicador recoge aspectos relacionados con la calidad de los servicios públicos, la capacidad administrativa, la formulación y aplicación de políticas y la credibilidad de las decisiones gubernamentales.
En otras palabras, no se trata simplemente de medir cuántos funcionarios tiene un Estado. Lo que interesa es qué tan bien funciona su aparato público para ejecutar las políticas y prestar servicios.
Los resultados del estudio muestran que la Efectividad del Gobierno mantiene una asociación positiva con el crecimiento de la productividad en las distintas especificaciones econométricas utilizadas.
La conclusión es relevante porque desplaza parte del debate sobre el crecimiento económico desde variables exclusivamente financieras hacia la capacidad de las instituciones para hacer funcionar las reglas del juego.
Un Estado con mayor capacidad administrativa puede reducir incertidumbre, facilitar la aplicación de políticas y disminuir las fricciones que enfrentan empresas, trabajadores e inversionistas.
Para una empresa, esto puede significar procesos más previsibles, menores costos de cumplimiento y una mayor capacidad para planificar inversiones a largo plazo.
El problema aparece cuando los procedimientos administrativos consumen recursos que podrían destinarse a producir, contratar, innovar o expandirse.
El costo no siempre aparece como un impuesto o como una factura. Puede manifestarse en horas de trabajo dedicadas a trámites, abogados contratados para resolver procedimientos, bodegas utilizadas mientras una mercancía espera autorización o inversiones que se retrasan.
Estos costos son conocidos en economía como costos de transacción.
Cuando las instituciones funcionan de manera previsible, esos costos pueden reducirse. Cuando las reglas son confusas o su aplicación es irregular, las empresas deben destinar más recursos para completar una misma actividad.
Por eso, mejorar la calidad institucional puede tener efectos económicos incluso sin modificar directamente los impuestos, los salarios o el precio de los productos.
La Efectividad del Gobierno es una de las dimensiones de los Indicadores Mundiales de Gobernanza del Banco Mundial.
El concepto está relacionado con la percepción sobre la calidad de los servicios públicos, la administración pública, la independencia del servicio civil frente a presiones políticas, la formulación y ejecución de políticas y la credibilidad del compromiso gubernamental con esas políticas.
Por tanto, un Estado efectivo no necesariamente es un Estado más grande. Es un Estado que tiene capacidad para cumplir las funciones que se ha propuesto realizar.
Esta distinción es importante para el debate ecuatoriano: mejorar la productividad no significa simplemente crear más instituciones o aumentar el número de funcionarios, sino conseguir que las entidades existentes funcionen mejor.
El estudio permite observar las diferencias existentes entre los países latinoamericanos en materia de calidad institucional. Ecuador se encuentra por debajo de referentes regionales como Chile y Uruguay en la dimensión de efectividad gubernamental utilizada por los investigadores.
Sin embargo, estas cifras deben interpretarse con cuidado. Los indicadores de gobernanza son mediciones estadísticas y de percepción que no equivalen directamente a una escala de eficiencia administrativa de 0 a 100.
Además, el estudio utiliza información correspondiente hasta 2019 para sus estimaciones. Por esa razón, sus resultados no deben interpretarse como una fotografía exacta de la administración pública ecuatoriana en 2026.
Lo que sí aportan es evidencia sobre una relación estructural: en la muestra analizada, una mayor calidad institucional está asociada con mejores resultados de productividad.
Las diferencias institucionales entre los países pueden tener consecuencias concretas para las empresas.
Un entorno donde las políticas públicas son más previsibles facilita la planificación. Una administración que responde con mayor rapidez puede reducir los tiempos de espera. Y un sistema público con procedimientos claros puede disminuir los recursos que las compañías necesitan para cumplir las regulaciones.
Chile y Uruguay suelen aparecer como referentes regionales en distintas mediciones de calidad institucional, mientras que Ecuador todavía enfrenta desafíos en capacidad estatal, previsibilidad y calidad de los servicios públicos.
