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Ecuador abre una nueva etapa en el arbitraje internacional con el TLC con Canadá

Artículo por Jaime Mise, 16 Noviembre, 2026
12 minutos
8 Vistas
Artículos
Geopolítica
Política Comercial
TLC entre Ecuador y Canadá
Índice de contenidos

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y Canadá introduce un elemento importante en la política comercial ecuatoriana: un mecanismo de arbitraje internacional para resolver determinadas controversias entre inversionistas extranjeros y el Estado. La disposición forma parte del capítulo 15, dedicado a las inversiones, y establece condiciones para que empresas e inversionistas puedan reclamar cuando consideren que uno de los países incumplió las obligaciones de protección establecidas en el acuerdo.

La incorporación de este mecanismo adquiere especial relevancia debido a las restricciones previstas en el artículo 422 de la Constitución ecuatoriana, que limita la posibilidad de que el Estado entregue jurisdicción soberana a tribunales arbitrales internacionales para resolver controversias contractuales o comerciales con personas naturales o jurídicas privadas.

El acuerdo fue suscrito el 24 de julio de 2026 y representa un nuevo paso en la relación económica entre ambos países. Sin embargo, su aplicación todavía depende de los procedimientos internos de aprobación y ratificación. Por tanto, aunque el documento ya fue firmado, sus disposiciones no están todavía en vigor.

El artículo 422 de la Constitución y las restricciones al arbitraje internacional

La discusión jurídica sobre el arbitraje internacional en Ecuador tiene como referencia principal el artículo 422 de la Constitución de 2008. Esta disposición establece que el Estado no puede celebrar tratados o instrumentos internacionales mediante los cuales ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional para resolver controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.

La norma ha influido durante años en la negociación de acuerdos internacionales de inversión. Su interpretación generó restricciones para incorporar mecanismos de solución de controversias entre inversionistas extranjeros y el Estado, especialmente cuando las reclamaciones podían involucrar relaciones contractuales o comerciales sometidas al derecho interno ecuatoriano.

El debate también tuvo consecuencias sobre los tratados bilaterales de inversión que Ecuador había suscrito con diferentes países, varios de los cuales fueron objeto de revisiones constitucionales y procesos de denuncia.

La discusión no significa que la Constitución prohíba cualquier forma de arbitraje internacional. El alcance de la restricción depende de la naturaleza de la controversia, de las competencias que se entregan al tribunal y del origen de las obligaciones cuyo incumplimiento se reclama.

La Corte Constitucional abrió un nuevo escenario para los acuerdos de inversión

Uno de los antecedentes más relevantes para comprender el mecanismo incluido en el TLC con Canadá es el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos.

Mediante el dictamen 19-25-TI/26A, emitido el 30 de marzo de 2026, la Corte examinó la compatibilidad de ese instrumento con la Constitución, particularmente en relación con su mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados.

La mayoría de los jueces estableció una distinción entre las reclamaciones contractuales o comerciales, por un lado, y aquellas fundamentadas en el incumplimiento de obligaciones internacionales asumidas mediante un tratado, por otro.

Según el criterio mayoritario, el arbitraje internacional puede ser compatible con la Constitución cuando se limita a determinar si un Estado incumplió obligaciones internacionales específicas y no permite que un tribunal extranjero resuelva controversias contractuales o comerciales que corresponden a la jurisdicción interna.

La Corte condicionó la constitucionalidad del mecanismo analizado a que se incorpore una exclusión expresa que impida a los tribunales arbitrales conocer controversias contractuales o comerciales entre el Estado y particulares.

Este pronunciamiento constituye un antecedente jurídico importante para analizar el TLC con Canadá, aunque no representa una aprobación anticipada de su capítulo de inversiones. El tratado canadiense deberá someterse a su propio procedimiento de control constitucional.

Qué establece el capítulo 15 del TLC entre Ecuador y Canadá

El capítulo 15 del acuerdo está dedicado a las inversiones y establece las condiciones bajo las cuales los inversionistas de ambos países pueden acceder a determinadas protecciones jurídicas.

El tratado considera como inversión un activo que tenga características económicas propias, entre ellas la aportación de capital, la expectativa de obtener beneficios y la asunción de riesgos. Además, contempla diferentes modalidades de participación empresarial y activos relacionados con actividades económicas.

