La economía ecuatoriana enfrenta un problema que va más allá de las dificultades de un año determinado: su capacidad para crecer de manera sostenida continúa siendo limitada. La baja productividad, la insuficiente inversión, la inseguridad, las deficiencias energéticas y las dificultades para generar empleo formal conforman un escenario que condiciona el desarrollo del país y los ingresos de millones de familias.
Un análisis de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) revela la dimensión de este desafío. Entre 2016 y 2025, el crecimiento interanual promedio del Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano fue de apenas el 1,7 %. Para el periodo 2026-2030, las perspectivas tampoco anticipan un cambio significativo: las estimaciones del organismo sitúan el crecimiento promedio alrededor del 2,5 %.
Estas cifras muestran que Ecuador tiene dificultades para ampliar su capacidad productiva a una velocidad suficiente para generar más oportunidades laborales, mejorar los salarios y reducir las brechas sociales. El problema no consiste únicamente en cuánto crece la economía, sino en la capacidad de ese crecimiento para traducirse en mejores condiciones de vida.
Andrés Rodríguez Verdesoto, economista, advierte que el bajo desempeño económico tiene consecuencias directas sobre los hogares, especialmente por las limitaciones para generar empleo formal y mejorar los ingresos. En otras palabras, cuando la producción nacional avanza lentamente, también se reducen las posibilidades de que una mayor parte de la población acceda a trabajos estables y remuneraciones más altas.
Una manera de comprender las consecuencias del bajo crecimiento es calcular cuánto tiempo necesitaría un país para duplicar su producción. El exviceministro de Economía Juan Carlos Alarcón Galarza utiliza esta referencia para explicar por qué pequeñas diferencias en las tasas de expansión pueden tener efectos importantes a largo plazo.
Si Ecuador mantuviera un crecimiento anual constante del 2,7 %, necesitaría aproximadamente 26 años para duplicar el tamaño de su economía. Con una expansión del 3,7 %, el periodo se reduciría a unos 19 años. Es decir, mejorar un punto porcentual la tasa de crecimiento permitiría alcanzar ese objetivo aproximadamente siete años antes.
El escenario cambia todavía más cuando se consideran tasas superiores. Con un crecimiento sostenido del 5 % anual, el PIB tardaría alrededor de 14 años en duplicarse. Para conseguirlo en menos de 12 años, el país necesitaría acercarse a una expansión anual del 6 %.
Esta comparación demuestra que el crecimiento económico no es una variable abstracta. Una economía que avanza lentamente tarda más en ampliar su capacidad de producción, generar riqueza, financiar servicios públicos y mejorar los ingresos de sus habitantes.
Las previsiones oficiales ofrecen una perspectiva moderadamente favorable para el corto plazo, aunque todavía insuficiente para resolver los problemas estructurales de la economía. En septiembre de 2026, el Banco Central del Ecuador actualizó su programación macroeconómica y elevó al 2,7 % su estimación de crecimiento para ese año.
El resultado efectivo del segundo trimestre mostró una expansión interanual del 2,1 %, según el BCE. Entre las actividades que contribuyeron al desempeño económico estuvieron los servicios financieros y de seguros, el comercio y la manufactura. También se registraron aportes positivos del consumo de los hogares y la inversión.
Para los años siguientes, la programación macroeconómica contempla un crecimiento promedio del 2,5 % entre 2027 y 2030. Esta perspectiva refleja las dificultades que enfrenta el país para consolidar una expansión más acelerada y sostenida.
En el contexto internacional, las comparaciones también requieren cautela. El Fondo Monetario Internacional proyectó en abril de 2026 un crecimiento mundial del 3,1 %, mientras que América Latina y el Caribe afrontaba perspectivas de expansión más moderadas. Superar el promedio regional puede representar un resultado favorable, pero no significa necesariamente que Ecuador esté resolviendo sus problemas de productividad, inversión y generación de empleo.
Las proyecciones económicas están sujetas a factores externos e internos que pueden modificar los resultados previstos. En Ecuador, uno de los riesgos más importantes está relacionado con la posibilidad de un fenómeno de El Niño y sus efectos sobre la infraestructura, la agricultura, el transporte y la generación eléctrica.
El Banco Central incorporó escenarios climáticos en su programación macroeconómica. De acuerdo con sus estimaciones, un evento de intensidad moderada podría reducir el crecimiento económico de 2027 en 0,5 puntos porcentuales. Si el fenómeno alcanzara una intensidad fuerte, el impacto podría llegar a 1,4 puntos porcentuales.
Las consecuencias no se limitarían a las actividades agrícolas o a las poblaciones costeras. Las inundaciones, los daños en carreteras, las interrupciones de servicios y las afectaciones a la infraestructura productiva podrían encarecer las operaciones empresariales y dificultar el abastecimiento de productos.