Esto no significa que Chile o Uruguay hayan eliminado la burocracia. La diferencia está en la capacidad de las instituciones para establecer procesos que puedan ser utilizados de manera relativamente consistente.
Uno de los resultados más interesantes de la investigación es la importancia de Voice and Accountability, traducida como Voz y Rendición de Cuentas.
Esta dimensión está relacionada con la participación ciudadana, la posibilidad de expresar opiniones, la libertad de los medios de comunicación y la capacidad de los ciudadanos para exigir responsabilidades a sus autoridades.
El estudio encuentra una asociación positiva entre esta dimensión institucional y el crecimiento de la productividad.
La conclusión tiene una implicación importante: la calidad institucional no depende exclusivamente de que el Estado sea capaz de ejecutar políticas. También importa que existan mecanismos que permitan supervisar a quienes toman decisiones.
La rendición de cuentas introduce un mecanismo de corrección.
Cuando una política pública funciona mal, la existencia de controles institucionales, transparencia y participación permite detectar problemas y exigir cambios.
Para las empresas, esto puede contribuir a un entorno en el que las decisiones públicas sean más transparentes y donde existan mayores posibilidades de cuestionar actuaciones arbitrarias.
El estudio, por tanto, no respalda la idea de que la productividad dependa solamente de un Gobierno con mayor poder de decisión. Por el contrario, sus resultados destacan la relevancia conjunta de la capacidad estatal y de los mecanismos de rendición de cuentas.
Es importante evitar una interpretación simplificada.
Los investigadores no concluyen que cualquier sistema democrático produzca automáticamente mayor productividad. Lo que encuentran es que determinadas dimensiones institucionales, especialmente la efectividad gubernamental y la voz y rendición de cuentas, muestran asociaciones consistentes con el crecimiento de la productividad dentro de la muestra analizada.
La investigación también señala que el efecto de las instituciones depende del contexto regional. Por eso, los resultados obtenidos para América Latina no necesariamente pueden trasladarse de forma automática a todas las economías del mundo.
Digitalizar trámites puede reducir tiempos y costos, pero la tecnología por sí sola no garantiza un Estado eficiente.
Una institución puede trasladar un procedimiento burocrático desde una ventanilla física hacia una página web y mantener exactamente los mismos problemas de fondo.
La verdadera transformación ocurre cuando se simplifican los requisitos, se eliminan pasos innecesarios, las instituciones comparten información y el ciudadano puede completar un trámite sin entregar repetidamente documentos que el Estado ya posee.
Por eso, la digitalización debe acompañarse de una revisión de los procesos administrativos.
Otro punto relevante es distinguir entre simplificar procedimientos y eliminar controles.
Una economía necesita regulación para garantizar seguridad, calidad, competencia y protección ambiental o sanitaria. El problema aparece cuando cumplir una norma requiere procesos innecesariamente complejos o cuando diferentes entidades exigen información que podría compartirse mediante sistemas interoperables.
La meta debería ser una regulación clara y previsible, no una ausencia de regulación.
La incertidumbre regulatoria también puede afectar las decisiones de inversión.
Una empresa que analiza construir una nueva planta necesita estimar sus costos durante varios años. Si las reglas fundamentales cambian de manera frecuente o su interpretación depende excesivamente de decisiones administrativas, aumenta el riesgo asociado con la inversión.
Ese riesgo puede llevar a una compañía a posponer un proyecto, reducir su tamaño o buscar otro país.
Por eso, la estabilidad y credibilidad de las políticas públicas forman parte del entorno productivo.
La investigación no atribuye la evolución de la productividad exclusivamente a las instituciones.
Los modelos incorporan otras variables que pueden afectar el crecimiento de la Productividad Total de los Factores, entre ellas factores relacionados con educación, distancia tecnológica, inflación, inversión y apertura comercial.
Esto es importante porque permite analizar el papel de las instituciones dentro de un conjunto más amplio de determinantes económicos.