Entre los elementos que pueden quedar comprendidos dentro de una inversión protegida se encuentran:

  • Empresas y participaciones accionarias: sociedades, acciones y otras formas de participación en negocios establecidos en el territorio de cualquiera de los países.
  • Instrumentos financieros: bonos, títulos de deuda y determinados préstamos vinculados con una inversión.
  • Contratos empresariales: acuerdos de construcción, concesión, gestión, producción y otras actividades que cumplan las características de una inversión.
  • Propiedad intelectual: derechos protegidos que formen parte de una actividad económica.
  • Bienes tangibles e intangibles: activos utilizados en operaciones empresariales y que cumplan las condiciones establecidas por el tratado.

La definición no significa que cualquier contrato, deuda o derecho económico quede automáticamente protegido. Para acceder a las garantías del capítulo deben cumplirse los requisitos de inversión establecidos en el acuerdo y las condiciones aplicables a cada categoría de activo.

Qué protecciones reciben los inversionistas extranjeros

El capítulo de inversiones incorpora obligaciones destinadas a ofrecer condiciones previsibles para las empresas e inversionistas de Ecuador y Canadá.

Entre sus disposiciones se encuentran principios de trato nacional, trato de nación más favorecida y estándares mínimos de protección, además de reglas relacionadas con la expropiación, la transferencia de fondos y determinadas garantías para las inversiones cubiertas.

Estas disposiciones buscan evitar tratamientos discriminatorios y establecer condiciones para que los inversionistas puedan desarrollar sus actividades económicas sin enfrentar medidas arbitrarias contrarias a las obligaciones asumidas por los Estados.

En materia de expropiación, el acuerdo establece condiciones para determinar cuándo una medida estatal puede constituir una privación de una inversión protegida y bajo qué circunstancias corresponde una compensación.

Sin embargo, estas garantías no significan que una empresa extranjera pueda exigir indemnizaciones simplemente porque una política pública afecte sus expectativas comerciales. Para que exista responsabilidad internacional deben demostrarse los elementos exigidos por el tratado y el incumplimiento de una obligación protegida.

El arbitraje internacional no se aplicará a cualquier conflicto comercial

Uno de los aspectos centrales del capítulo 15 es la delimitación de las controversias que pueden llegar a un tribunal arbitral.

El artículo 15.20 establece el alcance del mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados. Por su parte, el artículo 15.23 regula las condiciones para presentar una reclamación de arbitraje.

Este último incorpora una nota aclaratoria que señala expresamente que las reclamaciones deben limitarse al alcance establecido en el artículo 15.20 y excluyen la resolución de controversias contractuales o comerciales que no estén reguladas por el capítulo.

Esta precisión es relevante para la interpretación del artículo 422 de la Constitución, porque busca diferenciar las reclamaciones fundamentadas en obligaciones internacionales de inversión de los conflictos comerciales ordinarios.

Entre los asuntos que no deben confundirse con una controversia de inversión protegida se encuentran:

  • Incumplimientos de contratos comerciales de compraventa de bienes o prestación de servicios que no estén cubiertos por el capítulo de inversiones.
  • Reclamos de pago derivados exclusivamente de operaciones comerciales ordinarias.
  • Disputas relacionadas con préstamos o financiamientos que no reúnen las características de una inversión protegida.
  • Controversias que no se fundamentan en el incumplimiento de una obligación específica establecida en el tratado.

Por tanto, el mecanismo no constituye una vía general para que cualquier proveedor o acreedor extranjero demande al Estado ecuatoriano ante un tribunal internacional.

Cuándo un inversionista podrá demandar a Ecuador o Canadá

El tratado contempla la posibilidad de que un inversionista de uno de los países presente una reclamación contra el otro Estado cuando considere que se incumplió una obligación de protección establecida en el capítulo de inversiones y que ese incumplimiento le ocasionó pérdidas o daños.

Sin embargo, el acceso al arbitraje está sujeto a varias condiciones procesales y jurídicas.

En primer lugar, el inversionista debe identificar la obligación del tratado que considera vulnerada y explicar los hechos que sustentan su reclamación. También debe identificar la inversión afectada y los daños que atribuye a la conducta estatal.

El artículo 15.21 establece una etapa previa de consultas y negociación. El inversionista debe presentar una solicitud escrita al Estado correspondiente y proporcionar información sobre la inversión, las medidas cuestionadas y la compensación que solicita.