La generación hidroeléctrica también constituye un factor de vulnerabilidad. Ecuador depende considerablemente de sus centrales hidroeléctricas, por lo que las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua pueden influir en la seguridad del suministro eléctrico. Una nueva crisis energética tendría repercusiones sobre la industria, el comercio y los servicios.
Por esta razón, las previsiones de crecimiento deben interpretarse como escenarios sujetos a cambios, especialmente cuando existen riesgos climáticos capaces de afectar simultáneamente a varios sectores productivos.
Las dificultades de crecimiento también se observan al examinar los componentes que impulsan la actividad económica. La demanda de los hogares, la inversión empresarial y las exportaciones son fundamentales para ampliar la producción nacional, pero sus perspectivas muestran limitaciones para sostener una expansión más dinámica.
La programación presupuestaria cuatrianual y las proyecciones macroeconómicas del Gobierno permiten identificar los principales desafíos de estos componentes. Entre los indicadores analizados se encuentran las siguientes contribuciones al crecimiento:
Estas cifras corresponden a las contribuciones señaladas en el documento de referencia y deben distinguirse de las tasas de crecimiento propias de cada componente. La diferencia es importante porque un aporte menor al crecimiento del PIB no significa necesariamente que una actividad registre una contracción.
En el caso de la inversión, el desafío es particularmente relevante. Sin recursos destinados a maquinaria, infraestructura, tecnología y ampliación de instalaciones, las empresas tienen menos posibilidades de aumentar su producción y competir en mercados internacionales.
Uno de los principales obstáculos estructurales de la economía ecuatoriana es su limitada productividad. Esto significa que el país obtiene un nivel de producción relativamente bajo en comparación con los recursos, el tiempo y el trabajo utilizados para generar bienes y servicios.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe Perspectivas Económicas de América Latina 2025, sitúa la productividad laboral de Ecuador en aproximadamente el 29 % del promedio de sus países miembros, con datos de 2024.
La brecha refleja dificultades relacionadas con la tecnología, la capacitación, la infraestructura, la innovación y las condiciones en las que operan las empresas. Cuando los trabajadores disponen de herramientas limitadas y las compañías no pueden modernizar sus procesos, resulta más difícil incrementar la producción por hora trabajada.
La inversión productiva constituye otro indicador importante. Según la misma publicación de la OCDE, la formación bruta de capital fijo representó el 18,4 % del PIB ecuatoriano en 2024, frente al 21,7 % registrado como promedio de la organización.
Esta diferencia refleja el espacio que tiene el país para fortalecer la acumulación de capital. Una mayor inversión en infraestructura, maquinaria, tecnología y equipamiento puede mejorar la eficiencia de las empresas, generar nuevos puestos de trabajo y ampliar la capacidad exportadora.
Sin embargo, atraer capital requiere condiciones que permitan a los inversionistas desarrollar proyectos con perspectivas de rentabilidad y reglas previsibles. La estabilidad institucional, la seguridad jurídica, el acceso al financiamiento y la disponibilidad de energía son elementos determinantes para tomar decisiones de largo plazo.
El costo del financiamiento representa otro factor que puede limitar la expansión empresarial. Cuando un país presenta mayores riesgos de incumplimiento de sus obligaciones financieras, los inversionistas suelen exigir rendimientos más elevados para adquirir sus bonos y financiar sus proyectos.
En enero de 2026, S&P Global Ratings mantuvo la calificación soberana de Ecuador en B- para la deuda de largo plazo y B para la de corto plazo, con perspectiva estable. Estas categorías se encuentran dentro del segmento especulativo y por debajo del grado de inversión.
El análisis de Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, destaca las dificultades que esta situación representa para la economía nacional. El país todavía necesita fortalecer sus indicadores fiscales, institucionales y financieros para reducir la percepción de riesgo y mejorar sus condiciones de acceso a los mercados internacionales.
Una mejora de la calificación crediticia podría contribuir a reducir los costos de financiamiento del Estado y de las empresas, aunque no garantiza automáticamente una mayor inversión extranjera. Para conseguir ese resultado también se necesitan proyectos rentables, seguridad jurídica, estabilidad económica e infraestructura adecuada.
Alcanzar el grado de inversión constituye, por tanto, un objetivo relevante dentro de una estrategia de recuperación de la confianza financiera. Países latinoamericanos como Chile, Perú, Uruguay y Panamá cuentan con mejores condiciones de calificación soberana, lo que puede facilitar su acceso a diferentes fuentes de capital.
La falta de productividad y las restricciones financieras no explican por sí solas el bajo crecimiento ecuatoriano. La inseguridad también representa un costo para la actividad económica, porque obliga a empresas y comerciantes a destinar recursos adicionales a protección, vigilancia, seguros y medidas preventivas.
