Ecuador y Colombia decidieron fortalecer la coordinación entre sus parlamentos para enfrentar el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el lavado de activos. La iniciativa quedó plasmada en una declaración parlamentaria conjunta firmada en Madrid por la presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Mishel Mancheno, y el presidente del Senado de Colombia, Honorio Henríquez.
El documento fue suscrito durante el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se desarrolla en España, y plantea una agenda de cooperación legislativa centrada en tres áreas: el control territorial y fronterizo, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, y la lucha contra el lavado de activos.
La declaración busca establecer un mecanismo permanente de diálogo entre los legislativos de ambos países para intercambiar experiencias y analizar herramientas jurídicas frente a las estructuras delictivas que operan más allá de las fronteras nacionales.
La Asamblea Nacional ecuatoriana explicó que el objetivo es avanzar en mecanismos de cooperación y coordinación legislativa que permitan desarrollar instrumentos jurídicos y acciones conjuntas frente a la delincuencia organizada transnacional. El documento también contempla asistencia y cooperación técnica internacional para mejorar los marcos jurídicos relacionados con los delitos de carácter transnacional.
La iniciativa no sustituye las competencias de las instituciones policiales, militares, fiscales o judiciales. Su ámbito se concentra en el trabajo parlamentario y en la posibilidad de revisar, actualizar y armonizar herramientas legales que permitan responder a organizaciones criminales con operaciones en ambos territorios.
El primer eje está relacionado con el fortalecimiento de los mecanismos legales vinculados con la seguridad fronteriza. Ecuador y Colombia comparten una extensa frontera terrestre, lo que convierte la coordinación binacional en un elemento relevante para enfrentar actividades ilícitas que pueden desplazarse de un territorio a otro.
La declaración plantea analizar instrumentos que permitan mejorar la respuesta institucional ante organizaciones criminales transnacionales y facilitar el intercambio de experiencias legislativas sobre control territorial.
El segundo componente apunta a mejorar las herramientas jurídicas y las capacidades de las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado. Para ello, los legisladores plantean intercambiar experiencias y promover cooperación técnica internacional.
Este punto adquiere relevancia porque las organizaciones criminales no se limitan a una sola actividad. Además del narcotráfico, las autoridades de la región enfrentan fenómenos como el tráfico ilegal de armas, la trata de personas, el tráfico de migrantes y otras economías ilícitas.
En julio de 2026, Ecuador ya había impulsado dentro de la Comunidad Andina una agenda regional contra la delincuencia organizada transnacional que incluyó precisamente la minería ilegal, el tráfico de armas, la trata de personas y el tráfico de migrantes como áreas prioritarias.
El tercer eje está dirigido a seguir el componente financiero de las organizaciones criminales. El lavado de activos permite introducir en la economía formal recursos procedentes de actividades ilícitas y, por ello, constituye una de las áreas centrales de la cooperación planteada entre ambos parlamentos.
La declaración busca que los legislativos intercambien experiencias sobre herramientas jurídicas destinadas a atacar las estructuras económicas que permiten financiar y mantener las actividades del crimen organizado.
La declaración parlamentaria reafirma la importancia de dos instrumentos internacionales de Naciones Unidas: la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, conocida como Convención de Mérida.
Ambos instrumentos sirven como referencia para la cooperación internacional frente a delitos que requieren coordinación entre diferentes jurisdicciones. En este contexto, Ecuador y Colombia plantean fortalecer la asistencia técnica y la cooperación para actualizar sus marcos jurídicos en materia penal.
La dimensión fronteriza tiene especial importancia para Ecuador y Colombia debido a que las actividades delictivas transnacionales pueden aprovechar las diferencias existentes entre legislaciones y sistemas institucionales.
La coordinación parlamentaria busca reducir esos espacios de incompatibilidad mediante el intercambio de experiencias y el análisis de posibles mejoras normativas. El objetivo declarado es facilitar respuestas coordinadas frente a estructuras criminales cuya operación no termina en el límite territorial de un país.