Si transcurren 180 días desde la recepción de la solicitud de consultas sin que se resuelva la controversia, el inversionista puede avanzar hacia el procedimiento arbitral, siempre que cumpla los demás requisitos del acuerdo.

El artículo 15.23 también contempla el consentimiento escrito para someter la controversia a arbitraje y la renuncia a determinados procedimientos paralelos sobre la misma medida, con las excepciones previstas en el propio tratado.

Esto significa que el mecanismo tiene requisitos específicos y no puede activarse únicamente por la existencia de una diferencia económica entre una empresa y una institución pública.

Cómo se conformará el tribunal y dónde se realizará el arbitraje

El acuerdo establece reglas para la conformación de los tribunales arbitrales y la selección de sus integrantes.

De acuerdo con el artículo 15.26, el tribunal estará compuesto generalmente por tres árbitros, salvo que las partes acuerden otra modalidad o se aplique un procedimiento especial. Cada parte designará un árbitro y el presidente del tribunal será seleccionado mediante acuerdo o conforme al procedimiento establecido.

Los árbitros deberán contar con conocimientos o experiencia en derecho internacional público, derecho internacional de inversiones, derecho comercial internacional o resolución de controversias relacionadas con estas materias.

El tratado también establece condiciones de independencia y exige que los árbitros no estén vinculados ni reciban instrucciones de los Estados o del inversionista involucrado.

Respecto a la sede, el artículo 15.30 dispone que las partes en la controversia pueden acordar el lugar donde se desarrollará el arbitraje. Si no existe consenso, el tribunal podrá determinarlo, siempre que la sede jurídica se encuentre en un Estado que forme parte de la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras.

La elección de la sede tiene importancia jurídica porque determina aspectos relacionados con el procedimiento arbitral y el marco de supervisión judicial aplicable.

El tratado reconoce el derecho de los Estados a regular sus políticas públicas

La protección de las inversiones extranjeras no elimina las facultades de Ecuador y Canadá para establecer regulaciones destinadas a proteger el interés público.

El capítulo 15 incorpora disposiciones que reconocen el derecho de los Estados a adoptar medidas relacionadas con objetivos legítimos de política pública, siempre dentro de las obligaciones establecidas en el acuerdo.

Entre las áreas que pueden estar comprendidas en estas medidas se encuentran:

  • Protección ambiental: regulación de actividades económicas para prevenir daños ambientales y promover la sostenibilidad.
  • Salud pública: adopción de medidas para proteger la salud y el bienestar de la población.
  • Seguridad: regulación de actividades que puedan representar riesgos para las personas o el Estado.
  • Protección de consumidores: establecimiento de normas para garantizar condiciones adecuadas de comercialización y prestación de servicios.
  • Derechos laborales y sociales: aplicación de disposiciones destinadas a proteger a los trabajadores y garantizar derechos fundamentales.
  • Derechos de pueblos indígenas: respeto de los compromisos internacionales y de las normas nacionales aplicables.

El acuerdo también contempla disposiciones sobre conducta empresarial responsable, derechos humanos, igualdad de género, protección ambiental y cumplimiento de la legislación nacional.

Estas reglas buscan evitar que la competencia por atraer inversiones se traduzca en una reducción injustificada de los estándares de protección social, laboral y ambiental.

Restricciones a las condiciones que pueden imponerse a los inversionistas

Otro componente del capítulo de inversiones establece límites a determinados requisitos que los gobiernos pueden exigir a las empresas extranjeras como condición para establecer o mantener una inversión.

Estas disposiciones buscan evitar que se impongan obligaciones que distorsionen las decisiones empresariales o restrinjan injustificadamente el funcionamiento de las inversiones internacionales.

Entre las condiciones que pueden estar prohibidas, según el alcance y las excepciones del tratado, se encuentran:

  • Exigir porcentajes específicos de contenido nacional en los productos o servicios.
  • Obligar a utilizar determinados proveedores locales como condición para acceder a una inversión.
  • Imponer niveles específicos de exportación como requisito para operar.
  • Exigir la transferencia forzada de tecnología, procesos productivos o conocimientos protegidos.
  • Establecer determinadas restricciones relacionadas con la importación o exportación de bienes vinculados con una inversión.

Estas reglas no eliminan todas las facultades regulatorias del Estado. Su aplicación depende de las obligaciones concretas del capítulo, las reservas, las excepciones y las medidas no conformes que los países hayan establecido en el acuerdo.