La tecnología, por ejemplo, puede ayudar a una economía a acercarse a la frontera productiva internacional. Pero para aprovecharla se necesitan empresas capaces de incorporarla y un entorno que no genere obstáculos innecesarios para la inversión y la adopción tecnológica.
Una economía que se encuentra lejos de la frontera tecnológica puede tener oportunidades de crecimiento mediante la adopción de tecnologías que ya fueron desarrolladas en otros países.
Eso puede ocurrir mediante importación de maquinaria, inversión, transferencia de conocimiento, capacitación y participación en cadenas internacionales de producción.
Pero la capacidad de absorber esa tecnología también depende de las condiciones internas.
Una empresa que importa maquinaria necesita permisos, financiamiento, infraestructura, trabajadores capacitados y servicios públicos que funcionen. Si alguno de esos elementos falla, el beneficio potencial de la tecnología puede reducirse.
El capital humano también aparece como una pieza importante del proceso productivo.
Formar trabajadores y profesionales puede aumentar la capacidad de una economía para adoptar tecnologías, desarrollar nuevos productos y mejorar procesos.
Sin embargo, el efecto de la educación no necesariamente aparece de forma inmediata. Una persona recién incorporada al mercado laboral necesita tiempo para adquirir experiencia y adaptarse a los procesos de una empresa.
Esto significa que las políticas de educación y capacitación deben evaluarse con una perspectiva de largo plazo.
La inversión privada permite aumentar la capacidad productiva mediante nuevas plantas, maquinaria, infraestructura, tecnología y procesos.
La inversión extranjera puede aportar capital y conocimiento, pero su efecto depende también de la capacidad de la economía receptora para absorber nuevas tecnologías y conectarse con esas empresas.
Por ello, mejorar las condiciones para los inversionistas nacionales y extranjeros puede contribuir a elevar la productividad, siempre que existan instituciones capaces de acompañar ese proceso.
Uno de los puntos que requiere mayor precisión en el debate público es la cifra de una supuesta pérdida anual de USD 1.200 millones atribuida directamente a la ineficiencia estatal.
El artículo científico demuestra una relación estadística entre calidad institucional y crecimiento de la productividad, pero no presenta una estimación específica que establezca que Ecuador pierde exactamente USD 1.200 millones cada año debido a su burocracia.
Por ello, esa cifra no debería presentarse como un resultado directo del estudio de Heliyon.
La evidencia científica permite afirmar algo diferente y más sólido: mejorar la efectividad del Gobierno puede contribuir a crear condiciones más favorables para el crecimiento de la productividad.
Los autores realizaron además pruebas de robustez utilizando el método Leave-One-Out.
La metodología consiste en retirar un país de la muestra, volver a estimar el modelo y repetir el procedimiento con cada uno de los países.
El objetivo es determinar si los resultados dependen excesivamente de un país concreto.
Según los autores, la relación positiva y estadísticamente significativa de las dimensiones de Voz y Rendición de Cuentas y Efectividad del Gobierno con el crecimiento de la productividad se mantiene al excluir sucesivamente distintos países.
Esto fortalece la conclusión de que los resultados no están determinados únicamente por la presencia de una economía particular dentro de la muestra.
Los resultados del estudio permiten plantear varias líneas de política pública, aunque estas deben entenderse como implicaciones y no como una lista de medidas que los autores hayan presentado necesariamente como un programa específico para Ecuador.
La discusión sobre el tamaño del Estado suele ocupar buena parte del debate económico. Sin embargo, la investigación publicada en Heliyon apunta hacia otra pregunta: ¿qué tan efectivo es el Estado para cumplir las funciones que tiene?
Un aparato público pequeño pero incapaz puede generar enormes costos para la economía. Del mismo modo, aumentar el número de instituciones no garantiza mejores servicios.
La productividad depende, entre otros factores, de que las empresas puedan utilizar su capital, trabajadores y tecnología de manera eficiente. Las instituciones pueden facilitar ese proceso o introducir fricciones adicionales.
La productividad suele asociarse con fábricas, maquinaria o trabajadores, pero su alcance es mucho mayor.