Este enfoque coincide con la agenda que Ecuador ha impulsado durante 2026 en espacios regionales. Como parte de la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina, el país promovió reuniones de alto nivel para coordinar acciones contra la delincuencia organizada transnacional entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
La declaración firmada en Madrid no está planteada únicamente como un mecanismo bilateral. Según la Asamblea Nacional, el documento constituye el punto de partida de un proceso de cooperación interparlamentaria que Ecuador pretende ampliar posteriormente a otros países de la región.
La propuesta permitiría construir una red de intercambio legislativo alrededor de asuntos como seguridad, crimen organizado, lavado de activos y fortalecimiento institucional.
Esta posibilidad también fue abordada durante la agenda de la delegación ecuatoriana en Madrid. Mancheno mantuvo una reunión con Iván Flores García, presidente de ParlAmericas, en la que se analizó la participación de Ecuador en el II Encuentro de la Red Parlamentaria de Seguridad, previsto para octubre en Valparaíso, Chile. El encuentro tendrá como tema central las respuestas parlamentarias frente al crimen organizado y la violencia en las Américas y el Caribe.
La cooperación internacional coincide con un proceso de discusión legislativa interna en Ecuador. Entre las iniciativas mencionadas por la Asamblea Nacional se encuentra la denominada Ley Antimafias, orientada a fortalecer las capacidades del Estado frente a las estructuras criminales y sus economías.
La propuesta ya había sido planteada durante 2026 como parte de una agenda destinada a atacar de manera estructural las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.
La experiencia legislativa ecuatoriana también fue compartida en los espacios de diplomacia parlamentaria desarrollados durante la agenda internacional de la presidenta de la Asamblea Nacional.
La declaración no representa por sí misma una operación conjunta de seguridad ni crea nuevas instituciones policiales o judiciales. Su alcance es legislativo: facilitar el diálogo entre los parlamentos y promover herramientas jurídicas compatibles para enfrentar delitos que tienen una dimensión internacional.
Una mayor coordinación normativa puede resultar relevante en ámbitos como el intercambio de información, la persecución de activos de origen ilícito, la cooperación judicial y la respuesta frente a organizaciones que desarrollan actividades simultáneas en diferentes países.
Sin embargo, la aplicación efectiva de cualquier reforma dependerá posteriormente de las instituciones responsables de ejecutarla y de los procedimientos que adopten los respectivos Estados.
La declaración firmada en Madrid se inserta en un escenario en el que los países de América Latina buscan reforzar la cooperación frente a organizaciones criminales con capacidad para operar en varios territorios.
Para Ecuador y Colombia, el desafío incluye la seguridad de la frontera común, el combate al narcotráfico y la necesidad de dificultar el movimiento de recursos provenientes de actividades ilícitas. El componente legislativo busca complementar las acciones de seguridad mediante normas y mecanismos de cooperación más coordinados.
El siguiente paso será determinar cómo se traducen estos compromisos políticos en iniciativas legislativas, mecanismos de asistencia técnica y acuerdos concretos entre las instituciones de ambos países. La Asamblea Nacional ecuatoriana ha señalado que la declaración pretende servir como punto de partida para ampliar posteriormente esta cooperación a otros países de la región.
La firma del documento en Madrid abre una nueva vía de coordinación entre Ecuador y Colombia desde el ámbito parlamentario. El acuerdo concentra sus esfuerzos en tres frentes: frontera y control territorial, fortalecimiento institucional y combate al lavado de activos.
La referencia a las convenciones de Palermo y Mérida proporciona además un marco internacional para el desarrollo de futuras iniciativas. Mientras tanto, la intención de extender el mecanismo a otros parlamentos latinoamericanos apunta a convertir esta cooperación bilateral en una agenda regional frente al crimen organizado transnacional.