Qué sucede con el artículo 422 y la constitucionalidad del TLC con Canadá

La incorporación del arbitraje inversionista-Estado en el tratado con Canadá abre una discusión jurídica que deberá analizarse dentro del procedimiento constitucional correspondiente.

El antecedente del acuerdo con Emiratos Árabes Unidos permite identificar el criterio mayoritario de la Corte Constitucional sobre la diferencia entre las reclamaciones basadas en un tratado internacional y aquellas que tienen origen en relaciones contractuales o comerciales.

Sin embargo, no debe interpretarse que ese pronunciamiento resolvió automáticamente la constitucionalidad del capítulo 15 del TLC con Canadá. Cada instrumento internacional debe someterse a su propio control, considerando su redacción, alcance, exclusiones y obligaciones.

En el caso canadiense, la nota aclaratoria del artículo 15.23 que excluye las controversias contractuales o comerciales no reguladas por el capítulo constituye un elemento relevante para el análisis. Aun así, será necesario que la Corte examine si la delimitación resulta suficiente para cumplir las exigencias constitucionales.

También es importante considerar que el dictamen sobre Emiratos tuvo votos disidentes que expresaron desacuerdos respecto de la interpretación del artículo 422. Esto evidencia que el alcance de la prohibición constitucional continúa siendo objeto de debate jurídico.

El TLC entre Ecuador y Canadá todavía debe completar su proceso de aprobación

Aunque ambos países suscribieron el acuerdo el 24 de julio de 2026, la firma no significa que el tratado haya entrado automáticamente en vigor.

El instrumento debe completar los procedimientos internos correspondientes, entre ellos el control constitucional en Ecuador y las etapas de aprobación y ratificación que correspondan a cada país.

La Corte Constitucional tiene competencia para emitir un dictamen previo y vinculante sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales que requieren aprobación legislativa, conforme a las disposiciones de la Constitución ecuatoriana.

Una vez completados los procedimientos respectivos y cumplidas las condiciones de entrada en vigor previstas en el acuerdo, sus disposiciones podrán comenzar a aplicarse.

Por ahora, el Gobierno de Canadá identifica oficialmente al TLC como un acuerdo firmado, pero no vigente.

Qué significa este mecanismo para la inversión extranjera en Ecuador

La incorporación de un procedimiento de arbitraje internacional puede modificar las condiciones jurídicas bajo las cuales operan los inversionistas canadienses en Ecuador y los inversionistas ecuatorianos en Canadá.

Para las empresas, contar con reglas específicas de protección puede aportar previsibilidad al momento de evaluar proyectos de largo plazo, especialmente en sectores que requieren inversiones importantes de capital y están sujetos a regulaciones estatales.

Para Ecuador, el desafío consiste en atraer inversiones productivas sin debilitar su capacidad para establecer políticas públicas, proteger los recursos naturales y garantizar los derechos de la población.

La existencia de un mecanismo arbitral también implica responsabilidades para el Estado. Las instituciones públicas deberán considerar las obligaciones internacionales asumidas al diseñar regulaciones, modificar contratos, establecer condiciones para las inversiones y ejecutar decisiones administrativas.

En este escenario, la seguridad jurídica no depende exclusivamente de ofrecer mecanismos de reclamación a los inversionistas, sino también de contar con instituciones transparentes, normas claras y procedimientos administrativos previsibles.

Un precedente para las futuras negociaciones comerciales de Ecuador

El capítulo de inversiones del TLC con Canadá representa un nuevo episodio en la evolución de la política comercial ecuatoriana. Su contenido refleja el intento de combinar garantías para los inversionistas extranjeros con límites destinados a preservar las competencias del Estado.

La diferencia entre una reclamación basada en obligaciones internacionales y una controversia contractual ordinaria será determinante para establecer el alcance real del mecanismo de arbitraje.

Su aplicación dependerá del resultado del control constitucional, de la aprobación y ratificación del acuerdo y de la interpretación que se realice de sus disposiciones cuando entre en vigor.

Si completa estos procedimientos, el tratado podría convertirse en una referencia para futuras negociaciones comerciales de Ecuador, especialmente en materia de protección de inversiones y solución de controversias internacionales.

El principal desafío será encontrar un equilibrio entre la confianza de los inversionistas, el respeto a la Constitución y la capacidad del Estado ecuatoriano para regular las actividades económicas en beneficio del interés público.

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