También tiene que ver con cuánto tiempo necesita una empresa para poner en marcha una inversión, cuánto cuesta importar un equipo, qué tan fácil resulta contratar servicios, cuánto demora resolver una controversia y qué tan previsible es el entorno regulatorio.
Cuando esos procesos funcionan correctamente, los recursos pueden dirigirse hacia actividades productivas. Cuando funcionan mal, parte del capital y del tiempo termina destinado a superar obstáculos administrativos.
El estudio de León Padilla, Sarah J. Carrington y Begoña Leiva ofrece una conclusión relevante para países como Ecuador: la calidad de las instituciones forma parte de la capacidad productiva de una economía.
La investigación no sostiene que todos los problemas económicos ecuatorianos sean consecuencia de la burocracia ni que una reforma administrativa pueda resolver por sí sola el bajo crecimiento. Sí aporta evidencia de que la efectividad gubernamental y la rendición de cuentas están relacionadas con el desempeño de la productividad en los países analizados.
Para Ecuador, el desafío consiste en convertir esa evidencia en reformas concretas: instituciones más profesionales, procesos simples, servicios públicos de mayor calidad, reglas previsibles y mecanismos efectivos de control ciudadano.
El objetivo final no debería ser que una empresa tenga que conocer mejor el laberinto burocrático para poder producir. Debería ser exactamente lo contrario: que el Estado sea suficientemente eficiente para que el tiempo y el capital de empresarios y trabajadores puedan concentrarse en crear bienes, servicios, empleo e innovación.
La investigación analiza 18 países latinoamericanos y concluye que la Efectividad del Gobierno es la dimensión institucional más consistentemente asociada con el crecimiento de la Productividad Total de los Factores. Ecuador forma parte del análisis regional.
El trabajo fue elaborado por León Padilla, Sarah J. Carrington y Begoña Leiva y publicado en agosto de 2026 en la revista científica Heliyon, de Elsevier.
El estudio utiliza información de 18 países de América Latina correspondiente al período 2002-2019.
Es una medida que busca determinar cuánto cambia la producción de una economía más allá del aumento de factores como trabajo y capital. Se utiliza para estudiar mejoras en eficiencia y progreso tecnológico.
No. Esa cifra no aparece como una estimación específica del estudio publicado. La investigación encuentra una relación estadística entre calidad institucional y productividad, pero no calcula una pérdida anual de USD 1.200 millones para Ecuador.
La Efectividad del Gobierno es la dimensión que presenta la asociación más consistente con el crecimiento de la productividad en las diferentes especificaciones utilizadas por los investigadores.
El estudio encuentra una asociación positiva entre Voz y Rendición de Cuentas y el crecimiento de la productividad. Esta dimensión incluye elementos relacionados con participación ciudadana, transparencia y capacidad de exigir responsabilidades a las autoridades.
La digitalización puede reducir costos y tiempos, pero no es suficiente por sí sola. Para mejorar la eficiencia también es necesario simplificar procedimientos, eliminar duplicidades, interoperar sistemas y fortalecer la capacidad de las instituciones.
Entre las prioridades se encuentran mejorar la capacidad administrativa del Estado, simplificar regulaciones, fortalecer la rendición de cuentas, facilitar la inversión productiva, impulsar la adopción tecnológica y mejorar la formación del capital humano.
La principal enseñanza del estudio es que las instituciones no son un elemento separado de la economía. La forma en que funciona el Estado puede influir en las condiciones bajo las cuales las empresas invierten, producen, innovan y generan empleo.
Para Ecuador, elevar la productividad requiere más que atraer capital o incorporar tecnología. También implica construir instituciones capaces de ejecutar políticas, prestar servicios de calidad y ofrecer reglas previsibles.
En una economía donde cada hora de trabajo y cada dólar invertido cuentan, reducir las fricciones institucionales puede convertirse en una de las reformas con mayor impacto sobre la capacidad de producir y crecer a largo plazo.