Los negocios que operan en zonas afectadas por la delincuencia pueden enfrentar mayores gastos, interrupciones de sus actividades y dificultades para transportar mercancías. En algunos casos, estas condiciones reducen los horarios comerciales o desincentivan la apertura de nuevos establecimientos.
El impacto también alcanza a los inversionistas. Cuando las empresas no tienen garantías suficientes para proteger sus instalaciones, trabajadores y mercancías, aumenta la incertidumbre sobre la rentabilidad de los proyectos. Esto puede retrasar decisiones de expansión y limitar la creación de empleo.
La energía constituye otro componente esencial de la competitividad. Los problemas de abastecimiento eléctrico y la dependencia de las condiciones hidrológicas han evidenciado la necesidad de fortalecer la infraestructura de generación y distribución.
Para una empresa industrial, una interrupción del suministro puede significar maquinaria detenida, pérdida de materias primas, retrasos en las entregas y mayores costos operativos. En consecuencia, garantizar electricidad confiable no es únicamente una cuestión de infraestructura pública, sino una condición necesaria para mejorar la productividad nacional.
La desaceleración de la actividad productiva termina reflejándose en el mercado laboral. Cuando las empresas no amplían sus operaciones, disminuyen las oportunidades de contratación y aumenta la dificultad para que los trabajadores accedan a empleos con estabilidad, afiliación y remuneraciones adecuadas.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestran que el empleo adecuado alcanzó el 37,1 % de la población económicamente activa en diciembre de 2025. Esto significa que una proporción importante de trabajadores continúa fuera de esta categoría laboral.
Por otra parte, el informe de evolución económica del Banco Central señala que el sector informal concentró al 51,5 % de la población ocupada durante 2025. Esta situación refleja la importancia de fortalecer la generación de empleos formales y mejorar las condiciones de productividad de las unidades económicas.
Las consecuencias del crecimiento limitado se manifiestan en diferentes ámbitos:
El crecimiento económico también debe analizarse desde la perspectiva de la riqueza generada por habitante. Para ello se utiliza el PIB per cápita, un indicador que divide el valor de la producción nacional para la población y permite realizar comparaciones entre economías.
En el análisis de Jaime Carrera se destaca que Ecuador mantiene una posición rezagada frente a varios países latinoamericanos. La cifra citada para 2025 fue de USD 16.757 por habitante, medida mediante paridad de poder adquisitivo (PPA).
Este indicador permite comparar el volumen de bienes y servicios que pueden adquirirse en diferentes países, considerando las diferencias de precios. Por esa razón, no debe confundirse con el ingreso mensual que recibe una persona ni con su salario efectivo.
En dólares corrientes, el PIB per cápita ecuatoriano fue estimado en USD 7.199 anuales, equivalente a un promedio contable cercano a USD 600 mensuales. Sin embargo, este valor representa producción económica por habitante y no significa que todos los ecuatorianos perciban ese monto.
La comparación regional muestra la distancia que todavía existe frente a economías con mayores niveles de productividad y capacidad de generación de riqueza. Reducir esa brecha requiere mejorar la educación, fortalecer las empresas, ampliar la inversión y generar actividades con mayor valor agregado.
Superar las limitaciones estructurales exige una estrategia que combine estabilidad macroeconómica con reformas orientadas a mejorar la capacidad productiva. No existe una única medida que pueda resolver el problema, por lo que los cambios deben desarrollarse de manera coordinada y sostenida.
Las cifras económicas muestran que Ecuador necesita superar un modelo de expansión limitada que dificulta la generación de empleo, la modernización empresarial y la mejora de los ingresos familiares. El promedio de crecimiento de la última década y las perspectivas para los próximos años evidencian que el país todavía tiene importantes desafíos estructurales.
El problema no se resuelve únicamente con un mejor resultado trimestral del PIB o con una recuperación temporal de determinados sectores. La transformación requiere aumentar la productividad, atraer inversión, garantizar energía, fortalecer las instituciones y crear condiciones para que las empresas puedan crecer y contratar trabajadores.
La diferencia entre crecer al 2,5 %, al 3,5 % o al 5 % puede parecer pequeña cuando se observa un solo año, pero sus efectos se acumulan con el tiempo. Una economía que mantiene tasas de expansión superiores durante periodos prolongados tiene mayores posibilidades de generar riqueza, ampliar su infraestructura y mejorar las oportunidades de sus habitantes.
El reto para Ecuador hasta 2030 será convertir las proyecciones económicas en resultados sostenibles y lograr que el crecimiento deje de ser una cifra macroeconómica para convertirse en más empleo adecuado, mejores ingresos y una mayor capacidad de desarrollo para las familias y las empresas.
